Guindos y Rajoy encabezan la defensa de los créditos fiscales de la banca contra Bruselas
  1. Economía
EL PRESIDENTE SE REUNIRÁ CON JUNCKER EN BREVE

Guindos y Rajoy encabezan la defensa de los créditos fiscales de la banca contra Bruselas

Pese a minimizarla, la posibilidad de que la banca se quede sin créditos fiscales ha encendido las alarmas: Guindos se ha reunido con la comisaria Verstager y Rajoy lo hará en breve con Juncker

placeholder Foto: Mariano Rajoy con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Clude Junker. (EFE)
Mariano Rajoy con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Clude Junker. (EFE)

Oficialmente, la posibilidad de que la Comisión Europea declare que los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca son ayudas públicas ilegales es remota y no tendrá ningún impacto en el sector. La realidad es que la investigación comunitaria ha sembrado el temor en la banca y el Gobierno, que ha decidido sacar toda la artillería para salvar los 40.800 millones que atesoran las entidades en sus fondos propios y que están en el alero. Así, la semana pasada el ministro Luis de Guindos se reunió en secreto con la comisaria de Competencia y responsable de los requerimientos de información sobre este tema a España, Portugal, Grecia e Italia, Margrethe Vestager, según fuentes conocedoras de la situación. Y no sólo eso, sino que Mariano Rajoy personalmente va a reunirse en breve con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para tratar este asunto.

La noticia de la investigación comunitaria sobre los DTA saltó la semana pasada, aunque unos días antes algunas entidades alertaban de que había gente en Europa que cuestionaba su legalidad. La gravedad del asunto queda patente en el hecho de que Guindos –que ayer mismo dio a entender que tiene muchas posibilidades de presidir por fin el Eurogrupo– se puso rápidamente en contacto telefónico con Vestager para recabar información sobre el alcance de la iniciativa y sus posibles consecuencias. Y tras esta llamada, Economía movilizó a Moncloa, hasta el punto de que Rajoy está tratando de cuadrar su agenda con la de Juncker para reunirse a tratar el tema lo antes posible. Un portavoz del Ministerio no respondió a las preguntas de El Confidencial sobre esta información

Las fuentes consultadas explican que la banca ha solicitado informes a las grandes consultoras sobre las posibilidades de que la investigación prospere, y la respuesta unánime ha sido que, se mire como se mire, los DTA son ayudas públicas. Otra cosa es si son contrarias o no a la legislación comunitaria -aquí la clave es si son específicas para la banca o se las pueden aplicar todas las empresas, algo bastante discutible- y, en caso de ser ilegales, si también deberían serlo las fórmulas que utilizan países como Alemania, Francia o Reino Unido para reconocer estos créditos fiscales a sus entidades financieras, no sólo la de los países del Sur.

placeholder La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. (EFE)
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. (EFE)

En este asunto, el interés del Gobierno coincide con el de la banca. Como ha explicado El Confidencial, en principio Bruselas no puede determinar la supresión de estos activos de su capital, sino simplemente considerar que son ayudas de Estado. Y en ese caso, la consecuencia sería que Cristóbal Montoro tendría que contabilizar su importe total, 40.800 millones, como deuda pública (y la parte que ya han activado las entidades como déficit), algo que el Ejecutivo no contempla ni en sus peores pesadillas. Y el temor de los bancos es que, si los DTA tienen que contabilizarse como deuda, Montoro se niegue a mantener la garantía y entonces deban restárselos del capital.

Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales, incluido el español, garantizaron su recuperación íntegra aunque no se alcance el nivel de beneficios necesario. Y esa garantía es lo que cuestiona ahora la Comisión Europea.

Menos crédito y más rescates con dinero público

Si los DTA deben restarse del capital de las entidades, éstas deberán captar recursos en mercado para sustituirlos y cumplir los requisitos de solvencia: las más perjudicadas serían Bankia, Sabadell, Liberbank y CaixaBank entre las cotizadas, y Abanca y BMN entre las antiguas cajas que no están en el mercado, que son las que tendrían mayores déficits. Esto conllevaría dos grandes problemas, según los expertos: primero, los bancos deberían volver a centrarse en reforzar su capital –una fase que creían haber dejado atrás– en vez de en reactivar el crédito para financiar la recuperación económica; y segundo, varias de estas entidades tendrían que volver a ser rescatadas con dinero público ante la imposibilidad de captar esos fondos de los inversores.

Lo que está en juego es si los DTA monetizables deben computar o no en la deuda pública. Ahora mismo, no cuentan ni para el déficit ni para la deuda, tal como aseguró Guindos en 2013, cuando dijo que esta medida no costaría dinero a los contribuyentes. Además, tendrán impacto en déficit si estos créditos se activan, es decir, si los bancos los cobran de Hacienda con la consiguiente pérdida para el Estado, cosa que ya han hecho numerosas entidades con una parte de estos activos. En principio, los DTA son similares a un aval, por lo que se consideran deuda avalada y no computan en la deuda pública mientras no se ejecuten. Pero si la Comisión los considera ayudas de Estado ilegales, sí tendrían que incluirse, según diferentes fuentes del sector.

¿Es una ventaja exclusiva de la banca?

La clave para la decisión reside, en principio, en si esta ventaja no supone discriminación a favor de los bancos porque la puede aplicar cualquier empresa. El Gobierno y las entidades aseguran que así se recoge en el decreto-ley que los regula, aunque en realidad la garantía de los DTA se reconoce para conceptos que sólo tienen los bancos -básicamente las provisiones por los créditos en mora y los inmuebles adjudicados-, y no para las pérdidas en general (las bases imponibles negativas), que es lo que tienen las empresas no financieras y que quedan fuera de la garantía. Desde el sector añaden que la fiscalidad es competencia nacional, pero el caso LuxLeaks nos enseña que la Comisión sí puede apreciar ayudas de Estado en cuestiones fiscales si considera que distorsionan la competencia.

La clave para la decisión reside, en principio, en si esta ventaja no supone discriminación a favor de los bancos porque la puede aplicar cualquier empresa

Finalmente, el BCE, que ahora es el supervisor único europeo, tiene algo que decir al respecto, ya que es el responsable de las normas de solvencia. Inicialmente, no puso ninguna pega -al igual que la Comisión- a la norma española de 2013 que reconocía estos derechos, y tampoco ha dicho nada sobre el tema al imponer sus requisitos de capital para las entidades españolas. Ahora bien, el BCE puede cambiar de opinión y cuestionar el cómputo de los DTA en el capital si se consideran ayudas de Estado. Y no es descabellado porque la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, Danièle Nouy, ha fijado como una de sus prioridades eliminar las divergencias entre países a la hora de calcular el capital de los bancos, y se puede entender que los créditos fiscales son una de estas discrepancias.

Mariano Rajoy Luis de Guindos Jean-Claude Juncker Basilea III Ayudas fiscales Comisión Europea
El redactor recomienda