Sacyr se deshace de la sociedad que compartía con la ‘trama Malaya’

El Grupo Sacyr-Vallehermoso se ha deshecho del 20% de la sociedad Mola 15 S.L., investigada en las operaciones de blanqueo de Juan Antonio Roca, el cabecilla de la trama desarticulada con la operación Malaya. Según la información financiera de la compañía, la venta se produjo el 28 de junio de 2010, sólo tres meses antes de la apertura del juicio oral del caso de corrupción marbellí, que ya acumula trece meses de sesiones.

En realidad, Sacyr hizo un canje de sus acciones por una planta de un edificio, la cual ha sido puesta a la venta. Se trata de un inmueble emblemático de siete pisos en el corazón del madrileño barrio de Salamanca, en el número 15 de la calle Príncipe de Vergara –antes llamada General Mola-, donde Roca quiso instalar su residencia madrileña, pero fue detenido antes de escriturar la propiedad a nombre de una de sus empresas pantalla.

Sacyr y el resto de socios de Mola 15, entre ellos el Grupo 22, compraron el inmueble en 2003 por veintiún millones de euros a la familia propietaria. Las investigaciones del SEPBLAC llegaron a la conclusión de que Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella, hombre de la máxima confianza del fallecido Jesús Gil e imputado en la operación Malaya, era propietario de una parte de la mercantil y, por lo tanto, de una porción del edificio, a través de testaferros.

Entre los administradores de Mola 15 se encontraba el significativo “malayo”, Bruno Baumann, testaferro suizo que representaba a la sociedad Veram A.G., domiciliada en el país alpino, y que podría haber actuado en nombre de Pedro Román. En un auto del juzgado número cinco de Marbella aparece que Mola 15 vendió un inmueble a Veram A.G. por 1,8 millones de euros, pero en la Agencia Tributaria no se registró ningún pago “procedente de Suiza” ni tampoco “de cuentas españolas de no residentes”.

Según uno de los informes de la UDYCO incluidos en el sumario, Roca decidió en 2005 invertir parte de sus ganancias ilícitas en una vivienda de lujo en este edificio. Preparó la operación a través de varias empresas, entre ellas Folder Investment, que pertenecen a su trama opaca, pero la operación Malaya estalló y el cabecilla fue detenido en marzo de 2006, antes de que culminara la operación inmobiliaria.

La que iba a ser la lujosa vivienda de Roca para sus estancias en la capital terminó vendiéndose a una de las sociedades del Grupo Sacyr, Actividades Inmobiliarias Agrícolas. Según el sumario, se trataba de la quinta planta completa, dos pisos de 350 metros cuadrados cada uno que Roca quería unir. Los investigadores vieron indicios de que con esta operación el Grupo Sacyr podría haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes, aunque no hay ningún responsable del grupo promotor imputado.

La policía dio con este edificio en el que Roca y Román pretendían, presuntamente, blanquear varios millones de euros, gracias al testimonio judicial de Montserrat Corulla, la mujer que llevaba las inversiones del asesor urbanístico marbellí en Madrid. Corulla declaró el 28 de agosto de 2007 que “Pedro Román está rehabilitando un edificio en la calle Príncipe de Vergara”. Sacyr-Vallehermoso estaba representada en Mola 15 por el abogado Fernando Agulló Díaz-Varela, secretario del Consejo de Administración de Vallehermoso. Asegura a El Confidencial que “no sabíamos” que los socios de la promotora pudieran tener vinculaciones con actividades delictivas, pese a que Román ya era un personaje muy conocido por sus actividades irregulares con Jesús Gil.

Siguen con los “malayos” en Toledo

El grupo que entonces presidía Luis del Rivero, sí continúa presente en otra sociedad con ingredientes “malayos” y una más que polémica financiación de CCM. Se trata de la firma Puerta Oro de Toledo, de la que Sacyr es accionista, que posee una finca de unos tres millones de metros cuadrados (la mitad urbanizables) en el municipio de Bargas. Según las investigaciones del caso Malaya, Pedro Román aportó a esta sociedad 550.000 euros. Entre los accionistas también aparece Juan María López Álvarez, que ha testificado en el caso Malaya por sus vinculaciones con Roca y Román y que también ha estado en el negocio del edificio de Mola 15.

En marzo de 2005 Caja Castilla La Mancha concedió a los promotores un crédito de treinta millones de euros para la compra del terreno. Medio Ambiente calificó el proyecto como “inviable” y la Caja renovó el crédito en 2007, pese a que no se había pagado cuota alguna. Lo más llamativo es que en 2009, sólo unos días antes de que el Banco de España interviniera la caja, CCM volvió a renovar el préstamo.