El Gobierno pretende obtener mucho más de 2.500 millones con la amnistía fiscal

La amnistía fiscal anunciada ayer por el Gobierno pretende recaudar mucho más de los 2.500 millones anunciados ayer; un magro premio para el coste social y político de una medida tan polémica. Su objetivo es obtener unos ingresos mucho mayores a largo plazo y, además, ayudar a la recuperación económica con la vuelta al sistema de ese dinero oculto.

Como es sabido, la medida estrella del Gobierno para incrementar los ingresos del Estado es una amnistía fiscal por la que podrá aflorarse el dinero oculto a Hacienda tanto dentro como fuera de España con un pago único del 10% de su importe; sin sanciones, ni intereses de demora, ni delito fiscal. Aparte, ha ofrecido a las empresas con filiales en paraísos fiscales repatriar sus beneficios pagando sólo un 8%.

El objetivo del Gobierno es aflorar más de 25.000 millones, lo que supondría unos ingresos para el Estado de 2.500. Pero en realidad espera obtener mucho más. "Lo importante es que, al regularizar, ese patrimonio ya está controlado y podrás gravar las rentas futuras que genere invirtiéndose. Y se gravarán ya al tipo normal, no al excepcional del 10%. Ese efecto inducido es muy superior a la recaudación que va a obtener la pura regularización", explica un experto fiscalista.

Pero además, ese dinero estaba aparcado en paraísos fiscales o bien oculto en España para que no lo detectara Hacienda. Al volver al sistema, se supone que una parte se destinará a consumo o inversión, lo que puede ayudar a impulsar la recuperación que tanto necesita la deprimida economía española. Finalmente, el Gobierno se ha decantado por el mal menor: entre que paguen pocos impuestos y que no paguen nada, ha preferido lo segundo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que es una medida extraordinaria que tiene que tomar aunque no le guste, porque "lo que hay que hacer es aumentar los ingresos sin elevar los impuestos indirectos que perjudican al conjunto de los ciudadanos". Asimismo, recordó que se ha hecho en otras ocasiones en España -la última la promovió realizó Carlos Solchaga en 1991- y que se ha adoptado en el transcurso de la crisis actual en países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia.

Además, el ministro invitó a los defraudadores con dinero negro a aprovechar la oportunidad: "Sólo les digo que ahí está y que se utilice lo más pronto posible, porque no se volverá a presentar una ventana así". Esta amnistía estará acompañada de un nuevo plan de lucha contra el fraude, que se presentará en el próximo Consejo de Ministros. Con ambas medidas, pretende que “el incumplidor con Hacienda sea una clase a extinguir”. Además, esta regularización será confidencial.

Duras críticas de los inspectores y el PSOE

Las reacciones no se han hecho esperar. Los inspectores y técnicos de Hacienda han puesto el grito en el cielo. Los primeros consideran la amnistía injusta y opuesta al artículo 31 de la Constitución. Los segundos afirman que la amnistía "enjuagará' fraudes millonarios a precio de saldo".

Al PSOE le ha faltado también tiempo para atacar una medida que Zapatero se negó a tomar en varias ocasiones. Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria de Economía del PSOE dijo que "en vez de imponer un impuesto a las grandes fortunas, el PP se las baja". Y ha añadido que "a los que pagan los impuestos se los suben, y a los que defraudan se los bajan"