Rajoy recupera el plan del PSOE para recortar 440 empresas públicas de las CCAA

El Gobierno ya tiene clara su hoja de ruta para reestructurar el sector público empresarial. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro hoy que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69.

“Por lo que se refiere a la ejecución real de las reestructuraciones previstas, de acuerdo con la información contenida en el Inventario de Entes, la disponible en el Registro Mercantil o, en su caso, el Registro de Fundaciones, así como la correspondiente legislación y publicaciones oficiales, a fecha 1 de julio de 2011 se han materializado 100 de las bajas previstas y 31 altas, por lo que el efecto neto es de una reducción de 69 entes, que supone un 13,4% de la reducción total prevista (514)”, reza el último Informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico, publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los números demuestran que las autonomías se han limitado a dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 22 de marzo de hace dos años. Por ejemplo, Andalucía contaba con 377 empresas a 1 de julio de 2010. Un año después, seguía registrando la friolera de 372, apenas cinco menos pese al compromiso de eliminar 111. Cataluña, que anticipaba rebajar los entes en 67, doce meses después sólo ha suprimido dos. Se queda en 454 como la autonomía que más tiene. En casos como el de Asturias, Hacienda simplemente subraya que “no se ha tenido conocimiento de ninguna medida concreta en relación con las empresas públicas del Principado”.

Más de 4.000 empresas para ‘ocultar’ déficit

Sáenz de Santamaría aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el cónclave ha estudiado un informe del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el “redimensionamiento” del sector público empresarial. Según los datos que maneja el Gobierno a través de la Intervención General del Estado (Igae), existe un entramado de más de 4.000 entes al cobijo de las administraciones autonómicas y locales. “Es una tarea compartida con las comunidades autónomas”, subrayó la vicepresidenta. También se revisarán los organismos dependientes de los diferentes ministerios. El Ejecutivo tiene previsto abordar la cuestión en un Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el mes de enero.

Como publicó El Confidencial, Mariano Rajoy se plantea una poda a conciencia del sector público empresarial y fundacional. Y quiere tener datos sobre la mesa. Los ejecutivos regionales llevan años creando empresas y fundaciones para intervenir en sectores económicos que consideraban clave, una vía utilizada en muchas ocasiones para ocultar el déficit público que generaban con esas inversiones a la contabilidad nacional. El acuerdo de marzo de 2010 concedía tres meses a las autonomías para presentar planes de racionalización y eficiencia del gasto público. El problema es que esos planes no han tenido de momento un efecto práctico. Por ejemplo, Aragón dejaba la supresión de sus empresas excedentarias para 2012.

“El proceso de reordenación del sector público de Aragón se inició en cuanto a su organización a finales de 2007”, explica el último informe de Hacienda. Sin embargo, hubo que esperar al 29 de noviembre de 2011 para que se aprobara “el plan de reestructuración del sector público empresarial aragonés, mediante el cual se pasará de 103 entidades a un total de 35 empresas, con una reducción neta de 68 unidades”. Un esfuerzo por ahora nominal, ya que “la reducción de entidades del sector público empresarial se llevará a cabo en el ejercicio 2012”.

La cifra de organismos dependientes de los gobiernos autonómicos aún se eleva si se tienen en cuenta que el País Vasco queda fuera del inventario y que Hacienda no incluye aquellos en los que participan varias comunidades, un total de 40. Del mismo modo, Ceuta y Melilla aportarían otros 32 entes. Con esas incorporaciones, la cifra total que maneja el Ministerio es de 2.431. Eso sin contar los dependientes de los diferentes municipios, que también caen bajo el radar del nuevo gabinete. La previsión existente en 2010 era la baja de 595 entidades y el alta de 81, cifra esta última procedente de la fusión de sociedades. Todavía quedarían 1.845 tras la reducción en 514, más el nuevo ajuste que plantee el departamento de Montoro a la vista de los datos.