El Gobierno limitará el acceso a subvenciones de las empresas morosas con sus proveedores
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Para atajar el retraso en los pagos

El Gobierno limitará el acceso a subvenciones de las empresas morosas con sus proveedores

Economía prepara cambios para incentivar el cumplimento de los plazos de pago y evitar la morosidad que ahoga a muchas empresas, en especial pymes. Obligará al uso de la factura electrónica

placeholder Foto: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (EFE)
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (EFE)

El Ministerio de Economía está acelerando su calendario legislativo para llegar a las vacaciones de agosto con los ‘deberes’ hechos. Después de sacar a audiencia pública la ley de ‘startups’, está ultimando los detalles del anteproyecto de la ley ‘crea y crece’, dirigida a fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Una de las medidas más relevantes que incorporará esta ley es la lucha contra la morosidad empresarial en el pago a proveedores, que supone un gran problema para muchas empresas, en especial las más pequeñas, que se ven obligadas a financiar sus operaciones hasta que sus clientes les paguen.

El Gobierno penalizará a las empresas incumplidoras con los plazos de pago a sus acreedores a la hora de participar en subvenciones. En concreto, en las convocatorias de subvenciones, se utilizará como criterio penalizador la morosidad en operaciones comerciales, llegando al punto de poder vetar su acceso a estas ayudas públicas. Así figura en el borrador del anteproyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Economía y al que ha tenido acceso este periódico. De esta forma, introduciría un incentivo muy fuerte para el cumplimiento de la normativa de morosidad de todas las empresas, ya que las subvenciones públicas crecerán con fuerza en los próximos años gracias a los fondos europeos.

Foto: El símbolo del euro en la sede del Banco Central Europeo, en Fráncfort. (Reuters)

La normativa de morosidad determina que una empresa tiene que hacer el abono de sus facturas en un plazo de 30 días desde la fecha de recepción del bien o servicio, ampliable hasta un máximo de 60 días si ambas partes están conformes. El problema con que se encuentran muchas empresas es que sus clientes se retrasan en los pagos de forma sistemática. Esto ocurre principalmente con grandes empresas dominadoras del mercado, ya sea en un sector o en un territorio, de modo que utilizan su poder de mercado para abusar de empresas más pequeñas, o autónomos. De hecho, las asociaciones de autónomos han denunciado el problema de la morosidad en innumerables ocasiones.

Según los registros de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en 2021 las empresas del Ibex pagan sus facturas a 191 días, esto es, el triple del plazo máximo permitido, y acumulan una deuda comercial que supera los 58.000 millones de euros. Esta morosidad es un lastre para el crecimiento de muchas pymes, ya que la presión financiera que tienen que soportar supone una losa para la salud de sus balances.

En cuanto a los contratos públicos, el Ministerio de Economía pretende introducir una nueva cláusula que obligue a las empresas contratistas a cumplir los periodos de pago a las empresas y autónomos subcontratistas. De esta forma, las empresas que trabajen para las administraciones públicas no podrán incurrir en morosidad con sus proveedores y no se interrumpirá la cadena de pagos cuando el dinero sea público.

Facturas electrónicas

Otra de las medidas relevantes que pretende introducir el Gobierno es la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para todos los agentes económicos, un cambio muy profundo en las relaciones comerciales, ya que obligará a dejar constancia digital de todas las transacciones. De esta forma, será posible trazar la evolución del periodo de pago de las empresas, lo que permitirá el control de la morosidad, y también supondrá un avance en la lucha contra la economía sumergida.

Foto: Foto: Reuters.

La introducción de la factura electrónica supone un problema añadido para las empresas, en especial para las más pequeñas y los autónomos, que tienen que adaptarse a este nuevo sistema. Para facilitar la transición, el Ministerio de Economía concederá una línea de ayudas a las empresas medianas y pequeñas para que hagan esta transición.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los fondos europeos del Next Generation EU, dentro del componente de la digitalización de las empresas. En concreto, se articularán a través del Programa Digital Toolkit, que está dotado con 3.000 millones de euros y con el que el Gobierno canalizará distintos tipos de subvenciones para la digitalización de las pymes. El ministerio también concederá un plazo de dos años a las pymes para que adapten su sistema de trabajo al uso de la factura electrónica obligatoria.

El Ministerio de Economía está acelerando su calendario legislativo para llegar a las vacaciones de agosto con los ‘deberes’ hechos. Después de sacar a audiencia pública la ley de ‘startups’, está ultimando los detalles del anteproyecto de la ley ‘crea y crece’, dirigida a fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Una de las medidas más relevantes que incorporará esta ley es la lucha contra la morosidad empresarial en el pago a proveedores, que supone un gran problema para muchas empresas, en especial las más pequeñas, que se ven obligadas a financiar sus operaciones hasta que sus clientes les paguen.

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