Autopistas Nacionales: Pastor apela a la Abogacía del Estado para doblegar a los reyes del ladrillo

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha consultado a la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de ‘meter en vereda’ a las grandes constructoras del país que se oponen a la creación de la nueva empresa de Autopistas Nacionales. El proyecto es clave para evitar la liquidación de las concesionarias y radiales creadas al albur del dinero fácil en la época de la abundancia y cuyo fiasco puede traducirse ahora en un agujero mínimo de 4.000 millones de euros para el erario público en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.

El Gobierno tiene cerrado un protocolo de acuerdo con los grandes bancos españoles, pero necesita que los decaídos reyes del ladrillo se sumen a la iniciativa en su calidad de accionistas de las concesionarias. Las constructoras se muestran remolonas ante la oferta oficial, que sólo les otorga una participación del 20% en la nueva compañía estatal de autopistas, y en todo caso se resisten a materializar una renuncia a eventuales litigios contra la Administración del Estado.

Las constructoras, a través de los datos que maneja la patronal Seopan, reclaman la devolución de sus inversiones por importe de 1.800 millones de euros más otros 1.000 en obras pendientes de cobro. El Ministerio de Fomento entiende que el proceso de quiebra al que están abocadas las concesionarias elimina cualquier argumento jurídico para la defensa de estas sociedades antes los tribunales. En el peor de los escenarios, aunque el pleito fuera admitido en los juzgados mercantiles, cabría la posibilidad de alargar el contencioso de manera que la sentencia no se produciría hasta transcurrido, como mínimo, un periodo de seis años.

Ana Pastor está convencida de tener la “sartén bien amarrada por el mango” y ha desplegado una estrategia que si no da resultados por las buenas quizá tenga que ejecutarse “con todas las consecuencias y por las malas”, según señalan en fuentes oficiales. Los requerimientos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, influyen poderosamente en la resolución del conflicto porque la Comisión Europea está al acecho y el problema de las autopistas puede traducirse en un incremento sobrevenido de hasta cuatro décimas en la cifra de déficit público.

Acuerdo de refinanciación con los grandes bancos españoles 

Con el fin de evitar contingencias que puedan derivar en nuevos problemas de consolidación fiscal, la ministra de Fomento se ha encargado de cerrar previamente un acuerdo con la gran banca española que garantice la financiación de la nueva empresa bautizada con la denominación de Autopistas Nacionales. El Banco Santander, el BBVA y La Caixa se harán cargo de la deuda de sus colegas extranjeros, mucho más reacios a cualquier proyecto de refinanciación y asumirán el pasivo total de casi 3.700 millones de euros acumulado por las concesionarias. A esta cifra se añadiría un préstamo adicional de 1.200 millones para hacer frente al sobrecoste de las expropiaciones totales que aún están pendientes de desembolso.

La reestructuración financiera de estos 4.900 millones de euros se completaría mediante la aplicación de un bullet de amortización única a 30 años, de modo que el préstamo tendría la consideración de cuasi-capital. No en vano, el tipo de referencia sería el promedio del periodo de situación mencionado, lo que permitiría reducir el interés inicial fijado en el 6,5% a una media anual del 3,5%. De esta forma, la curva del servicio de la deuda reduciría el coste de la compensación del Estado de manera que las aportaciones públicas no superen el 50% que establece la Unión Europea como límite máximo a partir del cual es obligado computar los activos de la nueva sociedad en términos de déficit público.

La operación viene siendo cocinada a fuego lento con la banca, pero el tiempo de maduración se puede echar a perder si alguna de las autopistas que ahora están en suspensión de pagos se precipita por el abismo de la liquidación. El Ministerio de Fomento intenta a trancas y barrancas que esta situación se dilate indefinidamente, pero los procesos judiciales tienen fecha de caducidad inminente y lo aconsejable sería cerrar cuanto antes un acuerdo con las constructoras. La negativa del sector a pasar por el aro es un imponderable que el Gobierno quiere resolver por la vía del apremio para presentar ante Bruselas las cartas credenciales de la nueva empresa de Autopistas Nacionales. Más que un deseo de nacionalización, lo que prima ahora es evitar un desperfecto añadido en las maltrechas cuentas públicas del Estado español.