La odisea de la natalidad: España es el tercer país europeo con menos ayudas a las familias

España es, junto con Italia, el país europeo con mayores problemas de natalidad. Muchos jóvenes retrasan la paternidad y maternidad voluntariamente, pero hay un porcentaje elevado que se choca con los problemas económicos y decide no dar el paso. A los problemas del mercado laboral (precariedad y desempleo) se suma la ausencia de ayudas del sector público a las familias, según un estudio de la Comisión Europea, elaborado por los investigadores Adrián Hernández y Fidel Picos.

El estudio se centra en las diferentes ayudas que reciben las familias con hijos en los países de la Unión Europea, ya sean en forma de beneficios fiscales como de ayudas directas. Lo que encuentran los investigadores es que "el nivel de apoyo de ingresos en España es uno de los más bajos de la Unión Europea, mostrando una composición muy diferente respecto a otros países comunitarios".

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No es el primer organismo internacional que señala a España por la desigualdad generacional de las ayudas públicas. El FMI publicó también un informe reciente en el que alertaba de la concentración del esfuerzo presupuestario en los jubilados mientras que se ignora a los más jóvenes, que son los que tienen la situación económica más precaria.

Lo que se han encontrado los investigadores es que el nivel de riesgo de pobreza de los niños en España es el segundo más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. El problema es que este riesgo de pobreza no se debe a la desigualdad de mercado, sino que el efecto corrector del sector público es muy limitado. La tasa de riesgo de pobreza antes de impuestos y ayudas públicas es del 33% y con la redistribución pública apenas baja al 27%.

El nivel de apoyo de ingresos en España es uno de los más bajos de la Unión Europea

Así, países como Francia, Austria, Estonia o Hungría, que tienen niveles de pobreza infantil superiores a las de España a nivel de mercado, reducen a la mitad estos porcentajes cuando entran las transferencias redistributivas del Estado. "España reduce solo un 18% las tasas de riesgo de pobreza infantil, siendo el país de la Unión Europea que menos las reduce con las transferencias sociales", señalan los investigadores.

Durante décadas, los gobiernos de España han priorizado otras partidas de gasto en detrimento de las familias. Y no es por falta de fondos, ya que en las últimas décadas, los fondos dedicados a la protección social se han disparado, pero las ayudas se concentran en los mayores a través de las pensiones, ignorando a los jóvenes. La situación se ha agravado en los últimos años con las dos crisis seguidas que se han cebado especialmente con este grupo de edad. Las consecuencias se perciben en los bajos niveles de natalidad. Esta estrategia política choca con la evidencia empírica que ha demostrado el efecto positivo sobre las tasas de maternidad que tienen las ayudas específicas para las familias con hijos.

El estudio revela que España es el tercer país de la Unión Europea con menores ayudas a las familias con hijos, solo mejor que Chipre y Grecia, medidas en paridad de poder adquisitivo para evitar distorsiones de capacidad de compra. En concreto, en España, las ayudas por hijo no alcanzan los 1.000 euros anuales, mientras que la mediana de países europeos se sitúa por encima de los 2.000 euros y los países líderes superan los 3.000 e incluso los 4.000 euros en el caso de Luxemburgo y Austria. Algunos países del este del continente, como Estonia, Lituania o Polonia, triplican las ayudas a las familias que da España.

Además, como agravante, la mayor parte de esta ayuda no está directamente relacionada con ayudas a la natalidad, sino que son complementos de otras prestaciones públicas. En especial, se trata de los complementos a las prestaciones por desempleo que perciben los padres con hijos a cargo, pero que no son específicamente ayudas a la natalidad que cobren todas las familias. Si se tienen en cuenta solo las ayudas diseñadas para las familias con hijos, ya sean ayudas directas o beneficios fiscales, España ocupa el último puesto de la Unión Europea.

En casi la totalidad de los países europeos, las ayudas a familias se establecen en forma de ayudas directas. En todos los países de la UE, salvo España y República Checa, este diseño de las ayudas supera el 50% del total; sin embargo, en España no llega al 10%. El resto de ayudas que reciben estos hogares se canalizan como complementos en otras prestaciones no relacionadas con la maternidad/paternidad o en beneficios fiscales.

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En ocasiones, estas ayudas que ofrece España son regresivas, ya que en los casos de deducciones en el IRPF no son reembolsables, de modo que no pueden beneficiarse las personas que no tienen pagos para compensar. De esta manera, las familias que se encuentran en los deciles más bajos de la renta, que son quienes más necesitan el apoyo público, no tienen acceso al principal foco de las ayudas, que son las que se conceden a través del IRPF.

Así, en el primer decil de renta, las ayudas por hijo apenas alcanzan los 200 euros; sin embargo, en el último decil, el de quienes más ganan, estas ayudas fiscales superan los 800 euros anuales. En ambos casos son cifras muy inferiores a las europeas, pero en el caso español, además, muestra el resultado del mal diseño de los beneficios, que se concentran en los hogares que menos lo necesitan.

La principal ayuda que reciben los hogares con menor renta procede a través de complementos por hijo dependiente en otras prestaciones, como es el desempleo. Sin embargo, esta ayuda no llega a las rentas medias, porque lo normal es que tengan un empleo y, por tanto, no accedan a estas prestaciones. El estudio revela que en España las menores ayudas se las llevan las rentas medias (los deciles que van del cuarto al séptimo). Estos hogares en los que trabajan los progenitores, pero que no tienen unos ingresos muy elevados, sufren los problemas de la escasez de guarderías en las ciudades, lo que agrava más la situación de las familias.

El reducido nivel de ayudas y la concentración de algunas de ellas en los tramos más altos de renta hacen que el apoyo del sector público a la natalidad sea insuficiente e ineficiente. Esto explica el alto nivel de riesgo de pobreza infantil que sufre el país y las reticencias de muchos jóvenes a la maternidad/paternidad ante el riesgo evidente de no poder garantizar una infancia digna para sus hijos.