La Generalitat aumenta personal para 'renacionalizar' las oposiciones que privatizó

La Generalitat aumenta personal. Lo hace en el departamento de Presidencia y a raíz del mayor fiasco de gestión de esta legislatura: la fracasada organización de unas oposiciones a las que se presentaron 13.600 aspirantes y que se tuvieron que acabar repitiendo el pasado mes de julio. Y lo hace aprobando la incorporación de 40 personas temporales.

La razón oficial la desglosa el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del pasado 5 de octubre: "El desarrollo de los procesos selectivos celebrados por el sistema de concurso-oposición, en cuanto al número de aspirantes convocados y el número de convocatorias, ha evidenciado la necesidad de internalizar los servicios relativos a las funciones materiales, logísticas y de vigilancia de las pruebas".

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Pero, para entender bien todo lo que rezuma entre esas líneas de jerga leguleya, necesitará este resumen de los capítulos anteriores. Primero, la Generalitat convoca unas oposiciones, gestionadas por una empresa externa, que acaban como el rosario de la aurora. Están tan mal organizadas que se intuye un aluvión de reclamaciones ingestionable.

Segundo, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà es la máxima responsable de Función Pública y la mano derecha de Pere Aragonès en el ejecutivo catalán, pero el escándalo se salda con la dimisión de una directora general que acababa de llegar, Marta Martorell, y que difícilmente había sido responsable del desaguisado.

Tercero, Pere Aragonès pidió disculpas en el Parlament y el Govern anuncia que nunca más se van a externalizar oposiciones. Vilagrà tuvo que comparecer en comisión parlamentaria para dar explicaciones y excusarse de nuevo.

Pere Aragonès pidió disculpas en el Parlament y el Govern anuncia que nunca más se van a externalizar oposiciones

Cuarto, la culpa se volcó sobre el sector privado: la empresa a la que se había adjudicado el proceso en un inaudito proceso de externalización.

Ahora el escándalo continúa, porque para seguir apuntalando a Vilagrà, se han contratado a 40 temporales más, solo para asumir lo que la Generalitat nunca tenía que haber subcontratado nada fuera de su perímetro. Podría pensarse que la conselleria de Presidència va justa de personal. Pero no es el caso.

Según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año 2023, Presidència cuenta con un total de 941 personas, de las que 775 son funcionarios. A priori no parece que haya un problema de escasez de plantilla, teniendo en cuenta que no es una de las conselleries que copan gasto y gestión, como Salut o Ensenyament. Además, este personal ya fue capaz de repetir el proceso de las oposiciones de julio, pero, como se justifica en el DOGC, "se aprueban las ofertas de empleo público de la Generalidad de Cataluña para 2022 y 2023, respectivamente, por un total de 7.509 plazas". Estas cifras seguirán siendo importantes en los años venideros porque, como en toda la administración pública, se van a producir un envejecimiento del cuerpo de funcionarios.

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Administración inflada

Ahora, si ese mismo departamento fue capaz de repetir en julio las caóticas oposiciones, que a la segunda se saldaron sin mayor problema, no se entiende que el departamento tenga que ahora que incrementar su personal en un 4%. Tampoco es que le importe a nadie porque la oposición no ha mostrado preocupación alguna por el tema. Son los signos de la política actual: más preocupada por las Leyes de Amnistía que aún no se han sometido a votación, mientras que nadie se lee lo que se publica en el DOGC.

Los 40 empleados de más se incorporarán a la Dirección General de Función pública. El grueso de las incorporaciones será 12 personas en la categoría A1-24. Uno del cuerpo superior de administración —sobre los 43.200 euros de retribución anual bruta— y otros 9 de A1-21 –32.500 euros brutos anuales, según las tablas de retribución de la Generalitat—. Es decir, todo el conjunto de la operación supera el millón y medio de euros de coste anual para la Generalitat.

En una Generalitat llena de personal siempre cabe más gente como ahora en Presidència

En contra de lo que pueda parecer, la administración sí es flexible cuando le conviene. Así, para hacer estas incorporaciones, se anuncia en el DOGC que "se deje sin efectos, previa evaluación del cumplimiento de su objeto, el Programa para la implementación de las medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito competencial de la Dirección General de Función Pública".

Así se produce la ironía, porque precisamente se incorporan estas 40 personas para que "la tasa legal de temporalidad estructural sea sostenida en el tiempo, y consolidar el empleo público en la Generalitat de Cataluña", según asegura Presidència en su anuncio público. En román paladino: la Generalitat se marca unos objetivos de reducción de la temporalidad en el seno de su administración para situarla por debajo del 8% y la primera medida es que Función Pública, que es la que tiene implementar la medida, se la salte. La frase en casa del herrero cuchillo de palo se creó para casos como este.

"La tasa legal de temporalidad estructural sea sostenida en el tiempo, y consolidar el empleo público en la Generalitat de Cataluña"

Mantener el buen clima

Fuentes internas de Función Pública han explicado que la medida se aplica porque los funcionarios protestaron por tener que trabajar en fin de semana para organizar la repetición de las oposiciones el pasado mes de julio. Así, para mantener, el buen clima laboral, se optó por esta medida excepcional de ampliar la plantilla, aunque suponía forzar los límites de los presupuestos en vigor, de ahí que la Generalitat tuviese que aprobar en su Consell Executiu el aumento de personal. Se podía haber resuelto con unos pluses y con trabajo a fondo en recursos humanos, que justo depende de función pública. Pero por suerte para la consellera y desgracia para el resto, pagaban los contribuyentes. La moraleja es que Laura Vilagrà ha encontrado la fórmula para mantener la paz laboral en su departamento: que trabajen los temporales. Puede parecer un caso aislado. Pero no lo es. Y no es solo sintomático de la administración catalana, sino un mal endémico de la función pública española: todo el nivel de exigencia que se plantea al trabajador público antes de acceder al cargo desaparece en cuando accede al mismo.

En un reciente artículo académico, el presidente de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, Miquel Salazar, reflexionaba así sobre las rigideces del sector público: "En las organizaciones públicas son las personas las que, a través de sus capacidades, su talento y, por qué no decirlo, su vocación por lo público, conforman las instituciones. Ahora bien, la rigidez de las normas que regulan las condiciones laborales de la función pública y la diversidad de colectivos que la integran hacen que no sea fácil desarrollar políticas de recursos humanos. Son realidades que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos políticas de recursos humanos que, como todo en el sector público, debe ser planificado a largo plazo, donde los cambios son posibles, aunque a menudo se quieren resultados inmediatos que son de muy difícil realización". La teoría y la práctica, siempre tan lejos. Y en la administración más todavía.