Industria pone coto a empresas que cobren ayudas a la luz: no podrán irse en tres años
La ministra de Industria, Reyes Maroto, anuncia que van a pagar este mes las subvenciones por compensación de los sobrecostes del CO2 en la factura eléctrica de las compañías electrointensivas
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El Gobierno trata de parar la fuga de empresas que deciden abandonar su actividad en España después de que han cobrado algún tipo de subvención. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha anunciado que se va a pagar a la industria electrointensiva las subvenciones por compensación de sobrecostes que genera en su factura de la luz los derechos de emisiones de CO2 (150 millones incluidos en el PGE de 2018).
Sin embargo, Maroto ha explicado que el nuevo Real Decreto que han aprobado en el consejo de ministros de este viernes impondrán condiciones a las empresas que se beneficien de estas ayudas. En primer lugar, la titular del ramo ha señalado que las empresas que cobren estas ayudas tendrán que mantener la actividad industrial durante los tres años siguientes a la percepción de la subvención en cuestión. Por otro lado, la empreas beneficiaria deberá comprometerse a mantener el 85% de la plantilla en caso de que decida realizar despidos.
La ministra socialista ha explicado que estas nuevas obligaciones se imponen para garantizar que las empresas siguen ligadas al territorio donde están establecidas una vez que ha finalizado el periodo de vencimiento de la ayuda. A estas obligaciones se suma la creación del estatuto del consumidor electrointensivo, que ya venía contemplado en el borrador de anteproyecto de ley de Cambio Climático sobre el que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, este se desarrollará durante los próximos seis meses.
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Esta medida se produce después de que este mismo otoño la empresa Alcoa haya decidido cerrar dos de sus plantas de producción, aunque este viernes la ministra ha abierto la puerta a que se llegue a una solución. Según estimó el Goiberno hace pocas semanas, la compañía aluminera estadounidense se ha beneficiado de más de 1.000 millones de euros en la última década a través del servicio de interrumpibilidad, un servicio que se paga a la industria a través de la factura de la luz para poder desconetarla de la red en caso de que el operador del sistema eléctrico lo requiera.
No solo Alcoa ha decidido echar el cierre, la cementera Cemex o Vestas también han optado por clasurar algunas de sus plantas tras el fin de las ayudas.
Además de estas nuevas condiciones, el Gobierno ha anunciado que el nuevo Real Decreto contemplará un relanzamiento del contrato de relevo dentro de la industria para facilitar el acceso de jóvenes. Otra medida para tratar de contener los costes energéticos de la industria e impulsar su competitividad es la regulación de las redes de distribución cerrrada. Estas permiten optimizar el consumo entre industrias que estén situadas en un mismo ámbito geográfico y por tanto pagar menos por la electricidad. Esta medida también se desarrollará durante los próximos seis meses.
El Gobierno trata de parar la fuga de empresas que deciden abandonar su actividad en España después de que han cobrado algún tipo de subvención. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha anunciado que se va a pagar a la industria electrointensiva las subvenciones por compensación de sobrecostes que genera en su factura de la luz los derechos de emisiones de CO2 (150 millones incluidos en el PGE de 2018).