su comparecencia quedó en intenciones

Las guerras que aún tiene que librar Ribera para bajar la luz tras aprobar con Hacienda

La ministra de Transición Ecológica ha puesto un parche temporal a la escalada del precio de la electricidad. Sin embargo, una bajada estructural de la luz necesita medidas de mayor calado

Foto: Las ministras de Política Territorial, Meritxell Batet (i); Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera, (c) y Economía, Nadia Calviño. (EFE)
Las ministras de Política Territorial, Meritxell Batet (i); Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera, (c) y Economía, Nadia Calviño. (EFE)

Teresa Ribera ya sabe lo que es probar la silla eléctrica: ese asiento caliente de ministro responsable del precio de la luz cuando esta se dispara. Su comparecencia parlamentaria del pasado miércoles coincidió con el nivel récord de la electricidad en 2018, acompañado con máximos en petróleo y gas. Las espadas en todo lo alto.

Por el momento, Ribera ha puesto un parche tirando de la recaudación extra. Pasar el examen de Hacienda no era demasiado complicado en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la eliminación del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica queda más que compensado con otras partidas que se han disparado este año, como la recaudación extra por las subastas de CO2. Es decir, que la bajada que provocará será mucho menor a la subida que ha generado la fuerte escalada de los derechos de emisión.

El truco con Hacienda

En los 1.500 millones de euros que recauda el impuesto del 7%, hay que tener en cuenta que más de la mitad de generadores funcionan bajo primas del estado. Es decir, que el Gobierno dejará de recaudar por ello, pero después no se lo primará, como hasta ahora. La Administración debía reconocer el coste vía primas.

Esto significa que, en términos netos, sumadas las extrapeninsulares, y la producción RECORE (Renovables, cogeneración y residuos), el Estado tiene un efecto neutro sobre el 7% de unos 630 millones. Si los restamos de los más de 1.500 millones que contabiliza Hacienda y la CNMC, la realidad es que las arcas públicas están renunciando a menos de 900 millones al año. Montero reconocía este jueves que el impacto será de 1.000 millones de euros. No especificó durante cuánto tiempo se prolongará esta excepción.

Esos menos de 900 millones que no se recaudarán sin el impuesto el eléctrico quedan sobradamente compensados con las subastas de CO2. Si se mantiene el precio actual en 2019 —y nada hace pensar que vaya a bajar— la recaudación por este concepto aumentará más allá de los 1.500 millones de euros, de los que una parte muy importante corresponden al consumo del sector eléctrico.

Todo lo referente al mercado afecta a un tercio de la factura del consumidor medio. Una gran parte del resto son los peajes

Esto permite contener más que equilibrada la balanza para las arcas públicas. Dicho de otro modo, el impuesto suspendido a la generación tiene un efecto de bajada sobre la factura de la luz mucho menor que el impacto de subida por la explosión al alza de los derechos de CO2.

Las guerras por abrir

Pero Ribera mostró —¿amagó?— con reformas de mucho más calado. Ahí tendrá que ir a la guerra con diversos actores —huesos duros de roer— si quiere conseguir una factura más barata para los consumidores.

En primer lugar, la ministra habló de reformar el mercado. Aquí hay varios beneficiados que podrían ver mermados sus ingresos. Las fuertes subidas del precio de la luz suponen ingresos extra conocidos como 'windfall profits' o beneficios caídos del cielo para las hidráulicas, las nucleares, pero también para algunas renovables que ya no tienen primas del Estado y van a mercado. Si quiere transformar este mercado que Ribera calificó de obsoleto, tendrá enfrente a los perdedores del mercado marginalista. La pelea con las eléctricas está servida. Galán, Prado, Reynés, Entrecanales y alguno más esperan al otro lado.

Por otro lado, la ministra de Transición Ecológica habló de reordenar los peajes, pieza fundamental sobre todo si se elimina, como avanzó, el impuesto al sol, para hacer una asignación justa de los costes del sistema.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, y de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Industria, Reyes Maroto, y de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Todo lo referente al mercado afecta a un tercio de la factura del consumidor medio. Una gran parte del resto son los peajes. Aquí de nuevo, cada ajuste supondrá una batalla. El exministro del ramo Álvaro Nadal ya puso en pie de guerra a las eléctricas con su propuesta para rebajar la retribución a las redes de distribución. También se puso en contra a todas las renovables primadas que no quieren más recortes a los ya sufridos en el pasado. En esos peajes, además, buscaba contraer los ingresos de Red Eléctrica. Aquí además de las eléctricas, hay que sumar el seguro enfrentamiento de las renovables y los autoconsumidores.

Ahora lo interesante será saber cómo contraer estos gastos para rebajar la factura y salir vivo en el intento. Sobre todo, cuando la propia ministra es consciente de que España necesita movilizar una inversión de más de 100.000 millones de euros hasta 2030 para llevar el proceso de descarbonización a buen puerto. Nuevos vaivenes regulatorios, tras quebrar la seguridad jurídica en los últimos años, son letales para la imagen del país y su financiación.

La ministra vive en el difícil equilibrio de tener que recortar los ingresos a las empresas que están llamadas a invertir para lograr la descarbonización

Y aún queda sitio para reordenar la fiscalidad, de nuevo una guerra abierta. Una queja recurrente es por qué la electricidad, bien de primera necesidad, no puede tener un IVA reducido. Aquí el enemigo a batir además de Hacienda es Bruselas, que tiene que aprobar cualquier cambio en esta materia.

Otro frente fiscal es que atañe a las energéticas fuera del sector eléctrico. El Grupo de Expertos que nombró Nadal quería pasar algunos costes del sistema eléctrico a los carburante. La justificación era que si la economía necesita descarbonizarse vía la electrificación habría que ir trasladando algunos costes medioambientales como el CO2 que se paga en la electricidad y sin embargo no está incluida en los combustibles fósiles. Es decir, que la pelea también puede ser contra las petroleras. Brufau y Miró miran de reojo.

Ahora lo que busca la ciudadanía es concreción en todas las propuestas que hizo la ministra. Saber si puede pasar de las musas al teatro y si con 84 diputados será capaz de lograr una profunda y necesaria reforma que abarate de manera estructural el precio de la luz por el bien de los más vulnerables, los ciudadanos y la competitividad de la economía española.

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