La eurozona toma el pulso a la crisis en Grecia

Los ministros de Finanzas de la zona del euro tomarán hoy en la reunión del Eurogrupo el pulso a la crisis en Grecia e intentarán dar los últimos retoques al segundo plan de rescate a sabiendas de que las dos próximas semanas serán clave.

Los titulares de Finanzas de la eurozona no decidirán el lunes sobre el desbloqueo del sexto tramo de ayuda a Grecia, que asciende a 8.000 millones de euros, porque los inspectores de la "troika" -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- aún no han concluido su trabajo en Atenas y quedan por afinar importantes detalles del segundo plan de rescate.

Los principales puntos son cerrar la participación del sector privado y la exigencia finlandesa de que Grecia le dé garantías a cambio de su contribución en el rescate. Una solución está próxima, según fuentes diplomáticas.

La eurozona también debe concluir el proceso de ratificación de la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) con los últimos votos en los parlamentos de Holanda, Eslovaquia y Malta, y concretar los aspectos técnicos de los nuevos poderes de ese instrumento para que pueda atajar la crisis de la deuda a través de acciones preventivas, créditos a países con problemas para recapitalizar bancos e intervenciones en el mercado secundario.

La Comisión Europea espera que el proceso de ratificación del FEEF concluya a mediados de octubre, a tiempo para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno los días 17 y 18 de este mes.

Previamente, el Eurogrupo se reunirá de forma extraordinaria, probablemente el día 13 y mediante conferencia telefónica, para desbloquear el sexto tramo de ayuda a Grecia.

El mismo día 18 habrá además una cita de los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona al margen del Consejo Europeo.

En los últimos días, el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, se ha entrevistado con varios líderes, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para convencerles de su determinación de llevar a buen término los ajustes acordados.

Las consultas que se están produciendo de cara a esas citas claves incluyen un viaje el miércoles de Merkel a Bruselas y un nuevo encuentro en los próximos días entre ella y Sarkozy en Berlín.

En la reunión del Eurogrupo del lunes, no se prevé, a priori, un debate sobre la posibilidad de apalancar el FEEF para aprovechar mejor su capacidad de préstamos de 440.000 millones de euros sin tener que aumentar las garantías de los países de la eurozona.

Ante el agravamiento de la crisis, analistas y varios pesos pesados de la eurozona reconocen que el FEEF no bastará para socorrer a una gran economía como la italiana o la española Hay varias opciones que se están barajando, como convertir el fondo en un banco, lo que le permitiría prestar dinero al Banco Central Europeo o garantizar pérdidas de hasta un 20 % sobre deudas soberanas en lugar de comprarlas directamente, entre otras.

Así las cosas, el Eurogrupo tiene el lunes una agenda complicada, pero también el martes, cuando se reúne el Ecofin y los ministros de Finanzas de la Unión Europea mantendrán conversaciones importantes.

El Ecofin aprobará la reforma de la gobernanza económica, un paquete de seis medidas que prevé sanciones para los países que incumplen los objetivos de déficit y de deuda pero también para aquellos Estados con graves desequilibrios macroeconómicos.

También debatirán sobre la conveniencia de revisar la decisión de octubre de 2009 de poner fin a las medidas de estímulo y adoptar medidas de disciplina presupuestaria y de consolidación fiscal.

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, considera que aún no hay margen para nuevos estímulos, ignorando así las presiones de EEUU, pero hay países, entre ellos España, que están a favor de encontrar un equilibrio adecuado.

El Ecofin quiere además adoptar una postura común sobre la futura regulación del mercado de los derivados negociados en mercados no organizados para incrementar la transparencia y la supervisión, pero el Reino Unido, donde se desarrollan más de las tres cuartas partes de todas las transacciones de derivados de Europa, se opone.