Traición en Somosaguas: los hijos de Ruiz Mateos liquidan a los empleados fieles al padre

Ruido de sables en Alondra 2. La mansión que sirve de cuartel general de la familia Ruiz-Mateos desde hace décadas se ha convertido en foco de atención en la elitista urbanización de Somosaguas, ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Los hijos varones, responsables de las decisiones conjuntas del clan, han liquidado a casi todo el personal de confianza del patriarca, el núcleo duro que ha acompañado al empresario jerezano durante décadas. Despidos por la vía rápida, de un día para otro, sin el pago de las correspondientes indemnizaciones que, en algunos casos, superan los cientos de miles de euros.

Tras toda una vida profesional al servicio del holding de la abeja, directivos y empleados se han ido con una mano delante y otra detrás. “Nos han dicho que no había dinero para pagarnos, pero ellos siguen con sus casas, sus coches, sus asistentas, sus nanys y los colegios de los niños a mil euros el mes, manteniendo su tren de vida”, asegura uno de los extrabajadores, que han visto como algunos de sus puestos han sido sustituidos por “amigos de los hijos con sueldos muy generosos”. Por el contrario, desde la familia señalan que la situación es crítica y que han tenido que dejar de pagar hasta las hipotecas de sus propias casas.

Los hijos de Ruiz-Mateos no han hecho excepciones ni con los trabajadores que formaron parte de la primera Rumasa. Tampoco han tenido reparos en deshacerse de cargos de máxima confianza y de responsabilidad, como los auditores internos, que reportaban directamente a la familia. Ni siquiera con el personal más allegado, como la secretaria personal del padre durante décadas, que durante los últimos años asumió la dirección de recursos humanos del grupo. Liquidación global salvo el número imprescindible de gente para poder seguir activos desde la nueva sede de la calle Ciervo, también en la lujosa zona de Somosaguas.

Durante los años de aparente bonanza, entre servicios centrales y colaboradores, Nueva Rumasa llegó a tener cerca de 180 empleados. Las principales sedes estaban en Madrid: la ubicada en la calle Diego de León 55, sede del banquito en la capital; la de Avenida de Pablo Iglesias, desde donde se gestionaban las emisiones públicas de pagarés; y la familiar de Somosaguas. Una estructura que dejó de funcionar desde el pasado mes de febrero, tras la caída del grupo de empresas. Desde entonces, los despidos se han ido produciendo de forma escalonada, después de que algunos trabajadores cobraran sus nóminas con hasta cuatro meses de retraso.

El enfrentamiento más sonado entre los hijos de Ruiz Mateos y el núcleo duro de Nueva Rumasa tiene como protagonista a Joaquín Yvancos, el que fuera jefe del área jurídica durante 27 años. Tras un intercambio de graves acusaciones, incluidas varias denuncias cruzadas en los tribunales, el letrado está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción en la investigación sobre los pagarés que instruye la Audiencia Nacional. El exabogado del clan sostiene que los hijos han apartado al padre, al que “están utilizando para cargarle las responsabilidades penales, pese a que las decisiones de los últimos años las tomaban ellos”, asegura a El Confidencial.

La parte contraria se defiende acusándolo de “extorsión”. De acuerdo con la versión de los hijos de Ruiz-Mateos, el que fuera su abogado les exigió tres millones de euros bajo amenaza de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción aportando la información personal y empresarial en su poder, así como las administraciones judiciales de los distintos concursos de acreedores en los que se encuentran las empresas. Además de denunciar ante el Colegio de Abogados la actuación del letrado, estos hechos se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón el pasado mes de noviembre, según la documentación consultada.

Sin trabajo y con juicios

Pero el conflicto no termina en este frente. Otros de los despedidos se han agrupado para actuar contra la familia Ruiz-Mateos por los despidos. En el caso de algunos, la situación se agrava, ya que parte de sus ahorros los depositaron en pagarés de Nueva Rumasa, arrastrando de paso a otros familiares. “El padre del chófer de don José María metió todos sus ahorros justo antes de que las empresas entraran en concurso”, declara una exempleada. Los veteranos despedidos cargan ahora con un lastre enorme. “¿Quién va a contratar a alguien cuando diga que ha trabajado para Rumasa?”, se pregunta uno a punto de perder su casa.

Según los testimonios recabados, la situación laboral de la plantilla habría incurrido en fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Muchos empleados reconocen haber cobrado regularmente una parte del sueldo en negro. Es el caso de un delegado regional de Nueva Rumasa: “He estado doce años sin alta en la Seguridad Social. Me pagaban en metálico, en mano o enviándome el sobre por Seur”. Después de captar 12 millones de euros para las emisiones de pagarés, su desesperación es total: “Ha sido una gran estafa de la que los comerciales no teníamos ni idea. Al final he encontrado más apoyo en quienes fueron mis clientes que en los Ruiz Mateos”.

Sólo un reducido grupo de los históricos queda vinculados a la familia, vacas sagradas como Manuel Sánchez Marín, el director de Administración del grupo, que aunque está jubilado, “sigue colaborando con ellos”, o como otros de los principales ejecutivos, caso de Adolfo Martitegui o Manuel Cambas, según varias de las fuentes consultadas. Otros, con trato preferencial, pudieron retirar su dinero de los pagarés a tiempo. El resto ha perdido su trabajo y una parte de su dinero. Sólo les queda la cita en los juzgados y la esperanza de que la familia haya guardado dinero en alguna parte.