TIENE CINCO DÍAS PARA RECURRIR

La Justicia tumba el megacontrato de privatización de Aguas de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la nulidad de la adjudicación del contrato de privatización del suministro de aguas a la empresa mixta

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La Justicia tumba el megacontrato de privatización de Aguas de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la nulidad de la adjudicación del contrato de privatización del suministro de aguas a la empresa mixta Aguas del Ter-Llobregat a la empresa Acciona. El Alto Tribunal da la razón a un órgano de contratación de la Generalitat que había impugnado la propia adjudicación del Gobierno de Mas, echa para atrás el contrato y da la razón a Aguas de Barcelona. La Generalitat tiene cinco días para recurrir ante el propio tribunal.

Acciona no podrá ser la gestora del agua que se bebe en el área metropolitana de Barcelona, un contrato que había ganado en un sospechoso concurso el 6 de noviembre, cuando ya el Gobierno que presidía Artur Mas estaba en funciones, es decir, poco antes de las elecciones autonómicas del pasado 25-N. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) rechazó los recursos de la Generalitat, de Acciona, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y de Aigües de Catalunya, y dio la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y, de rebote, a Agbar, que había impugnado el mencionado concurso.

En tres autos notificados este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deniega la petición de la Generalitat y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC, ya que considera que se basó en un "argumento perfectamente sostenible", cuyo acierto deberá ser examinado cuando se analice la causa principal.

La privatización de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) era vital para el Ejecutivo de Mas, entre otras cosas porque con esta venta, cifrada en más de 1.000 millones de euros, y con el adelanto que el pool encabezado por Acciona tenía que pagar 300 millones de euros, esperaba pagar las nóminas del mes de diciembre. Además, con la privatización redondeaba las cuentas del ejercicio contable 2012.

Pero las prisas no son nunca buenas. El primer jarro de agua fría lo recibió el Gobierno catalán de sus propias filas: el OARCC dictaminó que Acciona debería quedar excluida del concurso porque incumplía las condiciones establecidas en los pliegos del mismo. Además, no preveía ninguna inversión ni gastos de mantenimiento durante los 50 años de gestión. Eso, decía el dictamen, distorsionaba la oferta económica, que era ligeramente inferior a la de Agbar.

El organismo de la Generalitat señalaba que las irregularidades detectadas afectaban al resultado económico final. Y ordenaba “retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se produjo el vicio”, es decir, anular la venta. Ante este duro revés, el Gobierno catalán no tuvo más remedio que presentar un recurso contra la resolución de un órgano de ese mismo Gobierno, una situación casi kafkiana.

Los argumentos del TSJC

Ahora, el TSJC le da la razón al OARCC y rechaza los recursos tanto de la Generalitat como de las empresas que habían pujado en el concurso. “La Administración de la Generalitat sostiene que el OARCC ha dispuesto la exclusión de la oferta que finalmente obtuvo la adjudicación en base al incumplimiento del programa de ejecución de determinadas obras y actuaciones, cuando el anexo 9 del pliego de condiciones que establece dicho programa tiene un carácter meramente orientativo y, en todo caso, se respeta el límite máximo de 10 años, que es el único que tiene carácter vinculante. Se señala que la adjudicataria [Acciona] obtuvo cero puntos por este capítulo, al no ofrecer ninguna reducción del indicado plazo máximo, en tanto que la otra oferta obtuvo 3 puntos sobre un total de 4”, dice el texto de la interlocutoria del TSJC.

La Generalitat aducía también que Acciona ya había iniciado la gestión de ATLL y la compañía pública ha desaparecido, además de existir un “interés público” en mantener el contrato. También argumenta menoscabos para el personal de ATLL en el caso de que se anulase la venta, que se producirá un incremento de la tarifa del servicio y que se derivarán “perjuicios irreparables para la Hacienda de la Generalitat, que ya ha percibido un primer pago de unos 298 millones de euros en concepto de canon, en tanto que ha contabilizado la totalidad del mismo en el ejercicio presupuestario de 2012”.

El tribunal, no obstante, subraya que el Gobierno catalán formalizó el contrato antes de que el OARCC emitiera su resolución, por lo que “asumió voluntariamente el riesgo de que esta dejara sin efecto el acuerdo de adjudicación”. Y en cuanto al resto de las alegaciones, señala que la Administración tiene la potestad incluso de hacer que continúe la gestión de Acciona “durante un periodo transitorio”. No observa, sin embargo, que los trabajadores puedan verse afectados y rechaza también el argumento de que, si ATLL siguiera en manos públicas, tendría que realizar un aumento tarifario cifrado en unos 30 millones de euros al año.

Precisamente, este mismo miércoles comparecían en el Parlamento catalán los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, para explicar la privatización de ATLL. Fue antes de conocerse la decisión del TSJC, pero sus argumentos fueron precisamente los de que la situación económica de ATLL era insostenible y que, de no haberse privatizado, se habrían tenido que acometer importantes incrementos del recibo del agua a los ciudadanos.

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