Jarro de agua fría del fiscal general: no cree que las preferentes fueran una “estafa”

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reconoció este miércoles que es "difícil" establecer que hubo "un negocio de estafa" en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil. Una afirmación que supone todo un jarro de agua fría para los miles de afectados en toda España.

Torres-Dulce sólo admitió que se pueden considerar "excepciones" en situaciones "concretas", y ha indicado concretamente casos publicados en los que la firma fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información, según informa Ep.

"Esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal", señaló Torres-Dulce, quien añadió que "es difícil establecer que un producto financiero con ese nivel de relación -ha indicado refiriéndose a los contratos civiles- pueda entenderse como un negocio de estafa".

Preguntado el fiscal general del Estado por las posibilidades de que los perjudicados perciban su dinero, indicó que "no todo es el derecho penal" y que también queda la vía civil. Asimismo, ha respaldado el arbitraje y ha insistido en que defenderá "cualquier elemento para que los inversores privados puedan recuperar el dinero".

Sobre el recurso de la Fiscalía Superior de Galicia al auto del juzgado que acepta, de su demanda colectiva, las acciones de cesación de este tipo de contratos, pero rechaza la nulidad de los firmados y el resarcimiento de los perjudicados, admitió que la legislación solo otorga a la Fiscalía "las acciones de cesación".

Sin embargo, señaló que con el planteamiento de la Fiscalía Superior de Galicia se ha buscado "intentar explorar alguna posibilidad más" en beneficio de los "intereses sociales", apuntó en referencia a la situación de los afectados por las preferentes.