Sánchez aplaza la subida del SMI y de las pensiones hasta que haya nuevo Gobierno

La revisión del salario mínimo, prevista en el Estatuto de los Trabajadores, tendrá que esperar. El Consejo de Ministros ha decidido aplazar la decisión hasta que se forme el futuro Gobierno, aunque se ha comprometido a que la revisión tenga carácter retroactivo.

Se incumple, de esta manera, lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto que regula las relaciones laborales, que obliga al Ejecutivo, normalmente en la última reunión del año, a revisar su cuantía (una vez escuchados los sindicatos y los empresarios) en función de cuatro criterios: la evolución del IPC, la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

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EFE

Esto significa que el salario mínimo queda congelado en 900 euros mensuales por una jornada ordinaria de trabajo hasta que haya nuevo Gobierno, y algo parecido sucederá con las pensiones o con la retribución de los empleados públicos pactada hace dos años entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la función pública.

Aunque la ley obliga a aplicar un incremento mínimo del 0,25% en las pensiones desde la reforma de Rajoy, lo que ha hecho el Gobierno es congelar esa subida mediante un Real Decreto-ley que suspende la aplicación del artículo 58 de la Ley de la Seguridad Social. Suspensión que estará vigente hasta que se forme Gobierno.

Moncloa tenía la intención de revisar su cuantía en un 0,9% (en línea con lo que han subido los precios en 2019), pero, finalmente, y dado que se trata de un Gobierno en funciones, ha decidido esperar a mejor ocasión. Entre otras cosas, porque dudaba de su legalidad. La no actualización afecta a 9,8 millones de pensiones contributivas, a las que hay que añadir las que tienen carácter asistencial.

Hay que tener en cuenta que en 2019 la inflación media del año se situará en el 0,7%, mientras que la acumulada hasta diciembre (todavía no se conoce el dato de este mes) se habrá situado, según Funcas, en el 1,1%. Para 2020, se espera una inflación equivalente al 1% (media), es decir, muy cerca del 0,9% que maneja el Gobierno.

En la misma línea, el decreto ley de prórroga presupuestaria prolongará las actuales normas fiscales, que afectan a los módulos de los autónomos, al impuesto sobre el patrimonio, un año más, y al IBI, que produce efectos sobre los ayuntamientos que tengan que revisar en 2020 el valor catastral de los inmuebles.

En total, hasta 1.092 municipios se acogen a esta actualización, cuya aplicación se hará efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3%, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5%.

Autónomos

En el caso de los autónomos, la medida, según ATA, afectará a unos 396.000 trabajadores por cuenta propia que tributan mediante este sistema. Lo que significa una prorroga para el periodo impositivo 2020 de los límites cuantitativos de facturación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La legislación vigente hasta ahora recogía que para el próximo año se reducirían los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva.

El Real Decreto-ley aprobado este viernes modifica ese escenario y mantiene inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad. De esta forma, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros.

De no haberse aprobado este Real Decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2020.

Finalmente, dando respuesta parcialmente positiva a lo que venían reclamando CCOO y el resto de sindicatos, junto a las miles de personas afectadas (unas 27.000), el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de los efectos de una cláusula de salvaguardia durante 2020. Esto permitirá que muchas de las personas despedidas a través de los ERE antes de abril de 2013 puedan acceder a la jubilación, cuando les resulte más beneficioso, en las condiciones vigentes al momento en que se aprobó el Expediente de Regulación de Empleo que fue causa de su pérdida del puesto de trabajo.