Economía y Comercio recelan del plan de Cañete para frenar a las 'marcas blancas'

Las fuerzas están divididas. A pesar de ser uno de los integrantes con más solera dentro del equipo de Gobierno, el madrileño Miguel Arias Cañete cuenta con la oposición del Ministerio de Economía y de la secretaría de Estado de Comercio a su propuesta de Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. El anteproyecto redactado desde la cartera de Agricultura, aprobado por el consejo de ministros el pasado mes de octubre y de momento en tránsito parlamentario, ha generado serias objeciones en los departamentos más liberales comandados por Luis de Guindos y Jaime García-Legaz.

Según fuentes conocedoras de la situación, tanto el ministro de Economía como su segundo en Comercio están en contra de que la intervención del Estado entre los agentes de un sector económico provoque efectos secundarios aún más perniciosos o incluso contrarios a otros proyectos legislativos en curso, como puede ocurrir con la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, cuya aspiración a parcelar por comunidades la supervisión de la contratación y relaciones comerciales puede generar una fragmentación administrativa contraria a la Ley de Unidad de Mercado que ultima la dupla Guindos-Legaz.

De momento, el ala liberal del Gobierno, una corriente en la que en teoría participaba el propio Cañete, suma a su favor las tesis de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que aunque todavía no ha publicado su informe sobre el anteproyecto, el organismo concluyó y aprobó el pasado 19 de diciembre su veredicto al respecto. Y como ayer adelantó este diario, sus observaciones son demoledoras y tumban, de facto, los pilares argumentales sobre los que Agricultura ha levantado su modelo normativo para acotar el poder las marcas blancas dentro de la industria agroalimentaria.

En este sentido, la CNC advierte en su informe de dieciocho páginas al Ministerio de Agricultura de la probabilidad de que las medidas propuestas (régimen de contratación, sanciones, código de buenas prácticas…) para corregir las asimetrías existentes en la relación de poderes entre los operadores de la cadena alimentaria genere otros efectos más negativos (inseguridad jurídica, sobreregulación, burocratización del sector, ruptura de la unidad de mercado…) de los que en realidad se pretenden atajar, tanto para la industria agroalimentaria como para los consumidores.

Por este motivo, el consejo del organismo supervisor recomienda eliminar parte del contenido y desactivar o atenuar otra gran parte, adecuándolo a las experiencias europeas que están por venir, dado que la Comisión Europea ha reconocido que está examinando todas las opciones posibles, incluyendo la regulatoria, para evitar prácticas comerciales desleales, planteando el lanzamiento de una iniciativa legislativa para la eurozona. Esta recomendación es compartida a pie juntillas por Economía y por Comercio, que consideran desmedido el grado de intervencionismo asumido por Cañete.

Esta misma oposición y reticencia es la misma que los propios Guindos y García-Legaz se han encontrado por parte de otros compañeros de Gobierno (desde la titular de Fomento a la propia Vicepresidencia) a raíz de su anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que aborda la liberalización del trabajo de colectivos tan significados como abogados, arquitectos, farmacéuticos, ingenieros y peritos judiciales. Esta línea liberalizadora es la misma que llevó a Economía a conceder libertad comercial para establecer los periodos de rebajas y es la misma que hacen suya los grandes operadores de marca blanca.