La troika vuelve a España en mayo para ajustar las cuentas de la Sareb y de las preferentes

La troika, formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, amenaza con una próxima visita a España, que tendrá lugar durante la última semana del mes de mayo. Las agendas se están cerrando estos días con los dirigentes de las distintas entidades de crédito en proceso de reestructuración, que deberán rendir otra vez sus atribuladas cuentas ante los vigilantes de la playa financiera. Los ‘hombres de negro’ vienen esta vez con ganas de marcha porque no terminan de ver claro algunas de las derivadas que está generando el célebre rescate bancario.

Los prestamistas supranacionales han ampliado la graduación de la lupa sobre España y quieren comprobar con todo lujo de detalles el destino de los más de 41.000 millones de euros entregados finalmente al Gobierno de Mariano Rajoy. La distribución efectiva de los dos tramos del rescate no es lo más preocupante para los supervisores que, sin embargo, no entienden muy bien el desarrollo de otras obligaciones establecidas en el Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) que fue suscrito el pasado mes de julio.

Uno de los aspectos que más preocupa en medios comunitarios es el alambicado mecanismo de relaciones entre las entidades que han recibido ayudas públicas y el nuevo banco malo, creado a regañadientes por el Gobierno español. En Bruselas son conscientes de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se vio obligado a dar carta de naturaleza a la flamante Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) como una imposición derivada de la propia cesión de competencias a la Unión Europea. Quizá por eso, el plan de negocio desplegado por la entidad que preside Belén Romana no ha hecho más que generar suspicacias a los representantes de la troika.  

Los ‘hombres de negro’ no conciben que la Sareb haya exigido un descuento draconiano en el pago de las transferencias de los activos procedentes de la burbuja del ladrillo para, acto seguido, reclamar un margen adicional del 25% en los precios de venta al público. Dicho spread supone en términos absolutos cerca de 13.000 millones de euros sobre los 51.000 que han sido adquiridos por el banco malo. Se trata, en suma, de una cuantía equivalente al 30% de los recursos empleados en la capitalización de las entidades con problemas.

Los supervisores internacionales se cuestionan también con cierta suspicacia el modo y manera por el cual los bancos que no han sido capaces de encontrar mercado para sus inmuebles van a tener ahora que buscar compradores a los que endosar sus antiguas propiedades a un importe, además, mucho más alto. A la postre, las entidades financieras van a tener que seguir aferradas a un sector inmobiliario que ha sido el principal motivo de sus desdichas.

Los condicionantes que impone la Sareb a sus ‘clientes’ financieros adquieren tintes surrealistas si se tiene en cuenta que las más afectados han sido las entidades del grupo 2, teóricamente más sanas que sus competidores del grupo 1, donde se integran los bancos nacionalizados por el FROB. El equipo directivo del banco malo ha ido aquilatando los precios en función de la situación de un mercado en clara tendencia bajista y, por eso, los bancos que han traspasado los activos en último lugar han tenido que asumir un mayor recorte, con el consiguiente efecto negativo en su posición de capital.

Mecanismos para el canje y liquidez de las preferentes

El segundo apartado que contraría especialmente a los emisarios de la troika es la distribución de las cargas provocadas por el fiasco de instrumentos financieros, como las preferentes o la deuda subordinada. El denominado burden-sharing contraviene los postulados de Bruselas, donde  han puesto el dedo en la llaga del procedimiento adoptado por el Gobierno para dotar de liquidez a los tenedores de tan aciagos títulos. La habilitación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar el canje de las participaciones procedentes de entidades que no están sujetas al escrutinio del mercado produce salpullidos a los más ortodoxos supervisores del rescate. 

Los casos más sangrantes para la Unión Europea son los de Catalunya Caixa y Novagalicia, que acumulan un total de 1.900 y 2.500 millones de euros respectivamente en diferentes emisiones. Ni el grupo catalán ni el gallego tienen prevista su cotización en Bolsa como salida de futuro para su reconversión, por lo que el Ministerio de Economía propuso la opción del FGD para calmar las tensiones de todos aquellos inversores que se han quedado ‘colgados’ con este tipo de productos híbridos. Luis de Guindos precisó el pasado viernes las condiciones de esta solución, que obligará a todos los bancos a aflojar el bolsillo y destinar el tres por mil de sus depósitos, cerca de 2.000 millones de euros, en una derrama extraordinaria a partir del próximo año. La troika considera que esta fórmula no es la más equitativa a la hora de repartir los esfuerzos que exige la crisis financiera ya que precisamente las entidades que han sido nacionalizadas quedarán fuera de la nueva aportación de fondos. Una vez más, serán los justos los que tengan que pagar a escote por los pecadores.