reclama 'destopar' las cotizaciones y la pensión máxima

CCOO propone financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad

Una nueva reforma de las pensiones planea sobre el debate político. Comisiones sugiere sacar del sistema los pagos de orfandad y viudedad, que se financiarían con gravámenes

Foto: Ignacio Fernández Toxo. (Foto: Julio Cerezo)
Ignacio Fernández Toxo. (Foto: Julio Cerezo)

La reforma de las pensiones marcará la actual legislatura (si finalmente arranca). Y CCOO ya tiene sobre la mesa sus propuestas. La más relevante tiene que ver con la financiación del sistema público de protección social. Y lo que plantea el sindicato de Ignacio Fernández Toxo es que sean los impuestos, y no las cotizaciones sociales, quienes financien tanto las pensiones de viudedad como las de orfandad.

CCOO propone financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad

Se argumenta que estas pensiones no son de naturaleza contributiva (los beneficiarios no han cotizado por ello), y, por ello, debe ser el Estado, a través de sus propios recursos, quien debe correr con el gasto. En total, algo más de 21.000 millones de euros. Estimaciones de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) sitúan el déficit de la Seguridad Social este año en unos 17.000 millones de euros.

La idea no es nueva. Ya la sugirió el propio Gobierno en funciones antes de que se disolvieran por primera vez las Cámaras, y su objetivo es descargar la presión financiera que soporta la Seguridad Social, que hoy tiene que absorber partidas que no son de naturaleza contributiva. En todo caso, CCOO plantea que ambas pensiones de supervivencia queden dentro del perímetro de actuación de la Seguridad Social, para no convertirlas en una especie de prestaciones de beneficencia.

Toxo, en declaraciones a El Confidencial, sostiene que la necesaria reforma de las pensiones debe centrarse en los ingresos, y no tanto en los gastos, como se ha hecho de forma repetida desde que en 1995 se firmara el Pacto de Toledo. Y en este sentido, se propone culminar la separación de fuentes de financiación. O lo que es lo mismo. Que sea el Estado con impuestos —y no con cotizaciones— quien pague, por ejemplo, los casi 3.000 millones de euros que cuesta la gestión administrativa de la Seguridad Social, al tratarse de empleados públicos. “Lo lógico es que se financie con impuestos”, asegura Toxo, “al menos en la parte que no tiene carácter estrictamente contributivo”.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. (Foto: Julio Cerezo)
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. (Foto: Julio Cerezo)

CCOO considera, igualmente, que hay margen para seguir avanzando en la convergencia entre los distintos regímenes de la Seguridad Social. En particular, el de trabajadores por cuenta propia (autónomos), que hoy genera cuantiosos déficits (unos 6.600 millones).

Lo que critica CCOO es que los autónomos coticen durante sus primeros años de carrera laboral por el mínimo que obliga el sistema y, posteriormente, cuando se acerca la edad de jubilación, se aumenten las bases para cobrar más en el momento del retiro. “Hay que acabar con la planificación de las pensiones”, sostiene el líder sindical. El régimen especial agrario también estaría en esta situación.

“Lo lógico es que se financie con impuestos”, asegura Fernández Toxo, “al menos en la parte que no tiene carácter estrictamente contributivo”

CCOO, igualmente, propone eliminar algunas de las restricciones que impone hoy el sistema. En particular, los topes que establece la ley. Tanto en lo que se refiere a las bases máximas de cotización como a la cuantía de la pensión máxima. Esto quiere decir que los salarios más elevados cotizarían por las rentas reales, sin topes, lo que significaría pagar más en cotizaciones. Como contrapartida, también se 'destoparía' la pensión máxima, ya que se trata de incentivar el empleo. CCOO entiende que tan solo por esta vía la Seguridad Social deja de recaudar cada año algo más de 7.500 millones de euros.

Más esfuerzo contributivo

Según Fernández Toxo, las actuales cotizaciones a la Seguridad Social no son progresivas y, en particular, imponen un esfuerzo contributivo “mucho mayor” a los ocupados con remuneraciones más bajas que a aquellos con remuneraciones más altas. Los ocupados con menor nivel de renta pagan por cotizaciones sociales un 8,40% de la misma, a cambio, eso sí, de una mejor base de cotización, mientras que los que acumulan más renta abonan solo un 2,66%.

Según los cálculos de CCOO, en estos momentos hay 26.775 millones de euros de bases salariales no gravadas en el sector privado como consecuencia de la existencia de topes máximos de cotización. Si se gravara esta base exenta, la recaudación por contingencias comunes aumentaría en 7.577 millones de euros, que pagarían trabajadores y empresas en función del reparto de sus cuotas de cotización.

También desde el lado de los ingresos, lo que propone CCOO es un aumento ‘razonable’ del salario mínimo interprofesional, toda vez que de esta manera también las cotizaciones serían más elevadas. La realidad actual es que al existir un cuadro de pensiones mínimas, existe una gran diferencia entre lo que se cobra en el momento de la jubilación y lo que se aporta vía cotizaciones. Y de ahí que se pretenda reforzar la contributividad del sistema elevando el salario mínimo.

También en la misma dirección, se propone acabar con todo el sistema de bonificaciones, que hoy lastra la financiación de la Seguridad Social a través de todo tipo de instrumentos: bonificaciones, exenciones, tarifas planas…, y que suponen una merma de recursos de unos 8.000 millones de euros.

CCOO plantea, asimismo, que se financie con impuestos la reducción de la cotización de la cuota patronal de los afiliados del Sistema Especial Agrario, pues se trata de una política de apoyo a ese sector, instrumentada a través de un canal inadecuado, que choca con el principio de separación de fuentes sancionado por el Pacto de Toledo.

El objetivo final es aumentar el peso de las pensiones respecto del PIB. Y en este sentido, CCOO considera que incrementar el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB es “asumible”.  Pone como ejemplo que su evolución ha tenido una progresión aún mayor en el pasado.

En poco más de 50 años, de hecho, se ha pasado de un gasto ínfimo en pensiones al 11,8% del PIB actual. Mientras que países como Francia (14,9%), Italia (15,7%), Finlandia (14,2%) y Austria (13,9%) actualmente superan o están próximos al nivel de gasto que tendrá que afrontar España en 2050, “sin que en estos países se haya producido la debacle que algunos vaticinan para el nuestro”.

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