El Ministerio de Hacienda y Función Pública trabaja para intentar llevar al Consejo de Ministros del lunes la modificación del impuesto sobre la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional, han confirmado a EFE fuentes de Hacienda. Esta modificación, que previsiblemente se materializará en un real decreto, pretende adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional, que ha anulado varios puntos de su normativa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales" con el objetivo de dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo local conocido como plusvalía municipal, grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que ahora ha sido considerada inconstitucional.
El Constitucional, en su sentencia del 26 de octubre, anuló varios aspectos del impuesto al considerar que siempre había que pagar el tributo con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y que la cuota a pagar podría resultar excesiva.
El Tribunal aclaró que no se podía reclamar el pago con efecto retroactivo, salvo en caso de que haya una reclamación en curso.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública trabaja para intentar llevar al Consejo de Ministros del lunes la modificación del impuesto sobre la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional, han confirmado a EFE fuentes de Hacienda. Esta modificación, que previsiblemente se materializará en un real decreto, pretende adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional, que ha anulado varios puntos de su normativa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales" con el objetivo de dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.
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