Ribera tirará del ahorro de la era Nadal para cubrir el agujero de su reforma eléctrica

El Ministerio de Transición Ecológica ya ha encontrado la manera de cumplir con la ley que le obliga a que haya un equilibrio entre ingresos y costes del sistema eléctrico: gastarse los ahorros generados en los últimos años.

El ramo dirigido por Teresa Ribera ha introducido en su real decreto ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética ante la subida del precio de la luz "la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019".

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J. C. P. Cotizalia / Agencias

Las medidas encaminadas a bajar el precio del recibo de la luz, una coyuntura de alta sensibilidad política por el malestar que genera entre la ciudadanía, está articulada en base a la supresión de impuestos, lo que genera un déficit por menores ingresos ya que los gastos, al menos hasta 2020, no se pueden tocar sin una ley al efecto que tendría que validar el Parlamento. El exministro Nadal buscó sin éxito el apoyo del PSOE a principios de 2018 para hacer ajustes en el sistema y reducir los ingresos de las eléctricas y gasistas.

Un real decreto que aboca a déficit

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió de que la supresión del impuesto a la generación implica 1.000 millones de ingresos menos. Esta cancelación, no obstante, es temporal, está limitada en el tiempo. Ribera explicó este viernes que durará seis meses. Es decir, los meses más fríos del año y cuando más se puede tensionar la luz. La suspensión de este impuesto termina en abril, a las puertas de la avalancha electoral prevista para 2019, con comicios municipales, autonómicos y europeos pocas semanas después.

Pero al 7% hay que sumar ahora los menores ingresos por la eliminación —este no tiene fecha de restablecimiento— del impuesto especial sobre hidrocarburos. El mal llamado céntimo verde lo pagaban hasta ahora las centrales de generación eléctrica que producen con carbón y gas.

Otros ingresos menos visibles

Sin embargo, al margen de lo anterior, hay una serie de partidas más ocultas a priori, pero que también abocan a mayor déficit del sistema eléctrico.

Por un lado, la ministra ha modificado la variación a aplicar en el término de potencia que pagan los consumidores. Esto es la potencia que cada consumidor contrata para su casa y que implica un pago fijo cada mes en la factura destinado a sufragar los costes fijos del sistema (primas a las renovables, extrapeninsulares, deuda histórica del sistema, distribución eléctrica, transporte y operación del sistema). El ministerio invita a los consumidores a bajarse este término si es posible para abaratar su factura.

No obstante, según explica un consultor experto en el sistema eléctrico "bajarse la potencia para pagar menos cada mes lo que provoca es un reparto diferente de los costes fijos del sistema entre los consumidores, pero no menores costes a nivel global". "Lo que deja de pagar uno lo tendrán que pagar el resto" añade. "Es hacerse trampas al solitario", zanja.

Según explica el ministerio de Transición Ecológica, "bajarse la potencia 0,5 kW genera un ahorro en un consumidor medio de 26 euros al año". Si todos, los más de 26 millones de consumidores españoles, hicieran caso a la recomendación de Teresa Ribera, los ingresos del sistema bajarían casi 700 millones de euros. ¿Quiere esto decir que las empresas cobrarán 700 millones menos? No. Las empresas cobran en base a costes fijos por sus servicios, como la distribución eléctrica, el transporte o las primas a las renovables. Todos sus costes están garantizados por el BOE por lo menos hasta 2020, momento en que se podrían reducir, con lo que ello implica de batalla empresas-gobierno.

Una bajada masiva de la potencia entre los consumidores, como recomienda el Gobierno, solo traslada gastos de unos a otros, no baja los costes

Será a mediados de 2019 cuando se vea cuánto está dispuesto el Ejecutivo —y el parlamento con su apoyo si fuera necesario— a rebajar la retribución regulada para ajustar posibles déficits. Dicho de otro modo, ahí está una de las pocas ocasiones de reducir los ingresos a las eléctricas y a las renovables con primas vía BOE.

La perspectiva actual del mercado es que el recorte no será demasiado grande. Por un lado la CNMC ha hecho una propuesta mucho más limitada que la de Nadal, que preveía un ajuste de en torno al 30% de sus ingresos.

No hay indicios de recorte de costes

Además, el actual Gobierno manda señales de que no habrá fuertes recortes. La semana pasada, el presidente Pedro Sánchez aseguró en Nueva York a diversos fondos internacionales con destacadas posiciones en renovables en España como el canadiense Brookfield (acaba de comprar Saeta Yield) que no habrá grandes recortes como sucedió en el pasado, tal y como apuntan fuentes presentes en esas conversaciones.

Por si esto fuera poco, más madera: Red Eléctrica ha pedido esta semana que no se le baje la retribución si quieren que se puedan hacer las inversiones (7.000 millones hasta 2030) necesarias para llevar a cabo la transición energética. El presidente Jordi Sevilla confía en su faceta de negociador político para lograr este objetivo.

En este contexto, una comercializadora que aplica sistemas de 'big data' entre sus clientes afirma que el efecto de una bajada masiva de la potencia de los consumidores podría alcanzar los 1.800 millones de euros, que si se descuenta el IVA y otros impuestos serían unos 1.400 millones de euros menos en el sistema. Este es un escenario de máximos, pero hay unos menores ingresos ocultos que hay que cubrir, ya que la ley del sector eléctrico impide tener déficit desde 2014.

Sin impuesto al sol, menos ingresos

Algo similar podría suceder con el autoconsumo, al que Teresa Ribera acaba de eliminar el conocido como impuesto al sol. Si hay una proliferación masiva de este sistema, todos los costes fijos que se pagan en el término de energía que dejarán de pagar los autoconsumidores supondrán un nuevo déficit de ingresos para el sistema. En la medida en que se extienda el autoconsumo, menores ingresos.

Para resolver este problema, el Gobierno pretende tirar de los ahorros acumulados en los últimos años. La pregunta es si habrá suficiente dinero ahorrado para todo. Ya en 2017, el superávit se quedó algo por encima de los 100 millones de euros, una cifra claramente insuficiente a la vista del agujero que se prevé. Sobre todo si se tiene en cuenta, como hizo la ministra, que aún están pendientes más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales. Y a esto hay que sumar otros 5.000 millones de pleitos en territorio nacional que, de perderse, son más gastos a cargar al sistema.

Por suerte, hay un ingreso vinculado al sistema eléctrico que ha crecido y sigue creciendo con fuerza, como son los ingresos por las subastas de CO₂ que están obligadas a pagar las centrales de carbón y gas y que suponen un coste que se repercute al cliente en su factura. De hecho, este es el factor determinante tras la subida de la luz de los últimos meses. Habrá que ver si estos ingresos se pueden destinar al sistema eléctrico, al menos los que provengan del mismo.

Sea como fuere, conviene no olvidar que el sistema eléctrico aún carga con una losa de más de 20.000 millones de euros. Se trata de la deuda histórica del sistema que cada año cobran con sus intereses bancos y eléctricas en forma de bonos. La reforma eléctrica del PP contemplaba que los superávits generados por el sistema fueran a amortizar esta deuda anticipadamente y borrar esta pesada mochila con la que cargan los consumidores. Sin embargo, esto no llegó a suceder con el PP y ahora con el PSOE ya se ha dicho que el superávit va a pagar el agujero generado por la nueva reforma. La deuda histórica se mantiene sobre la espalda de los usuarios.