La CNMC entra en una nueva era: los retos para el superregulador más a la izquierda

La CNMC entra en una nueva dimensión. La cúpula del superregulador de los mercados, la máxima autoridad que supervisa y sanciona varios de los sectores estratégicos de la economía española, está a punto de dar un vuelco con la renovación de sus principales responsables si el próximo jueves la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados da su plácet al test de idoneidad que tendrán que pasar los nuevos miembros. Fuentes parlamentarias creen que su elección está ya acordada entre los grupos que están pactando con el Gobierno otras cuestiones.

La nueva estructura deja una primera evidencia: las designaciones vienen de mucho más a la izquierda de lo que se había visto hasta ahora desde que se configuró esta institución en 2013.

De los 10 miembros que compondrán el consejo, cinco serán a propuesta del PSOE: Mariano Bacigalupo y Bernardo Lorenzo, que ya eran consejeros, y ahora Cani Fernández como presidenta, Ángel Torres como vicepresidente y Pilar Sánchez como consejera.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa coloca a una asesora de Iván Redondo para regular los mercados

J. C. Peña J. Romero

Las tres nuevas incorporaciones del partido del Gobierno sirven para sustituir al actual presidente, José María Marín Quemada, a la vicepresidenta María Fernández y a los consejeros Benigno Valdés, y Clotilde de la Higuera, todos ellos nombrados en su día por el PP y a los que les venció el mandato en septiembre de 2019.

Al margen de las tres propuestas del PSOE, hay que sumar la de su socio de gobierno Podemos, que ha elegido a Carlos Aguilar, a quien se relaciona con En Comú Podem, la marca del partido morado en Cataluña.

Además, sale Josep María Guinart, que fue en su día propuesto por CIU. Ahora ERC ha propuesto a Pep Salas. Además, mantienen su puesto Pilar Canedo, que fue designada a proposición de Ciudadanos en la anterior legislatura, Xabier Ormaetxea (PNV) y María Ortiz, propuesta por el PP.

Fuentes del principal partido de la oposición se quejan de que su representación en el órgano es injusta a tenor de su peso político como principal partido de la oposición. La CNMC es un órgano independiente cuyas resoluciones se toman de forma autónoma, pero fuentes que han estado en primera línea del superregulador en los últimos años aseguran que sus miembros también son, en muchas ocasiones, los ojos y los oídos de los partidos políticos que los nombran.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué Calviño eligió a Cani Fernández para dirigir la CNMC

Carlos Sánchez

De ahí que ahora haya quien crea que la representación del organismo ha dejado sin ojos ni oídos a todo el espectro más a la derecha del hemiciclo. Máxime cuando María Ortiz, la única designada por el PP, es considerada un perfil técnico alejada de las cuestiones más políticas.

Y es que en el seno de este órgano se toman decisiones de altísima repercusión económica, por lo que gozar de influencia es clave. El superregulador es el encargado de sancionar y supervisar sectores como la energía, las telecomunicaciones, el transporte o el audiovisual, así como perseguir las prácticas anticompetitivas. Saber qué se está dirimiendo dentro de la institución es crucial para los grupos políticos de cara a ejercer su poder frente a las grandes corporaciones empresariales.

Actualmente hay nada más y nada menos que 17 expedientes abiertos contra decenas de empresas por prácticas anticompetitivas que tendrá que firmar la nueva presidenta y su consejo. Correos, Merck, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr, Elecnor, OHL, Paramount, Sony, Warner Bros, Euro 6000, Deloitte, Everis, KPMG, PwC... y un larguísimo etcétera de grandes empresa figuran actualmente entre los expedientes de conductas anticompetitivas en tramitación en estos momentos.

TE PUEDE INTERESAR

Atresmedia y Mediaset recurrirán la sanción de la CNMC y pedirán suspensión cautelar

Agencias

Además la CNMC tendrá que acabar de aquilatar los peajes de luz y gas que afecta a las grandes eléctricas y gasistas, definir el acceso a la fibra óptica que afecta a supercorporaciones como Telefónica, Vodafone u Orange, las condiciones de venta entre operadores de los derechos de retransmisión del fútbol en su interminable guerra o aprobar cómo se debe hacer la liberalización del transporte ferroviario, una tarea de la que depende el negocio de muchas grandes empresas y de la estatal Renfe.

Los que conocen la institución creen que si el consejo es menos plural en cuanto a la manera en que se abordan los distintos expedientes, las resoluciones y nuevas regulaciones estarán menos balanceadas y tendrán un sesgo o visión política más marcada hacia un lado. Aunque los consejeros de la CNMC son técnicos, uno de sus componentes que es imposible abstraerse de la visión económica que uno tiene a la hora de enfrentarse a su trabajo.

Otro asunto que cree una fuente de la institución que se debe resolver en esta nueva etapa es la relación interna de los directores generales de las diversas áreas con el propio pleno del consejo y los primeros espadas entrantes. Actualmente, dentro del organismo hay quien piensa que estos cargos han adquirido una autonomía y poder excesivos para el buen funcionamiento de la institución, con lo que habrá que ver cuál es la relación que establece la nueva presidenta con los distintos miembros del superregulador y qué peso da a cada uno.

[Consulte aquí los expedientes de conductas anticompetitivas en tramitación en estos momentos]

Respecto al papel de la nueva presidenta, Cani Fernández, existe un consenso bastante generalizado en su valía profesional, aunque a muchos ha escamado que proceda directamente del gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que se incorporó en febrero. No obstante, hay quien cree que la verdadera razón de su nombramiento procede de la vicepresidenta Segunda para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya que coincidieron en trabajos próximos en Bruselas.

Por otro lado, cada vez resuenan más las dificultades que tendrá para tomar decisiones importantes por su trabajo de décadas en el bufete Cuatrecasas. Ahí ha trabajado para muchas empresas a las que ahora puede tener que fiscalizar, lo que le puede llevar a que tenga que inhibirse en demasiadas ocasiones para no incurrir en un conflicto de intereses.

No solo ella, el reglamento interno de la CNMC señala que "se considerará que existe un posible conflicto de intereses cuando los miembros del consejo intervengan en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos". Esto le puede a obligar en aún más ocasiones a inhibirse, ya que su cónyuge, Jorge Padilla, es el socio director de Compass Lexecon, una de las principales consultoras en materia de competencia. El propio marido de la nueva presidenta ha trabajado para infinidad de empresas que pudieran estar afectadas de una u otra manera en el futuro por la CNMC.

No es la primera vez que los conflictos de interés por las relaciones de pareja salen a relucir en la CNMC. Mariano Bacigalupo, consejero a propuesta del PSOE, es el marido de Teresa Ribera, actual vicepresidenta Cuarta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa propone a Fernández para la CNMC y el PP le acusa de convertirlo en su "cortijo"

Europa Press

El principal partido de la oposición denuncia que la nueva configuración del superregulador ha sido un trágala del Gobierno donde se les presentó una lista cerrada y solo se les dio opción a proponer un nombre que se dijo que estudiarían. Algo que rechazó el PP, que además no entiende las prisas por renovar este órgano en plena pandemia, cuando los mandatos llevaban vencidos desde septiembre. Lamentan que cuando el PP perdió escaños en 2015, posteriormente, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, permitió que la renovación de dos puestos que tocaba en su legislatura fueran para PSOE y Ciudadanos, algo que ahora no ha hecho Calviño.

El PP votará no el próximo jueves al nombramiento de los nuevos miembros de la CNMC, al igual que lo hará JxCAT o Vox, que quedarán casi ciegos y sordos en el superregulador. Pero el Gobierno ha logrado los suficientes apoyos a su izquierda para consumar la renovación de uno de los órganos más poderosos en el panorama económico empresarial, que se mantendrá durante los próximos seis años, una eternidad en la convulsa política española.