Revés al Gobierno en su persecución para sancionar a una consejera crítica de la CNMC

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la consejera de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) Pilar Canedo contra las resoluciones del Consejo de Ministros que acordaron sancionarla por entender que había cometido una infracción "muy grave".

La sanción, que podía haber supuesto su expulsión del superregulador y que ahora ha revocado el alto tribunal, se produjo por haber incurrido, según el Ejecutivo, en una incompatibilidad de cargo por dar unas clases gratis en la Universidad de Deusto cuando ya era consejera de la CNMC, pese a que la institución le había dado la dispensa para realizar esa actividad, que tuvo una duración de menos de tres meses.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo entiende que existe un defecto de forma ya que el Gobierno firmó su última sanción fuera de los plazos establecidos para una resolución administrativa de este tipo, con lo que además de dar la razón a la vocal de la CNMC condena en costas al Estado.

No obstante, los magistrados no estiman algunas alegaciones que hace la demandante como que "la instrucción fue parcial y arbitraria" y "los hechos recogidos en la propuesta y en la resolución no se corresponden con la realidad" y el "relato es parcial e interesado", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial. También desestima el argumento de que contaba con el permiso de la CNMC, ya que era la Oficina de Incompatibilidades quien debía haber dado esta dispensa.

Para entender este caso hay que remontarse a 2017. A mediados de ese año, Pilar Canedo, doctora en Derecho de la Competencia y licenciada en Derecho y hasta entonces presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, fue nombrada a propuesta del grupo parlamentario de Ciudadanos consejera de la CNMC para desempeñar su cargo en la sala de competencia que presidía José María Marín Quemada, cuyo mandato expiró el pasado mes de junio.

En septiembre de ese año, la vocal solicita al Departamento de Control Interno de la CNMC permiso para dar unas clases en la Universidad de Deusto. 45 horas lectivas remuneradas con 541,60 euros al mes, según publicó 'Vozpópuli'. Ese dinero sería donado de forma íntegra para la realización "de actividades de promoción de la competencia en los mercados", según se especificó en el contrato, con lo que la consejera no cobró nada por esas clases.

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Sin embargo, la Oficina de Conflictos e Incompatibilidades, adscrita al Ministerio de Hacienda, lanzó un primer procedimiento sancionador en la etapa del Partido Popular que se declaró caducado el 25 de enero de 2018. Pero meses después, ya con el PSOE en La Moncloa, el Gobierno reabrió contra todo pronóstico el caso y el 30 de noviembre firmó "acuerdo por el que se resuelve procedimiento sancionador por infracción de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado", según consta en la referencia de ese consejo de ministros. Y tras presentar recurso administrativo, ratificó esa sanción el 15 de febrero de 2019. Ambas resoluciones han sido revocadas ahora, casi un año y medio después, por el Supremo.

Fuentes conocedoras de este caso apuntan a que los procedimientos de sanción se iniciaron después de que Pilar Canedo hiciera un voto discrepante contra algunas resoluciones de la CNMC que implicaban a la propia Administración pública.

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El más sonado fue su voto particular crítico con la sanción para el cártel de la informática, que se produjo precisamente después de que caducara el primer procedimiento sancionador y poco antes de que el Gobierno lanzara el siguiente. Canedo, a diferencia de sus colegas de sala y del presidente, lamentaba que la Administración Pública no hubiera sido expedientada por las adjudicaciones irregulares. "Se recogen indicios que considero suficientes de la intervención de algunos organismos públicos (y/o responsables de los mismos) en la conducta infractora, por lo que debería haberse incluido a esos sujetos en el expediente", señalaba la consejera de la sala de promoción de la Competencia entonces (Ver Expediente).

En concreto, se impusieron multas por valor de 30 millones de euros a Indra, Software AG, Atos Spain, Conectis ICT, IBM, Everis Spain, Babel, Cibernos, Accenture y Next Computer por crear una "trama empresarial que se repartió los clientes, pactó precios y condiciones comerciales para encarecer los contratos de servicios informáticos a la Administración". Indra, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI con un 18% del capital social de la empresa, fue la compañía que recibió la mayor sanción con mucha diferencia. De los 30 millones de euros, le correspondían 13,5 millones de euros, casi la mitad del total.