La CAM 'esconde' 5.000 millones de pérdidas que pagará el Estado

Semana decisiva para conocer el futuro de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Los finalistas tienen que presentar este jueves las ofertas vinculantes para hacerse con la entidad financiera. Sin embargo, la subasta no está resultando sencilla. A todos los problemas conocidos, hay que añadir unas pérdidas adicionales de unos 5.000 millones de euros que permanecían ocultas, según fuentes próximas a la operación.

La CAM tendrá que aflorar esos números rojos en los próximos diez años, periodo durante el cual el Estado se compromete a apuntarse las pérdidas esperadas no cubiertas por las provisiones realizadas hasta la fecha. Es lo que se conoce como Esquema de Protección de Activos (EPA), un paraguas sin el que la venta por parte del Ministerio de Economía sería inviable.

Fuentes cercanas al departamento que aún dirige Elena Salgado reducen esas pérdidas potenciales a unos 3.000 millones de euros, que era la pérdida mínima identificada justo tras la intervención, como adelantó  El Confidencial. Pero fuentes de tres de los siete finalistas de la subasta consideran que se trata de una estimación muy conservadora: “El agujero será mayor, seguro”, apuntan desde uno de los candidatos a hacerse con la CAM. Otro ratifica esa proyección de minusvalías, la mayor parte de las cuales irá contra las arcas del Estado.

A eso se ha comprometido el Banco de España en el cuaderno de venta que repartió a principios de septiembre y que se ha mantenido inalterado en lo que se refiere a esa materia. Porque el Banco de España encajará el 90% de las primeras pérdidas que afloren por el empeoramiento de la situación económica o por el aumento de los impagos. Escenarios más que probables a corto y medio plazo teniendo en cuenta la coyuntura general y la alta exposición al crédito promotor de la CAM. Conforme pasen los años, hasta un máximo de diez, el porcentaje disminuye.

Estas pérdidas son las que quedarían por dotar a pesar del enorme esfuerzo de provisiones contra recursos propios –unos 12.000 millones- realizado por la entidad en su proceso fallido de fusión con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura para formar el Banco Base. El enorme volumen de las mismas es el que provocó la ruptura de ese proyecto, a instancias de la entidad asturiana. 

Por tanto, la factura para el Estado de la intervención de la caja alicantina puede ascender a casi 8.000 millones de euros si se tiene en cuenta que desde el Ministerio se dan totalmente por perdidos los 2.800 millones de euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó en la entidad gobernada por el PP cuando la intervino de urgencia a finales de julio. “Ese dinero es irrecuperable”, admiten todas las partes.

Ofertas condicionadas

Precisamente, el compromiso del Banco de España de encajar las pérdidas futuras hace atractiva la puja por la CAM, ya que el comprador tendrá además avales del Estado para poder refinanciar los 24.000 millones que la institución tiene que renovar en los mercados. Se la quedará el que menos ayudas públicas solicite, decisión que adoptará Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Cabe la posibilidad que, teniendo en cuenta la situación actual de incertidumbre, se amplíe el plazo para presentar las ofertas vinculantes, opción que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, daría más tiempo a los finalistas –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Ibercaja, Barclays y JC Flowers- para conocer cuáles son los planes concretos del PP en relación a la segunda fase de la reestructuración bancaria. Por otra, podría tener un efecto perverso en la prima de riesgo de España al comprobar que el Estado no es capaz de vender ni una caja del tamaño de la CAM.

Los consejos de administración de algunos de los candidatos ya han aprobado presentar una oferta formal. Uno de ellos es Caixabank, que el pasado jueves dio su visto bueno a pujar por la entidad del Mediterráneo. Sin embargo, según varias fuentes, esa oferta final está condicionada a una serie de cláusulas que limitan y mucho el precio que la caja catalana está dispuesta a pagar.