Impactará sobre las cuentas de 2018

La nueva Ley de Autónomos le costará al Estado 1.000 millones anuales

La financiación de la tarifa plana de 50 euros con cargo a los Presupuestos tendrá un coste superior a los 600 millones y las nuevas deducciones superarán los 300 millones

Foto: El presidente de la patronal de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (Efe)
El presidente de la patronal de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (Efe)

La nueva Ley de Autónomos aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados tendrá un coste para las cuentas del Estado de unos 1.000 millones de euros durante el año 2018. La mayor parte del coste se debe a la financiación de la prórroga tarifa plana de 50 euros para los autónomos que se den de alta por primera vez, o para aquellos que lleven dos años sin actividad. Hasta ahora, la mayor parte de esta política activa de empleo la financiaba la Seguridad Social, pero a partir de ahora, una buena parte del coste pasa al Presupuesto: pagará las reducciones de los hombres menores de 30 años y de las mujeres de menos de 35. Esta partida pasará a sufragarla el Estado, por lo que reducirá sus recursos en 2018 entre 600 y 700 millones de euros.

Además, se tienen que sumar el resto de deducciones y otras partidas que se han adoptado para los trabajadores por cuenta propia y que se sufragarán también con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, los autónomos podrán deducirse los costes de manutención o para los que trabajen en casa, de los costes corrientes de la vivienda. Toda esta minoración en los impuestos que pagan los autónomos tendrá un coste coste que superará los 300 millones de euros, lo que en suma tendrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre las cuentas públicas de 2018.

La mayor parte de este coste vendrá por la vía de menores ingresos, y no por mayores gastos, lo que significa que la recaudación del Estado se verá afectada. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, durante su participación en las jornadas de presupuestos organizadas por APD y Deloitte.

Esta caída de la recaudación, unida a la negociación que tiene abierta el Gobierno con Ciudadanos para reducir el IRPF, ha provocado que el Ministerio de Hacienda haya tenido que ser muy prudente con el incremento del techo de gasto para 2018. El Consejo de Ministros aprobó el lunes un incremento de los empleos no financieros para 2018 del 1,3%, apenas la mitad del crecimiento del PIB real y casi un tercio del avance del PIB nominal, lo que supondrá un nuevo descenso del gasto público sobre el PIB. Los ingresos del Estado seguirán creciendo el próximo año a pesar de estas medidas, ya que el ritmo de la economía empuja la recaudación, sin embargo, Nadal ha advertido que las rebajas de impuestos "tienen que ser compatibles con la reducción del déficit público".

Menos gasto y equilibrio presupuestario

Nadal ha reconocido que el Estado está todavía lejos de recuperar los niveles de gasto no financiero que prespuestó el Gobierno en el año 2015 antes de las elecciones generales del 20-D. En concreto, será unos 3.500 millones inferior a las cifras presupuestadas hace dos años (no las cifras ejecutadas, porque posteriormente el Gobierno tuvo que rebajar en 5.000 millones el gasto para controlar el déficit que estaba descontrolado). Nadal ha explicado que lo importante para los próximos años es "reducir el nivel de gasto hasta que sea sostenible con los ingresos". El objetivo es empezar a reducir la deuda pública, que actualmente roza el 100% del PIB, hasta el entorno del "92% o 93% en 2020", ha indicado el secretario de Estado.

Hay que reducir el nivel de gasto público hasta que sea sostenible con los ingresos

Los nuevos recursos públicos se destinarán al pago de las pensiones y al gasto social (en especial el que realizan las comunidades autónomas). Esto significa que la Administración Central apenas tendrá recursos para elevar su gasto. Dentro de esos nuevos empleos tiene que haber hueco para subir el salario de los funcionarios en 2018, como ya prometió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los sindicatos hace sólo unos meses. En concreto, aseguró que el incremento de la retribución sería mayor a la de 2017, por lo tanto, tendrá que superar el 1%. Nadal ha explicado hoy que en el incremento de 1.500 millones en el techo de gasto hay hueco para subir "un poco" el salario de los trabajadores públicos.

[La dos terceras partes del crecimiento del PIB es coyuntural]

Además, el Estado tendrá que destinar unos 500 millones de euros a financiar las clases pasivas, lo que apenas dejará margen a otros gastos. Es cierto que conseguirá ahorros por otras vías, en especial la partida de subsidios de desempleo, aunque su margen de caída es reducido, ya que el crecimiento del empleo está elevando el gasto en prestaciones de incapacidad temporal (bajas de los trabajadores). La otra partida en la que se han conseguido importantes ahorros en los últimos años: la factura de intereses, tiene ya poco margen de mejora. El resto de empleos que tenga a su disposición el Ministerio de Hacienda para dedicarlos a gasto público tendrá que utilizarlos de forma "más eficiente", ha señalado Nadal. "Hay muchas áreas en las que podemos conseguir un gran impulso sin afectar a los objetivos de déficit".

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