Los directivos de Caja Segovia declararán en el juzgado por las millonarias prejubilaciones

Los directivos de Caja Segovia tendrán que declarar en el juzgado por las millonarias prejubilaciones percibidas o pendientes de cobro a través de retribuciones o planes de pensiones, y que rondan los 30 millones de euros.

Las diligencias abiertas a raíz de sendas denuncias presentadas por la Fiscalía Provincial de Segovia y UPyD siguen su curso, y el tribunal podría estar solo a falta de recibir parte de la documentación solicitada a Bankia, donde se integró Caja Segovia, para llamar a declarar a los integrantes del comité, con sus exdirectores generales, Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez Plaza, a la cabeza, según informa El Adelantado de Segovia.

Tanto la fiscalía como UPyD recurrieron la decisión judicial de archivar sus denuncias al respecto, y la Audiencia Provincial de Segovia les dio la razón y ordenó la reapertura del caso, hace ahora un año. La Audiencia consideraba necesario que los organismos reguladores e inspectores -el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores- den cuenta del estado en que se encontraba la entidad  cuando se aprobaron las jubilaciones de sus altos directivos, si esta  había recibido ayudas públicas, y el nivel medio de esas jubilaciones en entidades financieras similares en naturaleza y tamaño; para esclarecer si los altos directivos de la entidad pudieron incurrir en un delito de administración desleal o apropiación indebida.

En su denuncia UPyD apuntaba que Escribano percibió  por diversos conceptos unos doce millones, mientras que entre el resto de los miembros del comité de dirección se repartieron otros 18 millones. Entre los directivos, el más beneficiado fue –según los denunciantes- director general adjunto y director algunos meses tras la marcha de Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza.

Este asunto despertó una tremenda ola de indignación en Segovia, donde un millar de personas a manifestarse en octubre de 2012 ante la antigua sede principal de la Caja para denunciar la desaparición de la entidad y para reclamar que se depuren responsabilidades en el reparto, según los convocantes de la concentración, de 32 millones de euros entre esos directivos.

El propio consejo de administración de la entidad, presidido por Rafael Encinas, llegó a pedir a los exdirectivos que devolvieran esas cantidades “llamativas y quizás excesivas” para evitar que tuvieran que despedir a los 16 trabajadores que aún tenía la caja y para poder hacer frente al negro panorama que se presentaba en su fundación, que se enfrentaba a una deuda tributaria de unos siete millones de euros.