La crisis del covid-19 presiona al Gobierno para que suba impuestos a los carburantes

Los impuestos ambientales entran en el debate de cómo salir de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. La OCDE introducía esta variable esta misma semana en su último informe de coyuntura económica para sus miembros.

El organismo que engloba a los países desarrollados explicaba el pasado miércoles que "una vez que las economías se hayan recuperado de la crisis, también se requerirán mayores ingresos del gobierno para apoyar la sostenibilidad de la deuda en algunos países, al tiempo que se mejora la progresividad del sistema fiscal y se apoya la mitigación del cambio climático".

Con base en lo anterior, la OCDE aseguraba a renglón seguido que "si bien se debe tener cuidado con los efectos distributivos, se debe aumentar el uso de los impuestos al carbono (CO2) y reducir los subsidios a los combustibles fósiles".

El organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría añadía que "esto no solo abordaría fallas graves del mercado, ayudando a lograr cambios urgentes en la economía para mitigar el cambio climático, sino que también proporcionaría ingresos para compensar a los hogares y las pequeñas empresas más afectadas por la medida".

El secretario general de la OCDE señalaba el pasado miércoles en su discurso de recuperación económica tras la crisis sanitaria que "es esencial que los gobiernos fomenten un crecimiento más resiliente, inclusivo y sostenible. El objetivo no debería ser volver a la normalidad; lo normal fue lo que nos llevó a donde estamos ahora". En este sentido, Ángel Gurría recordaba que "la contaminación del aire estaba matando a más de cuatro millones de personas al año en todo el mundo, incluso antes de descubrir que también agrava las consecuencias del covid-19".

El mandatario mexicano añadía que "la emergencia climática no ha desaparecido", por lo que recomendaba condicionar las ayudas financieras a las inversiones en mejoras ambientales. "Apoyar la inversión para la recuperación, pueden dirigir la inversión pública e incentivar la inversión privada para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono", concluía el máximo mandatario de la OCDE.

Bruselas, en la misma línea

No es la única institución que está empujando hacia una mayor fiscalidad ambiental en plena pandemia. La propia OCDE advierte en su informe que la Comisión Europea está pensando en la creación de nuevos tributos vinculados al macroprograma de ayudas comunitario de 750.000 millones de euros. "El plan de recuperación se financiará principalmente a través de préstamos únicos en los mercados financieros en nombre de la Unión Europea. Los reembolsos (que se realizarán entre 2028 y 2058) dependerán de la posible creación de nuevos impuestos en el ámbito de la UE para abordar el cambio climático y los impuestos justos en un mundo globalizado (como los impuestos digitales)".

Las medidas están en línea con algunas de las propuestas que ha hecho el Ejecutivo español desde que llegó al poder en 2018. De hecho, tanto la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, han defendido medidas encaminadas a elevar la presión fiscal sobre los carburantes.

En la declaración de Emergencia Climática que hizo el Gobierno a principios de año, una de las medidas incluidas fue abolir cualquier subsidio nuevo a los combustibles fósiles (como la gasolina o el gasóleo). La medida fue defendida por los dos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, los presupuestos que presentó el Ejecutivo socialista a finales de 2018, que no lograron los apoyos suficientes, incluían una subida de 3,8 euros por cada 1.000 litros de gasóleo. Esta medida reportaba, según cálculos del Ejecutivo entonces, una recaudación extra de 670 millones de euros.

Aún estaría muy lejos de la presión fiscal medioambiental de la media de la Unión Europea. Bruselas ha llamado la atención a España en repetidas ocasiones por esta cuestión. La presión fiscal está en el 1,9% del PIB mientras que la media comunitaria asciende al 2,4% del PIB. Es decir, se sitúa más de 5.000 millones de euros por debajo de lo que reclaman las autoridades europeas.

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La generación de ingresos es ahora, si cabe, más necesaria, en vista del fuerte déficit en que va a incurrir España por la crisis del covid-19 y consecuencia de ello el aumento de la deuda pública, que se espera que se eleve más allá del 120% de la riqueza nacional. Esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advertía en el Congreso de los Diputados que habría que tomar medidas para atajar el déficit del 10% del PIB que prevé que se desvíe el presupuesto este año.

La vía de la mayor fiscalidad medioambiental también la puso encima de la mesa el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en recientes declaraciones de cómo elevar los ingresos para costear nuevas medidas de gasto como el Ingreso Mínimo Vital o las prestaciones para los millones de trabajadores acogidos a los ERTE desde que se desató la pandemia.

El mercado cada vez tiene más claro que los Presupuestos Generales del Estado que prepara el Gobierno para 2021 incluirán más impuestos a los combustibles. Un alto cargo del Ejecutivo que más está trabajando en las medidas de lucha contra el cambio climático y transición energética señalaba que precisamente ahora que se ha hundido el precio del petróleo y los combustibles están más baratos es un buen momento para elevar la presión fiscal. La visión, además, es compartida con algunos de los socios de investidura para el Gobierno de coalición como Esquerra Republicana de Catalunya, clave para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas que han denominado de "reconstrucción".

Un alto cargo señala que ahora que se ha hundido el petróleo y los combustibles están más baratos es un buen momento para elevar la presión fiscal

Fuentes parlamentarias señalan que todos los partidos, excepto Vox, tienen claro que el camino es hacia una economía más descarbonizada y eso pasa por elevar la fiscalidad de los combustibles fósiles, entre otras medidas. Sin embargo, creen que los 'lobbies' más perjudicados tratarán de alargar lo más posible su situación actual. Grandes corporaciones favorables a la descarbonización señalan a El Confidencial que la cuestión fiscal es la más difusa de la ley de Cambio Climático que se ha remitido a las cortes hace apenas dos semanas y echan de menos más claridad en ese sentido.

No obstante, el Gobierno está tomando medidas, sobre todo en el seno de Hacienda. En línea con esto, la semana pasada presentó el anteproyecto de la Ley de Residuos y pretende recaudar 724 millones con nuevos impuestos a los plásticos de un uso. Un tributo justificado en la estrategia de Economía Circular que está impulsando.

Medida de alta tensión política

Sin embargo, subir los impuestos a la gasolina y el gasóleo es una medida de altísima sensibilidad política, ya que supone un coste añadido a toda la población, sin progresividad. Aunque se venda como una medida disuasoria, tendrá un fuerte efecto recaudatorio, máxime con la tendencia de ventas de coche actual, donde priman los vehículos grandes (SUV o Crossover) más pesados y que más consumen contaminantes.

Este escenario se cruza a pocos días de que Sánchez presente un plan de ayudas al sector de la automoción, uno de los más castigados por la pandemia y crítico para la economía española (la fabricación de automóviles genera el 10% del PIB nacional y el 9% del empleo). Este plan contempla estímulos a la compra de todos los vehículos, también los de combustión. No obstante, el plan de ayuda a la compra de coches llegará antes de un hipotético aumento de impuestos a los carburantes, cada vez más descontado por todos los agentes del mercado.