Ribera incumple un litigio de la era Nadal y deja sin pagar 200 millones a las eléctricas

El Gobierno incumple con una resolución del Tribunal Supremo que le obligaba a dar ejecución a una sentencia dictada hace cuatro años que reconoce el pago de cerca de 200 millones a las principales compañías eléctricas.

El alto tribunal instaba a través de un auto a los responsables de Energía, hoy bajo el Ministerio de Transición Ecológica, a dar ejecución definitiva y completa de la sentencia del 11 de junio de 2014 que daba la razón en parte a un recurso de Gas Natural Fenosa, rebautizada como Naturgy. Para ello, le daba un plazo máximo que expiraba el 15 de julio de 2018, es decir, el pasado domingo.

Sin embargo, los nuevos responsables del ministerio que dirige Teresa Ribera no han satisfecho un desembolso millonario heredado de la era Nadal, por lo que ahora el nuevo Gobierno socialista se enfrenta a "medidas coercitivas o bien sustitutorias o indemnizatorias que se consideren procedentes", reza el auto judicial.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica señalan que este "es un tema que está en estudio por parte de la Abogacía del Estado, se está analizando la legalidad y aún no hay decisión tomada dada la complejidad".

Pero el problema crece. Cada día que pasa, la deuda que tendrán que pagar los españoles a las compañías eléctricas será mayor, ya que desde el 10 de marzo de 2017, fecha de otro dictamen del Supremo por esta causa, se están acumulando intereses. Entre las reclamantes figura Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, EDP Renovables, Viesgo y otras firma de menor tamaño.

Este litigio viene de 2013. En ese momento, el Gobierno debió incluir en los peajes de la factura eléctrica de cada comunidad autónoma los impuestos que las diferentes regiones estaban imponiendo a los activos de las eléctricas. Esto se hacía para que fueran los consumidores de cada comunidad quienes cargaran en su factura con los impuestos que recaudaban los gobiernos autonómicos (canon eólico, etc).

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Sin embargo, al no incluir estos recargos en los peajes por los que cobran las eléctricas por la parte regulada (redes y renovables fundamentalmente), las compañías se lanzaron a los tribunales. Gas Natural Fenosa consiguió que se estimara esta reclamación, que suponía el cobro de unos 200 millones de euros, según la propuesta que en su momento hizo la Secretaría de Estado de Energía, pero que posteriormente fue eliminada de la orden de peajes. La eléctrica presidida ahora por Francisco Reynés cuantificaba entonces en 30 millones la parte que le tocaba cobrar.

No obstante, esa estimación de cobro ha quedado aminorada en parte, ya que solo reconoce el cobro de activos regulados y excluye, por ejemplo, las tasas impuestas a la generación tradicional.

Desde 2014, el Gobierno del Partido Popular ha ido demorando este dictamen del Tribunal Supremo, estirando los plazos, hasta el punto de que dejó el poder sin resolver esta cuestión, que pasa por elaborar una orden ministerial para incluir los cargos insatisfechos reconocidos en los tribunales en los peajes de la factura de la luz.

Fuentes de las compañías afectadas esperan que el alto tribunal decrete de una vez por todas las medidas necesarias para que el Gobierno haga frente a este pago definitiva y completamente. Sin embargo, ven difícil que la cuestión se pueda resolver antes de septiembre, pese a que el plazo legal concluyó el domingo pasado. Creen que si el Supremo pide explicaciones al nuevo Ejecutivo por esta cuestión, se justificará en que el cambio de Gobierno no le ha permitido resarcir a las compañías.

Pero la realidad es que Teresa Ribera se puede enfrentar con multas directamente contra su persona como máxima responsable del Estado en materia energética. Esto no sería la primera vez que sucede. El Tribunal Supremo lanzó un ultimátum contra Álvaro Nadal en 2017 para que ejecutara una sentencia que le obligaba a resarcir a las plantas de cogeneración con tratamiento de purines. El día antes de que se impusiera la multa, el BOE publicó la orden con la que se ejecutaría el pago.