Rubalcaba promete un 70% de 'electricidad limpia' tras asfixiar a la industria solar

“La contradicción es flagrante. Pudiendo hacer lo que dice que va a hacer, no lo ha hecho”, reflexionaban ayer desde una de las principales asociaciones fotovoltaicas. Horas antes, el aspirante socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, había dicho preferir el aire y el sol al uranio radioactivo, en apariencia más del gusto de Génova. De hecho, el PSOE hacía público un documento en el que trazaba su hoja de ruta energética: “Nuestra apuesta estratégica es acelerar el paso de las energías renovables con el objetivo de alcanzar el 70% de la electricidad de origen renovable en 2030”. Un mensaje que contrasta con el correctivo que su propio Gobierno ha infligido a la industria solar y eólica en la última legislatura.

“Lo que dice Rubalcaba es técnicamente posible. La UE tiene como objetivo que el 80% de la electricidad que consuma el continente en 2050 sea de origen renovable. Un planteamiento que obligará a un esfuerzo que abarca desde los molinos del Mar del Norte a los proyectos solares y termoeléctricos del Mediterráneo. En esta línea, la Agencia Internacional de la Energía estima que el 50% de la electricidad mundial en 2060 debería proceder de fuentes solares”, explican estas fuentes. Otra cosa es la voluntad política. “Ha tenido ocho años para promoverlo. Y en ese tiempo se han echado para atrás hasta tres textos de una Ley de Renovables. Ni siquiera ha llegado al Congreso. No tiene credibilidad”, remachan.

El propio Rubalcaba comparecía tras un Consejo de Ministros en noviembre de 2010 para anunciar drásticos recortes a las primas solares. En concreto, de un 45% para las instalaciones en suelo y de un 25% para las de techo. ¿Objetivo? Ahorrar 600 millones hasta 2013. El sector no dudo en calificar la medida de letal, además de denunciar su carácter retroactivo. La decisión provocó el desencuentro más llamativo del Ejecutivo con la industria fotovoltaica, escenificado en la demanda que 15 fondos internacionales afectados preparan contra el Estado español ante un tribunal de arbitraje internacional. Reclaman una cantidad próxima a los 400 millones de euros. Un escollo con el que tendrá que lidiar el próximo Gobierno.

La energía eólica, que había salido hasta ahora bien librada, ha vivido su particular calvario en las últimas semanas. Como publicó este diario, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, planteaba una nueva regulación para el sector a partir de 2013 con un recorte de las ayudas del 40% y una rebaja de 20 a 12 años del plazo en que las empresas podían recibirlas. Un cambio legal que ahogaba a las compañías y dinamitaba el mensaje verde de Rubalcaba. “¿Por qué acometer ahora algo que el Gobierno había evitado desde finales de 2008?”, se preguntaba uno de los afectados. “Es por esa contradicción por la que Rubalcaba ha obligado a Sebastián a meter el decreto eólico en un cajón”, presumen fuentes del sector.

Pymes que ya no se atreven a invertir

“Lo peor de todo es que el Gobierno no ha mantenido la estabilidad regulatoria cuando más relevante era para el sector –explica un promotor de parques fotovoltaicos-. Es ahora cuando los precios de las renovables, sobre todo los de la solar fotovoltaica, empiezan a ser competitivos. Con los cambios normativos, nadie se atreverá a invertir. Si acaso las grandes eléctricas, que controlan la eólica (70% de la potencia instalada está en sus manos) y la solar térmica. Quedan fuera las pymes, y todos sabemos que la activación económica y generación de empleo pasa por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”. Los socialistas estiman que el periodo 2012-2020 es “de transición hacia un futuro en el que las tecnologías renovables presenten costes medios inferiores a los costes de las tecnologías térmicas convencionales”.

En esta línea, el nuevo PSOE de Rubalcaba afirma en su programa que buscará establecer “una senda económicamente sostenible” para virar de las energías convencionales a las renovables y promete “un marco estable de apoyo a la inversión en energías renovables”. Toda una paradoja a tenor de la montaña rusa legislativa que ha sufrido el sector en la última legislatura. Y va más allá, en tanto garantiza que no se contemplará “ninguna forma de retroactividad en la aplicación de las correspondientes ayudas”. Remacha la oda con la promesa de cerrar las nucleares con un horizonte del año 2028 y promete un canon sobre las tecnologías ya maduras y amortizadas, como la hidroeléctrica y la propia nuclear. Cualquier esfuerzo es pequeño para "respaldar los avances en renovables”.

Claro que el programa del PP tampoco tranquiliza a las empresas. Su plan no puede ser más ambiguo, en tanto no contempla objetivo concreto alguno respecto al desarrollo de las energías limpias. Entre las medidas que plantea en su diseño de política energética, prevé reforzar “la coordinación entre administraciones en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de las energías renovables”. Sin dar más precisiones, añade que garantizará una “integración eficaz de estas energías en el sistema eléctrico, contribuyendo a reducir las emisiones e incrementar la independencia energética”. Todo al tiempo que promueve un marco legal que elimine el déficit tarifario y hace sostenible el sistema. Apenas una declaración de intenciones.