Abelló defiende que su tributación es “manifiestamente legal”

Fuentes oficiales de Torreal, la sociedad inversora de Juan Abelló, desmienten cualquier trato de favor de índole fiscal hacia el financiero madrileño. Aseguran que el motivo por el cual la base imponible de las declaraciones de IRPF de Juan Abelló y su esposa, Ana Gamazo Hohenlohe, pasó en sólo un año de 750 millones de pesetas a menos de nueve es que “un año obtuvieron muchas plusvalías y otros no”. Es decir, es casualidad que hasta 1992 la base de IRPF superara los 700 millones de pesetas y a partir de ese año bajara a menos de diez millones (60.000 euros) tres ejercicios consecutivos.

Las mismas fuentes reconocen que lo declarado en IRPF por Abelló y su esposa no da para su tren de vida y que “muchos gastos van a las empresas, que es lo que hace todo el mundo”. Además, insisten en que “el informe tiene algunos datos erróneos y está tergiversado”. En el entorno legal del financiero admiten que, durante los años que denuncia el informe, Abelló y sus empresas no fueron inspeccionadas, pero inmediatamente después “sí fuimos sometidos a varias inspecciones fiscales, pero no hubo sanción porque en líneas generales estaba correcto, salvo algunas discrepancias en los criterios de valoración contable del tipo ‘este gasto no es deducible’, nada más”.

En lo que se refiere a las pérdidas millonarias en las empresas en España, desde Torreal lo justifican de este modo: “Aquí nos dedicamos a comprar y vender acciones de empresas. Las sociedades españolas soportan todos los gastos, como los de personal, mientras que las plusvalías de las ventas las tienes exentas o reducidas en un 99 por ciento (porque las acciones están en a nombre de sociedades radicadas en paraísos fiscales participadas por las firmas españolas). Es manifiestamente legal”.

Chantajeado con el informe de Hacienda

Desde el entorno de Abelló consideran que el informe pudo haber sido elaborado con la intención de “chantajear” al empresario. El financiero denunció que un editor, Juan Muñoz Bloise, le exigió veinte millones de pesetas a cambio de retirar el informe de la circulación. Éste fue detenido en una operación en la que también estaba implicado un ex cuñado de Abelló, Jesús Terrón. Muñoz Bloise ha asegurado a este diario que él se ofreció a “ayudar a Abelló para que el informe no apareciera en los medios y me dio una puñalada”. Por su parte, José Díaz-Rato, consejero de Abelló y hombre que lidió con Muñoz Bloise y con otro de los presuntos chantajistas, José Pozo, se muestra tajante: “Fue un chantaje en toda regla y los pinchazos telefónicos lo demuestran”. Más de diez años después, todavía no se ha abierto el juicio oral debido a los recursos que presentaron los imputados.

La Agencia Tributaria investigó la filtración del informe y concluyó que ningún miembro de la Unidad estaba implicado. El chantaje del que fue objeto Abelló lo convirtió en víctima en un proceso penal, mientras que el contenido del informe, basado en datos objetivos que manejaba Hacienda de las declaraciones del empresario y sus compañías, se diluía entre los muros de la Agencia Tributaria hasta su archivo definitivo. El último ejercicio fiscal denunciado, 1995, prescribió en el año 2000.