Golpe a la industria atunera: el fraude del atún amenaza un sector clave en España

Más de 150 intoxicaciones, varios países europeos en alerta y un serio toque de atención de Bruselas. Son las consecuencias del nuevo engaño al consumidor que han destapado las instituciones europeas en nuestro país. El procedimiento es simple: consiste en hacerse con atún destinado a la industria conservera, inyectarle extractos de remolacha hasta cambiar su color a rojo intenso y, una vez conseguida la apariencia de pescado fresco, venderlo a un precio más alto en el mercado. Según la patronal Anfaco-Cecopesca, apenas “cinco o seis” operadores han incurrido en esta mala praxis sobre un total de casi 300 empresas dedicadas al atún en España.

Este caso ha movilizado tanto a la Comisión Europea como a las autoridades sanitarias españolas, y no es para menos. Las 154 intoxicaciones registradas han presentado picor de garganta, rubor y sudor facial, náuseas y vómitos, cefaleas o eritema cutáneo, entre otros síntomas. “Los afectados evolucionan favorablemente, por lo que no ha supuesto un riesgo grave para la salud”, aclaran fuentes del Ministerio de Sanidad. Sí implica un fraude comercial y/o una inadecuada manipulación del producto.

TE PUEDE INTERESAR

La UE exige a España detener el fraude de adulterar atún inyectándole remolacha

EC/Agencias

Hablamos de una de las industrias alimentarias más potentes del país. España es el primer exportador de atún a nivel europeo: el volumen de capturas representa el 67,5% del total comunitario, superando al de Francia (27%). Según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, la pesca de túnidos supone casi un tercio de nuestras capturas totales, siendo las más importantes las referidas al patudo, listado y rabil.

“Estamos indignados. No es un fraude masivo, es una manipulación irresponsable de unos pocos que perjudica la imagen de un producto saludable, salvaje y magnífico”, sostiene el secretario general de Cecopesca en declaraciones a El Confidencial. Juan Vieires asegura que el sector está “perfectamente preparado” para la inspección de las instituciones europeas y pide tranquilidad a los consumidores.

La pesca de atún alcanza los cinco millones de toneladas a nivel mundial. España captura unas 265.000 toneladas y ocupa el séptimo puesto en el 'ranking', por detrás de Indonesia, Japón, Taiwán, Ecuador, Corea y Estados Unidos. Somos, además, el segundo productor mundial de conservas de atún (250.000 toneladas), pisando los talones a Tailandia.

El escándalo, adelantado por 'El País', supone un duro golpe para un sector que exportó unas 186.000 toneladas en 2016 y que teme ver mermadas sus ventas. Seychelles, Mauricio, Ecuador, Tailandia y Portugal son nuestros principales clientes. La cifra de importaciones de atún congelado se acercó a las 200.000 toneladas, superando por primera vez en 13 años a las exportaciones. En cuanto a las conservas de atún, la balanza comercial fue positiva, con 35.500 toneladas importadas y 102.400 toneladas exportadas, lo que se traduce en 350.000 millones de euros.

Bruselas prepara una inspección en octubre

La UE ha exigido al Gobierno que aporte información sobre las medidas que piensa tomar para frenar esta práctica, y pondrá en marcha una inspección en octubre para garantizar que los controles y el protocolo que active España son efectivos. “Estamos barajando restricciones ante la necesidad de que esos productos dejen de circular en el mercado interno”, explican fuentes comunitarias a este periódico. Un ejemplo es prohibir el atún fresco que provenga de los establecimientos donde se confirme el fraude.

La Comisión Europea declina dar los nombres de las empresas implicadas y pasa la pelota al Gobierno, que se limita a mencionar uno: Garciden. Al parecer, 105 de los 154 afectados se han intoxicado tras consumir el pescado de esa empresa almeriense, que ya ha cerrado su línea de producción para prevenir nuevos casos. Las alertas por histamina en atún ascienden a 15 en lo que llevamos de año.

La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria (Aecosan), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha remitido el aviso de las instituciones europeas a los ministerios competentes y las comunidades autónomas, que “mantienen activados todos los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los productos”. En estos momentos, el Gobierno está recopilando información de las diferentes autoridades “con objeto de trasladar la información solicitada por la Comisión Europea”, informa el departamento capitaneado por Dolors Montserrat.