Otro frente para Ribera con las eléctricas: llega el fin de las concesiones hidráulicas

El Gobierno se enfrenta a una de las cuestiones más importante para el futuro energético de España. Muchas de las grandes plantas hidráulicas del país están a punto de cumplir 75 años, periodo en el que vence el derecho de explotación que mantienen las eléctricas sobre estos activos altamente rentables.

Así lo pone de manifiesto el informe 'Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España', elaborado por el Observatorio Sostenibilidad. Según destaca este documento, al que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial, importantes instalaciones tendrán que ir revirtiendo al Estado de forma inminente.

Este es el caso de Tranco de Beas, en la cuenca del Guadalquivir, una planta que explota Endesa y que cumple los 75 años en 2019. Esta es solo la primera piedra de toque, que seguirá ininterrumpidamente durante la década de 2020, cuando caduca en cascada la concesión de innumerables instalaciones hoy en manos de las eléctricas.

Tal y como explica el informe, "las centrales hidroeléctricas se realizaron mayoritariamente en la década de los cuarenta y cincuenta, y muchas de ellas se encuentran en periodos próximos a la finalización de las concesiones". Este debate se da en paralelo al plan del Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera de recortar los ingresos de estas hidráulicas, tal y como ha adelantado El Confidencial este jueves.

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El Observatorio Sostenibilidad considera crítico que las plantas reviertan al Estado, dada la importancia que tienen dentro del sistema eléctrico: la energía hidráulica es capaz de producir a cualquier hora y su coste es mínimo, ya que se nutre del agua almacenada a coste cero. Además, esta organización, dentro de cuyo patronato están diversas instituciones públicas y otras privadas como la Obra Social la Caixa, sostiene que estas infraestructuras están "suficientemente amortizadas" tras décadas de uso.

[Consulte aquí el mapa de centrales hidráulicas y su año de vencimiento]

La principal preocupación del doctor en Ecología Fernando Prieto, miembro del equipo técnico que ha elaborado el informe, es "que las eléctricas se resistan a devolver estos activos en tiempo y forma". No en vano, Prieto expone casos como el salto denominado Lafortunada-Cinqueta, situado en el Pirineo aragonés, que ha tardado 11 años en recuperarse desde que se iniciaron los trabajos de devolución a la Administración pública.

Así, destaca que "la mayoría de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que más activos se mostraron a la hora de recuperar estas plantas ya no están en sus cargos". La CHE ha reclamado 16 centrales.

El Observatorio Sostenibilidad cree que las eléctricas se resistirán a revertir las plantas hidráulicas en tiempo y forma, como marca la ley

Incluso se ha dado el caso en el pasado, como recoge el informe, de que una de estas concesiones se haya ampliado por otros 75 años a Naturgy. Se trata de Os Peares, que fue prorrogada por el Gobierno de Zapatero hasta los 149 años.

Los miedos de esta organización a que las eléctricas se resistan a devolver estos activos no son de extrañar. Se trata de una de las fuentes más lucrativas para las empresas. No en vano, empresas como Iberdrola acusaron un impacto de 400 millones de euros en ebitda en 2017 por la sequía. La más afectada sería Iberdrola, que controla casi 10.000 megavatios de los 20.000 MW de potencia que hay en España. Tras ella están Endesa, Naturgy y otras como Acciona o Villar-Mir Energía.

Su capacidad de producir en el momento más oportuno le permite vender electricidad a las horas en que el mercado es más elevado. El Observatorio Sostenibilidad cree que la reversión supondrá una disminución del precio de la electricidad.

Sin embargo, de darse un proceso de reversión, existe la otra cara de la moneda: las eléctricas pagan un 25% de canon hidráulico, con lo que los ingresos para las arcas del Estado también se verían reducidos.