La CNMC sanciona con 29,9 millones a 11 empresas de informática por un cártel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 11 empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración pública y les ha impuesto multas que suman 29,9 millones de euros.

Competencia considera acreditado que estas empresas cometieron una infracción muy grave de los artículos de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la UE. Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional y ofrecían servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos.

Las empresas sancionadas son Indra Sistemas, con 13,5 millones de euros; SAG (Software AG) España SA, con seis millones; Atos Spain, con cinco millones; Connectis ICT Services, con 1,8 millones; IBM, con 940.000 euros; Everis Spain, con 800.000; Babel Sistemas de Información, con 633.917; Cibernos Consulting, con 616.038 euros; Gesein, con 320.969 euros; Accenture, con 300.000 euros, y Next Computer Services, con 46.760 euros.

La CNMC considera a Indra y Software AG "instigadores de la trama", mientras que el resto de las sancionadas lo hizo "con distintos grados de responsabilidad" y, además, se investigó a otras tres empresas aunque no se encontraron pruebas suficientes para sancionarlas. En la mayoría de casos, los contratos conllevaban la integración física del personal de las empresas ahora sancionadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo.

Entre los organismos afectados por el fraude, se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otros. Las conductas ilícitas afectaban a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas.

Una de ellas era la creación de uniones temporales de empresas (UTE) de carácter instrumental y la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación.

También presentaban ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos mediante concurso o procedimientos negociados, cedían claves de patrimonio o se inhibían de presentar ofertas por ciertas empresas en determinados concursos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello, reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público, ha indicado la CNMC, que ha señalado que la intensidad de la participación de las empresas variaba en función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso.