El Gobierno prevé triplicar la fiscalidad ambiental en 2050 para recaudar el 5% del PIB

El Gobierno busca elevar con fuerza la fiscalidad medioambiental durante las próximas tres décadas. Pretende que pase del 1,8% sobre el PIB actual al 5% dentro de 30 años. El informe 'España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' que presenta el Ejecutivo este jueves dibuja un escenario de apocalipsis económica y social para entonces (desertización, despoblación, muertes prematuras, nuevos virus, etc.) si no se lucha de forma decidida contra la emergencia climática.

Es por ello que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ofrecen un epígrafe entero de los nueve que abarca el análisis a las consecuencias del cambio climático y la lucha contra el mismo. Entre las medidas para tratar de revertir en parte esta lacra, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se propone "crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que garantice una transición ecológica eficiente y socialmente justa".

Este marco pasa por "fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje la totalidad del coste social del carbono antes de mitad de siglo". "Serán especialmente importantes los impuestos sobre la energía y el transporte, dado el considerable menor peso que tienen en España estas figuras en comparación con los países europeos del entorno", señala el informe.

Según sus estimaciones, la recaudación medioambiental sobre PIB es del 1,8% en España. Es decir, que por este concepto las arcas públicas ingresan alrededor de 20.000 millones de euros. El objetivo del Gobierno es que este porcentaje pase a ser del 2,6% en 2030, en línea con la media de los países europeos de nuestro entorno. De ahí las estimaciones son que ese porcentaje se sitúe en el 4% en 2040 y en el 5% en 2050.

Esto significa que, a PIB constante, la recaudación pasaría de 20.000 millones de euros a más de 56.000 millones, lo que supondría casi triplicar la recaudación por esta causa. Con ello y otras medidas, el Ejecutivo prevé que las emisiones de CO2 se reduzcan en torno al 90% en 2050, la demanda de agua se reduzca un 15% y la intensidad energética primaria caiga un 63%. En dicho escenario la energía eléctrica será al 100% con energías renovables, la producción agrícola ecológica crecerá un 60% y la tasa de reforestación aumentará a 20.000 hectáreas al año.

Además de subir impuestos sobre la energía y el transporte, se propone promover una tasa de reducción de derechos de emisión acelerada y promover cambios en la fiscalidad del automóvil para que vaya encaminado a castigar sus emisiones.

Mitigar efectos regresivos

El Ejecutivo además es consciente que este esquema de incentivos puede ser regresivo ya que afecta por igual a todos los ciudadanos y por tanto lastra más a las clases con menor poder adquisitivo. Para ello propone "establecer medidas compensatorias para mitigar los potenciales efectos regresivos de una mayor fiscalidad ambiental o mayores precios del carbono". El informe prevé cambios alimenticios hacia a modelos más sostenibles o una reducción drástica del 'Fast Fashion'.

Otras medidas van encaminadas a la imposición sobre los residuos, el plástico o el transporte aéreo. Medidas todas ellas que el Gobierno ya ha puesto encima de la mesa en otras iniciativas como el Plan de Recuperación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas para lograr la recepción de 140.000 millones de fondos europeos.

El Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Transporte ya trabajan en diferentes medidas legislativas encaminadas a estas subidas impositivas de corte medioambiental.

Podría explorarse la renta climática, mecanismo diseñado para devolver a la población parte de recaudación procedente de impuestos verdes

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que "entre las opciones disponibles, podría explorarse la de la renta climática, un mecanismo diseñado para devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes. Dicha renta ayudaría a mitigar las asimetrías en los costes de la transición, facilitaría la aceptación de una mayor fiscalidad ambiental y corregiría los efectos generadores de desigualdad de estos impuestos".

"Otra opción es la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática, complementario a las fuentes de financiación para la transición justa, que sirva para proteger y ayudar a aquellas personas, comunidades y sectores que podrían verse más afectadas tanto por la transición ecológica como por los efectos directos del cambio climático", concluye el informe 'España 2050' en relación con esta materia.