España, ante el TJUE por las sanciones "desproporcionadas" al fraude fiscal

Las sanciones que España aplica a los contribuyentes que no declaran sus activos en otro Estado miembro de la UE son “desproporcionadas” y “discriminatorias” según la Comisión Europea, que, tras abrir una investigación hace cuatro años, ha decidido dar el paso final y llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Si tienes activos en el extranjero, como por ejemplo una propiedad o una cuenta bancaria, el ‘Modelo 720’ puede convertirse en uno de tus mayores dolores de cabeza. Porque, ya sea por descuido, por desconocimiento o porque sencillamente no lo declara, la sanción que puede acarrear no cumplimentar correctamente el modelo. Según el Ejecutivo comunitario estas sanciones pueden superar el valor de los activos no declarados.

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“La Comisión considera que estas sanciones por incumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras del mercado único”, explica el Ejecutivo comunitario.

Los sudores fríos frente al modelo 720 están más que justificados. De hecho en mayo el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) anuló una multa a un contribuyente que había declarado fuera de plazo unos 340.000 euros en Suiza. Hacienda no había motivado suficientemente la culpabilidad del contribuyente. En total la administración pública reclamaba a este taxista granadino 442.00 euros, o lo que es lo mismo, una multa del 150%. La sensación entonces era de que el TEAC se alineaba con la idea de la Comisión Europea: multas desproporcionadas y discriminatorias, llevando la normativa a rajatabla y sin estudiar las particularidades de cada caso.

Bruselas abrió el procedimiento de infracción contra España en el año 2015, y dio un ultimátum al Gobierno en el 2017: tenía que cambiar con urgencia las reglas sobre activos en otros miembros de la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE). Pero hasta el momento España ha hecho caso omiso al ultimátum del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea considera, además, que estas limitaciones entran "en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, de trabajadores, la libertad de establecimiento, de proveer servicios y la libre circulación de capitales".