El Gobierno descarta sacar la viudedad del sistema de pensiones contributivo

La segunda fase de la nueva reforma de las pensiones ha echado a andar. Primero fueron las comparecencias de los altos cargos, y desde ayer los miembros de la comisión del Pacto de Toledo han comenzado a redactar sus propuestas.

Por el momento, poco se ha avanzado. Solo hay una cosa clara: el Grupo Popular ha descartado sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo de la Seguridad Social. Es decir, que continuarán financiándose con cotizaciones sociales y no con impuestos, como se había sugerido desde algunos ámbitos para descargar la presión financiera que sufre la Seguridad Social, y que ha obligado al Estado a prestar este año 10.193 millones para pagar las pensiones.

Ayer, lo que se abordó fue, precisamente, la separación de fuentes de financiación del sistema público de protección social, un proceso que culminó en 2013, cuando el Estado asumió el coste de las prestaciones no contributivas, como los complementos de mínimos, así como el gasto en servicios sociales o sanidad. En total, 13.160 millones de euros que se han financiado con impuestos. De esta cantidad, algo más de la mitad se ha destinado a que las pensiones de menor cuantía alcancen el mínimo que cada año se fija por ley. Otros 2.455 millones han ido a parar a las pensiones no contributivas, que perciben quienes no han podido cotizar por diferentes razones.

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A esos 13.100 millones de euros que prestará este año el Estado a la Seguridad Social para cubrir sus gastos, hay que añadir otros 17.168 millones que adeuda el sistema público de protección social, y que corresponden a distintos préstamos realizados en los años ochenta y noventa, y que todavía permanecen en su pasivo. Es decir, más de 30.000 millones de deuda que tendrán que ser anulados cuando se clarifiquen las fuentes de financiación. Entre otras cosas, porque el Estado siempre es el garante de que se paguen las pensiones, y en última instancia se trata de un formalismo contable.

Aunque el proceso de culminación de fuentes ha terminado, lo cierto es que se ha hecho con mucho retraso respecto de lo previsto inicialmente en el Pacto de Toledo, algo que explica que la propia Seguridad Social haya tenido que cargar con miles de millones que no le corresponden. Un informe del Ministerio de Empleo entregado a la comisión parlamentaria admite que al consignarse una cantidad “muy inferior al gasto real”, tan solo desde el año 2000 a 2012 el importe de los complementos a mínimos no financiados (con impuestos) ha superado los 49.000 millones de euros, habiéndose restado este importe de los fondos de la Seguridad Social.

Concurrencia de pensiones

CCOO y otros colectivos, como se sabe, han defendido que tanto la viudedad como la orfandad (que no tienen naturaleza contributiva) se paguen con impuestos, toda vez que el beneficiario lo es sin haber cotizado por ello. De hecho, las pensiones de viudedad son las únicas del sistema que permiten concurrencia (cobrar dos o más pensiones).

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El Gobierno, sin embargo, considera que eso sería lo mismo que sacar esas pensiones del perímetro de la Seguridad Social. Y hasta cree que con la propuesta, en realidad, lo que se pretende es ganar margen presupuestario para elevar las pensiones por encima del 0,25% (como obliga la ley) o, igualmente, para atender las demandas de determinados colectivos.

Según Carlos Bravo, responsable de políticas públicas de CCOO, el caso español es singular, toda vez que la actualización de las pensiones solo tiene en cuenta el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones (IRP), pero no la evolución de los precios o de los salarios, como en otros países europeos.

La subida de las pensiones, en todo caso, no está todavía en el orden del día del Pacto de Toledo, pero todo indica que será el punto central de las negociaciones. Con un IPC que se situará este año (media anual) ligeramente por encima del 2%, las pensiones perderán poder adquisitivo, de ahí que todos los partidos —excepto el PP— quieran revisar el método de actualización. Este será el punto central de discrepancia.

El informe final del Pacto de Toledo, en todo caso, no estará listo hasta que el Partido Socialista tenga nuevo líder. Entre otras cosas, según el PP, porque ni los propios miembros de la comisión que forman parte del PSOE tienen clara cuál debe ser su posición, a la espera de que un nuevo equipo de dirección fije la estrategia del partido en una cuestión tan esencial desde el punto de vista social, económico y político.

Los socialistas, sin embargo, lo niegan. Y aseguran que los tres candidatos tienen una posición común sobre las pensiones, que pasa por garantizar el poder adquisitivo y revisar el llamado Factor de Sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019. Este factor, al tener en cuenta variables demográficas, tenderá, igualmente, a bajar las pensiones. Algo que explica que hace unos meses todos los grupos -excepto el PP- presentaran una Proposición No de Ley (PNL) para revisar la última reforma de las pensiones.