La Generalitat luchará en los tribunales para mantener ATLL en manos de Acciona

La Generalitat luchará en los tribunales para mantener la compañía Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) en manos de Acciona. El primer paso será presentar esta semana un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según reconoció el conseller de la Presidencia, Francesc Homs.

El gabinete jurídico de la Generalitat actúa a instancias de las Consejerías de Economía y de Territorio y Sostenibilidad, si bien fuentes jurídicas de la Administración catalana consultadas por El Confidencial dan por hecho que el TSJC volverá a rechazar el recurso de la Generalitat, en coherencia con los recientes autos en los que, entre otras medidas, se la instaba a dar cumplimiento a la decisión del organismo regulador que vetaba el proceso.

Por ello, ya se está trabajando en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con este panorama, y teniendo en cuenta que los departamentos jurídicos de Acciona y Agbar también se personarán en el proceso, la batalla judicial será larga y se prolongará durante varios años.

Mientras tanto, todo sigue igual: Acciona mantendrá la gestión de la ATLL, la Generalitat continuará asegurando que la privatización se hizo correctamente y Agbar seguirá exigiendo que se cumpla el mandato del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que anuló la oferta de Acciona una vez que el grupo constructor ya había pagado a la Administración catalana.

Los recursos no arreglarán nada, pero ante los actuales problemas de caja de la Generalitat, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, los utiliza para ganar tiempo. Ahora, la Generalitat no dispone de los 298 millones de euros que ya ha cobrado de Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. Y a Agbar le costaría mucho volver a armar el consorcio que se presentó, en el nuevo clima de inseguridad jurídica que se ha creado.

El tiempo corre en contra de la Generalitat

El tiempo corre en contra de la Generalitat. Cuanto más se alargue el proceso judicial, más daños y prejuicios podrá reclamar Acciona y el banco brasileño a la Administración catalana y más caro costará el error a los contribuyentes.

La fallida privatización de la ATLL es el principal borrón en la gestión del presidente catalán, Artur Mas, quien ha recibido críticas incluso de ERC, el principal socio de CiU en el Gobierno. La pasada semana en el Parlament el grupo también atacó tanto la forma como el fondo de la privatización.

Tormenta política

La pasada semana, el Parlament escenificó la soledad política de la Generalitat en la cuestión de la privatización de la ATLL. Tanto PP como Ciutadans y PSC advirtieron de incumplimientos de la oferta de Acciona, que, a juicio de estas formaciones, contravienen lo estipulado en el Pliego de Condiciones y son motivo de exclusión de la oferta.

Los tres grupos alertaron en la Cámara catalana sobre el peligro de la incertidumbre que pesa sobre la concesión que ha ganado Acciona, unos riesgos que podrían suponer una amenaza de desconsolidación de 995 millones, objetivo esencial en el proceso de privatización de ATLL.

El diputado de Ciutadans, Jordi Cañas, interpeló al conseller Mas-Colell para que aclarase por qué Acciona y BTG no habían abonado 40 millones de euros en concepto del impuesto de transmisiones patrimoniales. Mas-Colell eludió responder.

Pese a la polémica, nadie ha asumido responsabilidades políticas. El principal valedor de Acciona, el exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha dejado el puesto y abandonará también el Parlament para fichar por la consultora KPMG.