Hungría y Polonia se enrocan y prolongan la incertidumbre sobre el fondo anticovid

La semana pasada, Hungría y Polonia anunciaron en el ámbito de embajadores su veto al marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, y también a la decisión de recursos propios, que es necesaria para que la Comisión Europea acuda a los mercados para obtener los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación, una represalia por el acuerdo sobre un mecanismo de Estado de Derecho que solo requiere mayoría cualificada para ser aprobada, y que permitiría cortar el grifo de los fondos europeos a Estados miembros que, por ejemplo, no respeten la independencia del sistema judicial. El bloqueo se confirmó el martes en un Consejo de Asuntos Generales (CAG) y el jueves en una videollamada de líderes.

Este jueves se han reunido en Budapest Viktor Orbán, primer ministro húngaro, y Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, han confirmado su negativa y se han enrocado todavía más en su veto. Solo cuentan con el apoyo de Eslovenia. Ambos líderes han anunciado además que coordinarán sus posiciones y que no levantarán su bloqueo hasta que ambos estén de acuerdo. “Unificaremos nuestros principios e intereses en esta cuestión. Hungría no aceptará una propuesta que no sea aceptable para Polonia”, ha explicado Orbán en una comparecencia ante los medios después de la reunión.

El primer ministro húngaro también ha asegurado que su país no “enfrentará pérdidas financieras” si el fondo de recuperación no sale adelante, y ha enviado un claro mensaje a países como España, Italia o Grecia: “Eso concierne a los Estados miembros donde el endeudamiento público es superior al 100%”.

El primer ministro húngaro también ha asegurado que su país no “enfrentará pérdidas financieras” si el fondo de recuperación no sale adelante

Ambos líderes han solicitado que se separe el proceso de aprobación del MFP y el fondo de recuperación de la aprobación del mecanismo de Estado de Derecho, una herramienta que debería someterse a cambios “sustanciales”. De hecho, Orbán y Morawiecki dudan de que puedan vincularse el desembolso de fondos al Estado de Derecho, y han sugerido que si eso quisiera hacerse quizás habría que modificar los Tratados, algo que, saben bien ambos líderes, no se hará.

Hungría y Polonia son los dos únicos Estados miembros contra los que se ha activado el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que tiene como objetivo proteger el artículo 2 del mismo tratado, en el que se consagran los valores europeos y la defensa del Estado de Derecho. El proceso del artículo 7, una cláusula que permitiría en última instancia retirar el derecho a voto en el Consejo a un Estado miembro, ha demostrado no ser útil por requerir la unanimidad para poder aplicar dicha sanción, lo que ha hecho que desde hace años algunos países nórdicos así como el Parlamento Europeo hayan solicitado vincular los fondos europeos al respeto al artículo 2.

Orbán y Morawiecki han defendido el uso del veto como un instrumento legítimo para defender sus intereses fundamentales solamente unas horas después de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticara en la Eurocámara que Budapest y Varsovia estén bloqueando el paquete presupuestario como protesta por el instrumento de Estado de Derecho. La alemana invitó a ambos Gobiernos, que consideran que la herramienta viola los Tratados, a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en vez de mantener el veto.

Así, la situación se complica mucho de cara a la cumbre que se celebra el próximo 10 y 11 de diciembre, cuando se esperaba que pudiera llegarse con una solución bajo el brazo, o al menos en el horizonte cercano. Los embajadores permanentes de los Veintisiete van a discutir el asunto este mismo viernes en un ambiente que ya era tenso antes de la videollamada del pasado jueves entre líderes europeos.

Se intenta convencer a Hungría y a Polonia de que el instrumento no se utilizará de forma arbitraria y que contará con las garantías suficientes para que se defiendan, pero eso no resuelve el problema para Budapest y Varsovia. En los días posteriores al bloqueo se apostaba por el uso de alguna fórmula, alguna combinación de palabras que dieran garantías a ambos países de que la herramienta no se activaría contra ellos.

Ni en el Parlamento Europeo ni entre el resto de Estados miembros hay apetito por reabrir el acuerdo sobre el instrumento del Estado de Derecho, así que eso limita las opciones que hay sobre la mesa. Pero hay urgencia por sacar adelante el fondo de recuperación. En los días posteriores al bloqueo se habló de la posibilidad de un acuerdo intergubernamental dejando fuera a Varsovia y Budapest, una opción radical que imitaría el modelo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo europeo de rescates.

Ni en el Parlamento Europeo ni entre el resto de Estados miembros, hay apetito por reabrir el acuerdo sobre el instrumento del Estado de Derecho

La situación afecta especialmente a los países que, como España o Italia, eran los principales beneficiarios del fondo. A la vuelta del verano, con unas negociaciones que costaron trabajo sacar adelante entre la presidencia alemana y el Parlamento Europeo, fuentes comunitarias ya avisaban que el 10% de adelanto no llegaría ni en enero, ni febrero… Como pronto, según las fuentes comunitarias, el dinero empezaría a llegar a los Estados miembros a finales de la primera mitad de 2021. Y en el escenario optimista habría un segundo desembolso a finales de año, mientras que en el más pesimista ese segundo desembolso ya llegaría en 2022. Ese calendario, con el que se trabajaba hace semanas, se diseñó antes del bloqueo de Hungría y Polonia.

Por eso Madrid y Roma son los dos principales interesados en lograr el desbloqueo de la situación. Esta misma semana Juan González-Barba, secretario de Estado para la Unión Europea, ha visitado a Judit Varga, ministra de Justicia húngara y principal exponente del Gobierno en su lucha con Bruselas. El tiempo está corriendo y quedan dos semanas frenéticas hasta el Consejo Europeo de diciembre en las que los líderes, políticos y diplomáticos europeos también tienen que prestar atención a unas negociaciones con el Reino Unido que caminan de forma continua por el alambre.