El Gobierno prepara una reforma para enjugar el agujero del sistema eléctrico

El Gobierno trabaja en una reforma del sistema eléctrico que permita cuadrar sus cifras, en vista del déficit que se ha generado en 2019 y el potencial agujero, mucho más acusado, que vendrá en 2020 ante la crisis del coronavirus.

Este mismo martes, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-Ley con una batería de medidas energéticas entre las que destaca el uso del superávit del sistema eléctrico acumulado desde 2014 para inyectar liquidez a corto plazo y evitar las desviaciones del pasado ejercicio y del presente.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica aún no dan cifras del agujero de 2020 pero estiman que ya cargan con un déficit de 450 millones de 2019 después de las liquidaciones finales que aún se tendrán que liquidar hasta noviembre. Fuentes de la CNMC y de las empresas calculaban en abril que el déficit podría irse en 2020 hasta los 1.000 millones de euros, dado el parón económico y el hundimiento de los precios.

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No obstante, de cara al medio plazo, el departamento dirigido por Teresa Ribera pretende llevar a cabo medidas que puedan garantizar el equilibrio del sistema, tal y como está estipulado en la ley del sector eléctrico de 2013.

Sin embargo, y para fomentar la electrificación, Transición Ecológica señala que además de utilizar el superávit acumulado pretende evitar que la desviación de las cifras se cuadre penalizando a los consumidores. Es decir, reformas sin subidas en la factura. De esta manera se busca fomentar la electrificación de la economía como vía hacia la descarbonización a la que se ha comprometido España.

Para enjugar el potencial agujero del sistema eléctrico, acelerado por la crisis del coronavirus que provocará menores ingresos, el Gobierno pretende reformular el sistema para que sea sostenible en el tiempo, sin entrar en más detalle.

Utilizar 1.000 millones del superávit

Después del Consejo de Ministros de este martes, Teresa Ribera ha dicho que estimar el déficit es difícil después de caer un 20% la demanda eléctrica en lo peor de la pandemia y cuando aún está un 10% por debajo de lo que era habitual. La vicepresidente Cuarta ha dicho que además de utilizar los 1.000 millones de euros de superávit se debe ir pensando en un sistema diferente de costes bajos, distinto al actual de costes más elevados.

La ministra para la Transición Ecológica ha añadido que ahora lo importante es no trasladar al consumidor de electricidad el sobrecoste generado por la pandemie e ir revisando el sistema para en su caso abordar las reformas estructurales que sean necesarias.

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A mediados de mayo, el vicepresidenta Cuarta, Teresa Ribera, asumió en el Congreso de los Diputados que habría que actuar sobre los costes fijos de la electricidad ante el desplome de los precios.

En este sentido, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió hace una semana, en el foro de la CEOE, que se crearan nuevos impuestos para las emisiones de los sectores difusos (transporte y residencial) con el objetivo de atender al principio de quien contamina paga y destinar esa recaudación extra sobre los hidrocarburos a costear parte de la factura de la luz, tal y como se estaba planteando en Alemania.

Pincha la burbuja y lanza nuevas subastas

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley en el que, entre otras medidas, busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, 'pinchando' así la llamada burbuja de renovables, y crea un nuevo sistema de subastas para el desarrollo de proyectos 'verdes' cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que con estas medidas se "activan las palancas" para permitir desplegar la transición 'verde', que es una de las grandes apuestas de España y la Unión Europa.

"España está preparada para aprovechar una nueva revolución industrial", dijo Ribera, subrayando que las renovables es una oportunidad a la que el país "no puede renunciar".

Esta nueva normativa, con la que se traza un plan para impulsar, "de forma ordenada y rápida" la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo, toma así las medidas necesarias para asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) -aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW-, según datos del Ejecutivo, multiplicando por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030, que se estima que representarán unas inversiones de más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década, ha detallado el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

Especulación con los permisos

Así, hay indicios de un eventual "componente especulativo" en buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión -en torno a un 60%- y esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes.

Por ello, el Gobierno cree que resultaba urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá alcanzar los objetivos de que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050.

De esta manera, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado.

Ejecutarán avales

En concreto, los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno de esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos
caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías.

Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.

De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

Siguiende el modelo de otros países

En lo que respecta al nuevo sistema de subastas de renovables, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan por hecho que a lo largo del segundo semestre habrá ya subastas de renovables, aunque no han precisado la potencia que pondrá en juego.

El objetivo es que el trámite de la normativa arranque ya mismo, una vez sea publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y esté aprobada a finales del verano.

De hecho, el lanzamiento de las subastas no necesitará que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética reciba el visto bueno en el Congreso de los Diputados, ya que tiene el camino despejado al haberse incluido en este Real Decreto-Ley, al entender que es de extrema necesidad debido a su su impacto en la reactivación económica, en la generación del empleo y en los objetivos de penetración de renovables.

Así, se pone fin al marco vigente desarrollado en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio-hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo, con un sistema de retribución similar al de los países del entorno de España -como la realizada el año pasado en Portugal-, que refleja resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable.

Los procedimientos en este nuevo sistema de subasta deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.

Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado también recoge medidas para simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha.

Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.

Así, se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. También se regulan las comunidades de energías renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética.