El 'super-regulador' no lo será tanto: se dividirá en dos salas con Consejo y sede propia

El futuro organismo regulador será único, ma non troppo. El Gobierno ha comprendido que lo que no puede ser es imposible y, presionado por la Comisión Europea, ha llegado a un pacto con los grupos parlamentarios catalán y vasco para reformar el proyecto de ley que Soraya Sáenz de Santamaría presentó con toda solemnidad hace ya más de 10 meses.

La nonata Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) fue acordada en Consejo de Ministros a finales de febrero bajo el imbatible argumento de fusionar los ocho organismos de supervisión heredados del Gobierno Zapatero con el objetivo, más encomiable todavía, de asegurar un ahorro de costes al erario público. El ahorro ascendía a 4 millones de euros, pero lo más importante era que el Partido Popular daba salida a un total de 52 comisionados de la época socialista y los sustituía por sólo nueve consejeros, designados, claro está, con el respaldo que otorga su absoluta mayoría parlamentaria.

La configuración del regulador integrado no ha sentado nada bien a ninguna de las instituciones afectadas por la fusión. Las actuales comisiones de Competencia, Energía y Telecomunicaciones no tardaron en denunciar el plan, que fue también cuestionado por  el Consejo de Estado. Más recientemente las autoridades comunitarias han puesto en tela de juicio la supuesta independencia y capacidad financiera de un organismo que puede abocar a un conflicto entre España y la Unión Europea.

El Gobierno se ha quedado sin referencias válidas a la hora de justificar su proyecto porque el único ejemplo válido de comparación que se había planeado en Holanda acaba de ser rechazado por el Senado de los Países Bajos. El modelo más parecido que ahora existe en Europa está en Alemania, donde las tareas de regulación económica se llevan a cabo en dos niveles de actuación: uno encargado de la defensa de la competencia, y el otro para garantizar la liberalización de los diferentes sectores de actividad.

Precisamente esta es la idea que ahora maneja el grupo parlamentario popular en su acuerdo de principio con CiU y el PNV. Desde el punto de vista formal se pretende aprovechar el cascarón del proyecto original para no desairar la labor de coordinación de la vicepresidenta del Gobierno ni quebrantar los fundamentos de eficiencia económica que con tanto bombo y platillo fueron ensalzados desde Moncloa. Pero detrás de la fachada política lo que se cuece es una reestructuración a fondo de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia que, como su propio nombre indica, va a dar lugar en la práctica a dos organismos claramente diferenciados e independientes en su capacidad operativa.

Cambio de estructura y mayores funciones de instrucción y resolución

La nueva entidad única vendrá a actuar como un holding corporativo que integrará, en efecto, toda la estructura administrativa de apoyo a dos grandes salas de instrucción y resolución. La autoridad de competencia y el regulador de los mercados dispondrán de sus respectivos Consejos de Administración, sus propios servicios técnicos y, muy probablemente, trabajarán en sedes separadas dado el interés de los grupos nacionalistas por cobijar dentro de sus demarcaciones territoriales una parte de las funciones de supervisión en materia económica. El traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona fue un logro muy trabajado desde Cataluña que Luis de Guindos deberá tener muy en cuenta si quiere cerrar un acuerdo rápido y definitivo a la vuelta de Navidades.

El compromiso inicial del Ministerio de Economía incluye también una modificación esencial del proyecto de ley para evitar que el cargo estratégico del director de investigación pueda ser designado a instancias del Gobierno. Será la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia la encargada de nombrar a los responsables de dirigir la instrucción de los expedientes con el fin de preservar la independencia del regulador.

En última instancia, y con este mismo objetivo, las negociaciones en ciernes prevén la devolución a la CNMC de una serie de atribuciones que en la primera versión legislativa habían sido transferidas al Ministerio de Industria. Entre las mismas se incluye una mayor capacidad reguladora en materia de telecomunicaciones y, sobre todo, la recuperación de la célebre y controvertida función 14, que faculta los dictámenes vinculantes sobre operaciones empresariales y que, en definitiva, ha sido clave para dotar de carta de naturaleza estos últimos años a la Comisión Nacional de Energía.