Empleo planea destinar una parte de las ayudas a prejubilaciones de los estibadores

La multa millonaria a la que se enfrenta España por no liberalizar a tiempo el sector de la estiba no es el único importe que saldrá de los bolsillos de todos los españoles. El Ministerio de Empleo está estudiando la posibilidad de financiar las futuras prejubilaciones de los estibadores con fondos públicos, una cantidad que se sumaría al tope de 350 millones de euros estimado por Puertos del Estado para hacerse cargo de los pasivos laborales. Es decir, el Ministerio de Fomento asumirá las indemnizaciones de los trabajadores que pierdan su empleo como consecuencia de la reforma del modelo.

Mientras tanto, el departamento dirigido por Fátima Báñez diseña un paquete de ayudas adicionales para la reconversión de la estiba. Así lo anunció la ministra este lunes en el Senado, si bien no ha querido adelantar detalles ni cuantía de las citadas subvenciones, y se mantiene a la espera de que concluyan las negociaciones entre patronal, sindicatos y mediador. No obstante, fuentes del Gobierno han confirmado a este periódico que una parte de esos fondos públicos se destinará a prejubilaciones de carácter voluntario. Queda por ver qué otros aspectos entran dentro del borrador de Empleo, como podrían ser planes de formación o programas de bajas incentivadas.

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Hasta ahora, Báñez se ha limitado a hablar de un "plan de ayudas complementarias" al compromiso de mantener los puestos de trabajo y aumentar la competitividad. "No estamos hablando de un sector que muere. Con el cambio de modelo, se abre un abanico de oportunidades" en términos de empleo, dijo este miércoles la ministra en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Y confió en que las partes alcancen un acuerdo más pronto que tarde en el ámbito de la negociación colectiva. Es ahí donde deben abordarse las cuestiones laborales, añadió este lunes la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc.

La titular europea ha viajado a Madrid en una semana crucial para la reforma de la estiba y ha aprovechado la ocasión para echar un capote al ministro de Fomento cuando más lo necesita, ahora que los demás partidos políticos le dan la espalda en el Congreso. Sin apoyos no hay convalidación del real decreto ley, por más que Bulc advierta de que la sanción crecerá si PSOE, Ciudadanos o Podemos no dan su brazo a torcer. "Esperamos que se apruebe antes del 24 de marzo [fecha tope]. Si no, tomaremos medidas", avisa la comisaria europea.

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Los socialistas ya dejaron claro que solo apoyarán el RD/L si el Gobierno encuentra la fórmula para que las empresas se comprometan a subrogar al 100% de la plantilla, tal y como exigen los sindicatos. Fomento ya lo descartó tras dejar la pelota en el tejado de la negociación colectiva. No obstante, el departamento dirigido por Íñigo de la Serna ha garantizado que se hará cargo de los pasivos laborales con un 'bote' de dinero público que asciende como máximo a 350 millones. Ahora es el turno de Báñez: promete más ayudas, pero habrá que esperar para ver cómo se materializan y a cuánto ascienden.

Huelga aplazada (otra vez)

Por su parte, los estibadores han vuelto a retrasar una semana los paros que iban a arrancar este viernes. Si el Gobierno no se sienta a negociar, retomarán la huelga durante una semana en días alternos a partir del viernes 17 de marzo. Fomento tenia previsto convalidar (o no) el RD/L hoy, pero aplazó una semana la votación, en teoría para dar aire a las negociaciones entre patronal y sindicatos. En la práctica, su margen de maniobra es nulo mientras el resto de formaciones políticas no respalden la reforma de la estiba en los términos en los que está planteada. Y, de momento, no parece que vayan a hacerlo.

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De hecho, el rechazo de los partidos al texto es uno de los elementos que han motivado la decisión de los sindicatos de aplazar los paros. Otro punto importante es el documento presentado por la patronal Anesco este miércoles, en el que se compromete a facilitar la continuidad del empleo fijo. A cambio, exige al Estado que financie "íntegramente" los pasivos laborales que puedan surgir de la reforma (como las jubilaciones anticipadas) y pide a los sindicatos que permitan que las compañías puedan operar en un marco flexible. Es decir, deberán tener libertad para contratar a quien quieran. Los representantes de los trabajadores ya se han declarado más de una vez en contra de lo que consideran "un ERE encubierto y financiado con dinero público".