LAS CONDICIONES DE UN RESCATE PUEDEN REACTIVAR 'LA ENMIENDA FLORENTINO'

La 'troika' pide a España que dinamite los blindajes de las sociedades cotizadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se debate entre dos fuegos en su intento por asegurar el control de la política económica y las contradicciones que,

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La 'troika' pide a España que dinamite los blindajes de las sociedades cotizadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se debate entre dos fuegos en su intento por asegurar el control de la política económica y las contradicciones que, por otro lado, abundan dentro de España sobre la conveniencia, o no, de solicitar la asistencia financiera a Europa. Fuentes oficiales han reconocido que una de las condiciones que con más entusiasmo baraja la troika formada por la CE, el BCE y el FMI consiste en “desarmar los consejos de administración de las grandes compañías del Ibex 35” para facilitar la entrada de nuevos socios extranjeros de referencia. Un peligro que las propias entidades afectadas no terminan de asumir como demuestra la petición de muchas de ellas para que España se precipite por la senda de un rescate soberano en toda regla.

La pertinaz insistencia que muchos jerarcas empresariales están mostrando en defensa de una línea preventiva de crédito que nos saque de pobres produce cada vez más espantos entre los responsables de la política económica, abocados a una lucha sin cuartel con los funcionarios de Bruselas para evitar que la gestión interna de nuestro país pase a ser directamente monitorizada por la burocracia comunitaria. En Moncloa recuerdan que el Gobierno fue extraordinariamente sensible a las reclamaciones de los empresarios que solicitaban la supresión de la “enmienda Florentino”, aquella normativa impuesta por Zapatero para favorecer las aspiraciones del presidente de ACS, Florentino Pérez, en su frustrado afán por doblar el pulso a Ignacio Galán y tomar el mando de Iberdrola.

El Partido Popular corrió raudo y eliminó por las bravas una disposición que tenía por objeto poner fin a las limitaciones de los derechos políticos que mantienen en sus estatutos algunas sociedades cotizadas. Se trata de un mecanismo destinado a defender los intereses de los accionistas particulares y minoritarios ante la incursión de otros socios de postín que pretendan aprovechar una posición relativa en el capital para asegurarse el dominio total de los órganos de gobierno de una gran empresa. Con la regulación actualmente en vigor, quien quiera hacer saltar los blindajes de una compañía en Bolsa tendrá que efectuar una OPA por el 75% de sus acciones, una participación que deja fuera de toda duda el esfuerzo inversor del eventual comprador.

Los representantes de la troika que están supervisando todo el proceso de recapitalización bancaria no se conforman con atar en corto al sistema financiero y han empezado a hacerse los dedos huéspedes con la posibilidad de que nuestro país se convierta en la tierra de promisión de las grandes empresas multinacionales del norte de Europa; alemanas y francesas principalmente. Si el Gobierno claudica con un nuevo rescate tendrá que asumir otro memorándum de entendimiento en el que será muy complicado que el ministro Luis de Guindos pueda levantar barricadas contra la entrada de capital foráneo en las principales entidades del país. Un país que pide socorro financiero no debería de poner inconveniente a los inversores extranjeros más avezados y esa es una amenaza que pende como una espada de Damocles sobre la cultura, hábitos y actuaciones seculares del llamado buen gobierno corporativo en España.

Las entidades de crédito serían las víctimas propiciatorias de las ínfulas colonizadoras que despierta el rescate de la deuda soberana. La gran banca extranjera es consciente de que la oportunidad la pintan calva si España entra al trapo, y esta vez la apuesta puede ser a la grande porque no conviene olvidar que los socios de referencia de nuestras entidades sistémicas mantienen el trono de sus bancos con muy parcas posiciones de capital.

Entre las empresas no financieras ocurre tres cuartos de lo mismo porque los núcleos duros de accionistas están soportados precisamente con el respaldo de los blindajes estatutarios. Son los casos de Telefónica e Iberdrola, que se negaron a aplicar la citada “enmienda Florentino”, algo que sí hicieron Repsol y el Banco Popular con motivo de sus últimas juntas generales de accionistas. Unos y otros tienen ahora motivos para preocuparse si es que Rajoy sucumbe finalmente a los cantos de sirena y Europa, entre las muchas condiciones del rescate, incluye una de esas ofertas envenenadas que el Gobierno no podrá rechazar. 

Economía
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