Salgado, Aído, Pajín… ya no podrían cobrar por ser exministras y trabajar a la vez

La tijera llega a la élite de la casta política. Con letra pequeña, pero algún recorte ha caído sobre sus espaldas. El consejo de ministros celebrado ayer viernes, entre otras muchas de las medidas que aprobó, hizo un aparte para las cesantías, concepto bajo el que se recoge las indemnizaciones por el 80% del sueldo que los altos cargos de la administración, es decir, ministros, secretarios de Estado y equivalentes en rango, reciben durante los dos años posteriores tras abandonar el cargo.

Dentro del programa para ahorrar 65.000 millones de euros, la eliminación de la cesantía tiene más de estético que de efectivo, aunque todo suma y más de cara a trasladar a la ciudadanía que los políticos también pierden parte de sus privilegios. Aunque este beneficio económico no es el principal de los ingresos y complementos de cúspide del Gobierno, si han provocado situaciones de crítica social cuando algún exministro ha conseguido algún buen trabajo al poco de dejar el poder.

La eliminación de la cesantía está sujeta a condiciones. Es decir, los exministros y exsecretarios de Estado no podrán tener derecho al cobro de esta indemnización siempre siempre y cuando cuenten con otra actividad retribuida, pública o privada, durante el periodo de dos años al que tienen derecho. Tras la victoria del PP, todos los miembros del último gabinete socialista de José Luis Rodríguez Zapatero representan un coste global en virtud de la cesantía de más de 4,3 millones de euros.

El espíritu de esta indemnización es compensar a los altos cargos que, por los conflictos de interés que hayan podido generar al frente de la labor pública, tienen limitado su acceso al mercado laboral durante un periodo de dos años. Sin embargo, en la práctica, son conocidos los casos en que exministros de distinto partido y condición pasan a estar a sueldo de grandes corporaciones en menos de 24 meses, sin que la Oficina de Conflicto de Interés se pronuncie en contra. 

Con la entrada en vigor de esta modificación, algunos de los polémicos y recientes fichajes de exministros habrían impedido mantener la retribución pública. Así sería, por ejemplo, con la extitular de Economía, Elena Salgado, que consiguió dos consejos de administración, una filial de Endesa y otra de Abertis, a los cinco meses de salir del Gobierno. Su caso, por el contexto de crisis existente y por pura cuestión estética, fue sonado, aunque recibió el visto bueno para cobrar su indemnización pública durante dos años.

El suyo no sería el único caso que no podrá darse a partir de ahora. Las exministras socialistas Leire Pajín y Bibiana Aído, por recurrir a dos ejemplos de altos cargos que han anunciado hace solo unos días sus nuevos destinos profesionales en sendos organismos internacionales, podrán sumar a sus futuros salarios el importe correspondiente a la cesantía, pago al que la extitular de Sanidad ya sumaba hasta ahora su asignación como diputada del PSOE por Alicante.

Otros muchos exministros, en este caso socialistas por ser el último equipo de gobierno saliente, compaginan en la actualidad esas indemnizaciones con el sueldo correspondiente de diputado, como es el caso de Manuel Chaves, José Antonio Alonso, Antonio Camacho… No es el caso del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la semana pasada anunció que renunciaba al cobro de su indemnización por recibir otro sueldo con cargo al erario público.

En la mayoría de los casos, la élite política termina en nómina de importantes multinacionales, aunque suele ser fuera de los plazos sujetos a revisión según la última reforma de la cesantía. Con el paso del tiempo, es habitual encontrarse a políticos de la talla de José María Aznar, Felipe González, Pedro Solbes, Eduardo Zaplana, Rafael Arias-Salgado o Ángel Acebes como consejeros de grandes corporaciones. Todo porque probablemente lo de menos son los dos años.