La nueva eléctrica pública catalana crea duplicidades en el seno de la Generalitat

El presidente catalán Pere Aragonès ha arropado la nueva empresa Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, propiedad 100% de la Generalitat, con un informe jurídico emitido por el Institut d’Estudis d’Autogovern (IAEC) en el que se marca cuál ha de ser el terreno de juego legal de la nueva empresa pública catalana. El informe desvela que la nueva empresa topará con competencias y servicios que ahora ya facilita el Institut Català d’Energia (ICAEN), que depende de Acció Climàtica, tales como vehicular subvenciones para empresas energéticas, lo que obligará hacer cambios en la estructura de la conselleria. Duplicidades en la administración.

"En este sentido, debe considerarse que la empresa pública energética creada por la Generalitat podría ser destinataria de algunas de las ayudas previstas, de acuerdo con lo que establece el art. 11 del citado Real Decreto, que prevé la posibilidad de ser beneficiarios por parte de personas jurídicas que presten servicios en el mercado, pero también podría facilitar asistencia y asesoramiento en relación con el acceso a los fondos por parte de otros usuarios, como entidades del tercer sector o comunidades energéticas", advierte el estudio. Justo lo que ahora es la principal actividad del ICAEN, que ahora tiene una plantilla de más de 64 personas.

El dictamen jurídico advierte de este solapamiento con el ICAEN, ya que "no queda clara la delimitación de las funciones"

Fuentes del IAE han explicado que la incipiente empresa pública pidió el informe jurídico para dibujar el marco legal en el que iba a operar la nueva compañía, al frente de la cual se ha puesto a un historiador y antropólogo social, Ferran Civit.

El dictamen jurídico advierte de este solapamiento con el ICAEN, ya que "no queda clara la delimitación de las funciones de la empresa en relación con las del Institut Català d’ Energia en este campo. A este respecto, el IEA recomienda el establecimiento de mecanismos de coordinación con la nueva sociedad". Por eso se aboga por "alinear la actividad de la empresa pública energética y la del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN)".

En otro punto, se lamenta que "no parece que se hayan previsto mecanismos de comunicación que permitan coordinar las actuaciones del ICAEN con la nueva sociedad, lo que podría resolverse a través de los órganos de gobierno de la misma".

La aparición del IAE dando un paraguas legal a esta operación muestra la larga mano de presidencia en la operación

La existencia del informe resalta la importancia que se le da al proyecto, señala posibles problemas y marca qué líneas de actuación puede seguir la nueva compañía, que nace con un capital de 25 millones de euros y el temor de muchas de las comercializadoras de energía que operan en Cataluña de que suponga una competencia desleal financiada con dinero público. El informe se enmarca en el giro que Pere Aragonès quiso imprimir a la Generalitat desde octubre de 2021 para impulsar el desarrollo de renovables.

El informe avisa de ciertos riesgos, pero, sobre todo, marca la tres vías para que la empresa pueda desarrollar todo su potencial: que se beneficie de los fondos europeos, los cuales acaban este año; que apueste por las comunidades energéticas y que se centre en la implantación de energías renovables en los edificios de la Generalitat. La aparición del IAE dando un paraguas legal a esta operación muestra la larga mano de presidencia en la operación y también su relevancia estratégica para la Generalitat.

Matización de las intenciones

Lo que es legalmente posible, lo que marca el estudio y lo que encaja con las exigencias de un calendario político resulta sutilmente diferente. Por ejemplo, uno de los objetivos es recuperar las concesiones de los saltos de agua radicados en Cataluña. Pero eso se conseguiría de manera mayoritaria, obligaría a esperar a 2045 y luego a 2065. Nadie espera tanto tiempo para ganar las elecciones. Es verdad que la consellera d’Acció Climàtica Teresa Jordà ya anunció a finales de mayo del año pasado el inicio del expediente para recuperar la gestión de las tres primeras centrales hidroeléctricas: Can Trinxet, Cúbia y Vilana. Pero en términos de potencia de generación, eso es insignificante. Por eso Energies Renovables Públiques de Catalunya tiene que centrarse en la instalación de placas solares en edificios públicos.

En el informe sobre el IEA se apunta cómo una vía de ingresos puede ser "la formación de community managers que puedan ayudar en su constitución y gestión, la elaboración de modelos documentales y el desarrollo de software de gestión, para facilitar su implantación, o la asistencia financiera a las iniciativas cooperativas en el mercado energético local", para el impulso de comunidades energéticas.

La eléctrica pública dará créditos blandos para el fomento de las renovables

La vía para participar en proyectos de renovables sería, según el estudio, "la concesión de créditos blandos para el desarrollo de proyectos que contribuyan a transformar el paisaje energético, elementos ambos cruciales para el desarrollo de un sistema energético distribuido". Pero este modelo ya se probó en Cataluña. Era la antigua Eficiencia Energètica SA (Efiensa) que daba créditos y que acabó en proceso de liquidación en 2011 por las numerosas pérdidas acumuladas a causa de los préstamos no devueltos, en este caso a empresas de renovables y de cogeneración.

Algunos cambios

El informe respalda la iniciativa de crear una eléctrica pública. Pero propone introducir algunos cambios como "la introducción de mecanismos de participación por parte de la empresa, a través de la incorporación de algún medio abierto a las personas usuarias mediante la reforma de los Estatutos, o bien a través del diseño de estrategias informales más allá de la regulación estatutaria, así como la utilización de instrumentos de planificación, dentro del margen competencial de la Generalitat, para coordinar la actividad de la empresa con otros actores públicos o sociales en el mercado eléctrico y ajustarla a las demandas ciudadanas en un contexto de fuerte presión sobre los precios de la energía". Es decir, que cambien los estatutos para facilitar que los grupos que normalmente protestan contra las renovables, la mayoría de agricultores y ecologistas, tengan una vía de diálogo con la administración.

"Es necesario plantearse las posibilidades que ofrecen el autoconsumo y las comunidades energéticas para mejorar el acceso a la energía de las personas en situación de pobreza energética en unas condiciones económicamente asumibles". Por lo tanto, también plantea que la empresa sea una salida para ayudas a las familias más desfavorecidas.

Como señala el informe del IEA, "el propósito, pues, no es que esta empresa se convierta en una más de las 350 comercializadoras que hay en el mercado, sino que se convierta en un elemento genuinamente transformador dentro del espacio energético de Cataluña". Precisamente esas empresas son las que peor han recibido la creación de una empresa pública que les está robando comerciales y persona a golpe de un talonario que maneja la Generalitat. Ahora, otro problema para Jordà es que arrancar este proyecto le obliga a definir el papel del ICAEN y qué harán a partir de ahora sus 64 empleados públicos.