PARA QUE NO PIERDAN EL 30% DE SU COMPENSACIÓN

Trabajo atiende a Podemos y prorroga la pensión a afectados por ERE y concursos

El Consejo de Ministros decide hoy dar un año adicional a las personas que fueron despedidas por grandes compañías o fueron víctimas de concursos de acreedores

Foto: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

El Consejo de Ministros de hoy viernes va a debatir la concesión de una prórroga adicional a los miles de trabajadores que fueron víctimas de los numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por grandes empresas cotizadas tras el 'crash' de 2008, así como a los afectados por los concursos de acreedores de muchas empresas que sucumbieron por la crisis económica, con el objetivo de que puedan cobrar al completo su pensión de jubilación.

Según aseguran fuentes próximas a las negociaciones, Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, está a favor de otorgar este plácet tras la petición de Podemos para no dejar tirados a un inmenso colectivo de personas de más de 50 años que se han visto excluidos del mundo laboral por motivos de edad. El plazo para dar esta conformidad vence el próximo 31 de diciembre, motivo por el que el partido dirigido por Pablo Iglesias ha urgido a Pedro Sánchez para que atendiera la situación de estos prejubilados forzosos.

La situación es similar a la que ya se dio justo hace un año, cuando el estrenado Gobierno del líder socialista aprobó a última hora una prórroga de un año para que estos empleados no perdiesen cerca del 30% de las pensiones tras el cambio normativo decidido primero por José Luis Rodríguez Zapatero y endurecido posteriormente por Mariano Rajoy.

Los diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, le enviaron el pasado 17 de diciembre un escrito a Pedro Sánchez pidiéndole que autorizase por vía de urgencia una nueva modificación normativa de la Disposición Transitoria 4º de la Ley General de la Seguridad Social antes de que finalizase 2019 con el fin de que los trabajadores afectados no pierdan casi un tercio de lo que se les prometió cuando se acogieron a los ERE.

Entre estos se encuentran cerca de 5.000 de los 6.500 empleados que salieron de Telefónica entre 2011 y 2013, los cuales tenían una cláusula de salvaguarda según la cual sus condiciones de bajas voluntarias no se cambiarían incluso si la administración modificase la normativa para percibir la pensión. El ERE de la operadora se aprobó el 14 de julio de 2011 y Rodríguez Zapatero cambió la regulación de las jubilaciones el 1 agosto de ese año (ley 27/2011), en pleno desplome de la economía. Posteriormente, en marzo de 2013, Rajoy aprobó un real decreto en el que se retrasó la edad de jubilación, con un endurecimiento de los requisitos de edad, los años de cotizaciones y las penalizaciones por prejubilación.

Aunque la ley del PSOE, en su disposición final duodécima, aseguraba que la nueva legislación no tendría efectos retroactivos gracias a una cláusula de salvaguarda, lo cierto es que la norma práctica sí los ha tenido. No solo para los trabajadores de Telefónica, sino también para los de Bankia, Iberia, Santander y Renault, entre otras grandes compañías, según citaba Podemos en su escrito al Gobierno hace poco más de una semana.

Una situación que genera “indefensión”, según la propuesta de Unidas Podemos, ya que para los afectados, “con una edad cercana a la jubilación, es muy difícil que puedan incorporarse de nuevo al mercado laboral. Y, si lo consiguen, han de estar dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de forzosa a voluntaria con condiciones de acceso y factores reductores de la prestación bastante peores”.

Las víctimas de los concursos de acreedores

La situación es mucho peor para las personas que trabajaban en empresas que no pudieron salir adelante y acabaron en concurso de acreedores o desaparecieron. Estos trabajadores se han tenido que pagar el convenio especial durante estos años para tener derecho a poder cobrar lo que la legislación les garantizaba en aquel momento.

Aquella norma indicaba que "se seguiría aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta ley, a las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de la presente ley, a las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013".

Pero tras la publicación del RDL 5/2013, las reglas del juego han cambiado, ya que solo los nacidos entre 1952 y 1955 y que tengan los años requeridos de cotización podrán jubilarse a los 63 años, puesto que se les aplica la legislación anterior. El resto, los que vinieron al mundo entre 1956 y 1960, tendrán que hacerlo con la norma más restrictiva aprobada en su día por Luis de Guindos. Solos los nacidos entre 1956 y 1957 pueden también acogerse, pero aceptando una pérdida de su pensión próxima al 30%.

El 13 de diciembre de 2018, los mismos diputados de Unidas Podemos presentaron una proposición no de ley para modificar el punto 5 de la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015 para retirar la eliminación temporal del 1 de enero de 2019 para el acceso a la jubilación anticipada y hacer extensivo dicho régimen transitorio a todas las pensiones de jubilación, cualquiera que fuera la fecha en la que causen baja. Aquella petición tuvo su eco y el Gobierno de Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros una prórroga cuya validez expira el próximo el 1 de enero de 2020.

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