Economía encarga la auditoria de Novagalicia a KPMG, la firma que validó la fusión

El Ministerio de Economía quiere cerrar cuanto antes la reestructuración del sector bancario español, el principal tumor de una economía española con escasos latidos de solvencia. Sin embargo, esas prisas provocan decisiones cuanto menos llamativas. Una de ellas es que el Banco de España ha encargado la auditoria de Novagalicia a KPMG, la firma que en su día fue contratada por la Xunta de Galicia para validar la fallida fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

 

KPMG recibió el encargo de Alberto Núñez Feijoo de realizar el informe que serviría para autorizar la unión de la caja de La Coruña y la de Vigo. Un documento de gran calado porque con él se certificaba la creación del gran banco gallego, una integración a la que se había opuesto el Banco de España, más favorable a que Caixa Galicia se casara con la antigua Caja Madrid.

 

Por ese trabajo, realizado en tiempo récord, KPMG recibió cerca de un millón de euros. El informe de la firma concluyó que la fusión era "solvente, garantiza la galleguidad y está avalada técnicamente", tal y como afirmó en enero de 2010 la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, hoy secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

KPMG estimó que unión de las dos entidades gallegas "daría beneficios desde el primer año" y que provocaría unos costes de reestructuración de 485 millones de euros, que se amortizarían en 2013, pues las sinergias generarían 120 millones netos cada año. Además, conllevaría la pérdida de casi 1.300 empleos y el cierre de 280 oficinas. Todo ello con una inyección de capital público de 1.190 millones de euros.

 

La nueva entidad sería, por volumen de activos, la quinta entre las cajas españolas (teniendo en cuenta los procesos de integración en marcha en ese momento), con 77.000 millones de euros, lo que, en palabras de Fernández Currás, un "tamaño suficiente" para el contexto futuro, afirmó Fernández Currás.

 

Tres meses más tarde, el Banco de España certificó, en presencia de la conselleira de Facenda y de directivos de Caixa Galicia y Caixanova, que el proyecto financiero para la fusión de ambas entidades también era viable, con una aportación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de 1.162 millones. La fusión se ejecutó en diciembre de 2010, con el reparto de significativos sueldos y pensiones para los principales directivos, la mayoría de los cuales dimitieron en septiembre de 2011, tres semanas antes de que el Estado tuviera que nacionalizar la entidad con un rescate de 2.465 millones de euros.

 

Ahora, KPMG, el mismo que visó la fusión, es el encargado de concretar ahora cuánto dinero extra necesita el banco presidido por José María Castellano para cumplir con los requisitos de provisiones incluidos en los dos últimos reales decretos. Su trabajo, por el que se desconoce lo que va a cobrar, debe estar finalizado el próximo 31 de julio, fecha límite para saber qué préstamo le tiene que conceder Bruselas a la entidad pública.

 

KPMG ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información. No obstante, otras fuentes indican que la responsabilidad de no haber advertido de los agujeros patrimoniales de Novagalicia no solo descansaba sobre esta firma. Al más análisis también contribuyeron los informes posteriores de Pricewaterhouse y Deloitte, auditores de las dos cajas.