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El ministro Escrivá se hace un Woody Allen
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REFORMA DE LAS PENSIONES

El ministro Escrivá se hace un Woody Allen

La última reforma de las pensiones está en marcha. El ministro Escrivá ha hecho lo que decía Woody Allen: los problemas más fáciles son los que se resuelven con dinero. En este caso, tirando de las cotizaciones sociales

Foto: José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, SS y Migraciones. (EFE/Kiko Huesca)
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, SS y Migraciones. (EFE/Kiko Huesca)
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Era Woody Allen quien decía que los problemas económicos son los más fáciles de resolver. Al fin y al cabo, sostenía, se solucionan sólo con dinero. Salvando las distancias, eso es lo que significa la segunda parte de la reforma de las pensiones suscrita por los dos socios del Gobierno y las centrales sindicales mayoritarias, con el rechazo de la patronal. El ministro Escrivá ha tirado de las cotizaciones sociales —el dinero— para tapar el desequilibrio financiero actual de la Seguridad Social, que irá en aumento en las próximas dos décadas a medida que se vayan incorporando al sistema de protección social quienes nacieron, principalmente, en los años sesenta y setenta.

A la vista de esta evidencia demográfica, es evidente que había que actuar sobre los ingresos. La Seguridad Social necesita recursos en aras de cumplir el mandato constitucional (artículo 50), que no es otro que “garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Bajo este principio, por lo tanto, lo obvio es actuar sobre la recaudación, al contrario que en la reforma de 2013 que aprobó el PP, que iba dirigida, fundamentalmente, a contener los gastos con el famoso 0,25% de revalorización.

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Cosa distinta es saber si el instrumento más adecuado para mejorar la recaudación es tirar únicamente de las cotizaciones sociales (un 29,5% del salario bruto hoy y un 37,45% cuando esté culminada la reforma) o habría que haber explorado otras vías que en los últimos años se han puesto sobre la mesa: financiación vía IVA, como en Dinamarca, una contribución especial que paguen todos los contribuyentes, aunque no sean beneficiarios directos de la prestación, o un impuesto por el uso intensivo de tecnologías que merman el empleo en el corto plazo. O, incluso, transferencias directas del presupuesto público sin enmascararlas en eso que se llaman gastos impropios de la Seguridad Social.

Protección social

La financiación de la protección social al margen de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores (aunque al final todo sale del salario) no es un asunto cualquiera. Es, por el contrario, el hecho diferencial de España respecto de nuestro entorno europeo. Lo que revela Eurostat es que los ingresos para financiar la protección social equivalen en la eurozona a un 30,1% del PIB, mientras que en España apenas se alcanza el 23,6%. Existe, por lo tanto, una clara diferencia, pero al contrario de lo que suele creerse, no procede de que se paguen pocas cotizaciones sociales, al contrario. Mientras que en España representan el 10,7% del PIB, en la zona euro son del 10,8%, es decir, prácticamente igual.

Parece evidente, por lo tanto, que el problema no está en las cotizaciones sociales, sino en otras fuentes de financiación alternativas que el Gobierno, inexplicablemente, ha renunciado a explorar. Ha hecho lo más fácil, como sugería Allen, aunque también lo más comprometido para el empleo: hacer descansar los nuevos ingresos en las cotizaciones sociales, lo cual, dicho sea de paso, es especialmente significativo teniendo en cuenta no solo que España sigue siendo hoy el país con mayor nivel de desempleo, sino que lo ha sido de una manera estructural.

Foto: VA
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Lo curioso es que ni siquiera destopando las cotizaciones sociales, es decir, pagando sobre todo el salario y no solo hasta un límite, se resuelve el problema. Un reciente estudio de Ángel de la Fuente para Fedea llega a la conclusión de que el destope total de las cotizaciones generaría unos ingresos adicionales por cotizaciones de algo menos de un punto del PIB con el tipo de cotización que prevé el Gobierno, un 37,45%.

Es verdad que el ministro Escrivá ha tirado de otras figuras. Ha propuesto, en particular, la introducción de una cuota de solidaridad sobre las rentas salariales más altas, con un tipo que irá subiendo progresivamente hasta el 6% y un endurecimiento del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en lugar de ser del 0,6% será del 1,2%. No está nada mal si se tiene en cuenta que hace bien poco el ministro Escrivá negaba que la Seguridad Social tuviera problemas importantes.

Reformas paramétricas

Esto significa que si la reforma de 2011 que se aprobó en tiempos de Rodríguez Zapatero fue fundamentalmente paramétrica (ampliación del periodo de cálculo y prolongación de la vida laboral hasta los 67 años), la reforma Escrivá sigue en la misma línea, aunque en este caso elevando las cotizaciones, lo cual, como es lógico, no es neutral en términos económicos y de creación de empleo.

El problema no está en las cotizaciones, sino en fuentes de financiación alternativas que Escrivá, inexplicablemente, ha renunciado a explorar

Entre otras cosas, porque en un país con altos niveles de economía sumergida la tentación de los malos empresarios será pagar en negro o, como mal menor, reducir las horas de trabajo para abonar menos cotizaciones, lo que obviamente afecta al salario. Pero sobre todo olvida que una cosa es reformar y otra muy distinta hacer reformitas que el siguiente Gobierno, si es de signo contrario, derogará a las primeras de cambio. El PP sabe bien lo que duró su reforma de las pensiones, que fue enmendada, incluso, por el propio Gobierno que la aprobó, lo cual solo revela que solo reformas que impliquen a los dos grandes partidos pueden permanecer en el tiempo en un asunto tan serio.

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y los secretario generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez. (EFE/Javier Lizón)

Y reformar las pensiones supone, por ejemplo, tener en cuenta las variables demográficas, algo que ignora el texto presentado ayer a la fantasmagórica Comisión del Pacto de Toledo, que se entera de lo que pasa por la prensa. O contar con un tratamiento específico más beneficioso para largas carreras de cotización que han trabajado durante 45 o más años y al final tienen la misma prestación que alguien que haya cotizado 37 años y medio. O revisar el tratamiento de determinados colectivos, empleados públicos, que se jubilan con el 100% de la jubilación a los 60 años o, incluso, con menos años. O introducir la posibilidad de que alguien que haya cotizado el mínimo exigible de años se jubile cuando lo considere oportuno sin tener que esperar a los 65 o los 67 años. Y qué decir del coste de oportunidad que tiene apostar la protección social a la vejez desatendiendo partidas como la vivienda o las ayudas a la familia, donde España se sitúa a la cola de Europa.

Sin contar la incongruencia que supone quebrar el principio de contributividad en las pensiones (tanto pagas tanto cobras), que es la clave de bóveda del sistema que ideó Bismarck hace siglo y medio, muy distinto al de la Inglaterra de Beveridge. Mientras que la pensión máxima en términos reales, descontada la inflación, crecerá hasta 2050 un 3,15%, la base máxima de cotización avanzará un 38%, lo que no parece el mejor incentivo para el empleo cualificado.

Era Woody Allen quien decía que los problemas económicos son los más fáciles de resolver. Al fin y al cabo, sostenía, se solucionan sólo con dinero. Salvando las distancias, eso es lo que significa la segunda parte de la reforma de las pensiones suscrita por los dos socios del Gobierno y las centrales sindicales mayoritarias, con el rechazo de la patronal. El ministro Escrivá ha tirado de las cotizaciones sociales —el dinero— para tapar el desequilibrio financiero actual de la Seguridad Social, que irá en aumento en las próximas dos décadas a medida que se vayan incorporando al sistema de protección social quienes nacieron, principalmente, en los años sesenta y setenta.

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