El pacto nacional para desarrollar la Ley de Cajas quiebra en Andalucía por la guerra PSOE-PP

El consenso en el que a nivel nacional se apoyó la nueva legislación sobre las cajas de ahorro se ha quebrado en Andalucía. El Gobierno de Griñán está elaborando un decreto con el que se pretende adaptar la legislación autonómica a la nueva Ley de Cajas, y el presidente regional del PP, Javier Arenas, ya advierte de lo que puede ser una maniobra del PSOE para amarrar su poder político en las entidades mediante un golpe de mano y a espaldas de la oposición, a pesar de que el consejero Economía, Antonio Ávila, dice estar dispuesto a recibir propuestas.

Una de las claves de la nueva legislación sobre las cajas de ahorro está en la progresiva despolitización de estas entidades, sometidas hasta ahora a un control partidario que en muchos casos ha derivado en graves problemas de gestión. En Andalucía, sin embargo, los últimos movimientos que se han producido en este sentido distan mucho de esa necesaria despolitización a la que supuestamente aspira la nueva ley.

El principal ejemplo de esta contradicción está en el hecho de que entre los consejeros nombrados por la antigua Cajasol para conformar los órganos rectores de Banca Cívica se encuentre Petronila Guerrero, ex presidenta regional del PSOE, presidenta de la Diputación de Huelva e incluso candidata a la Alcaldía de esta capital andaluza. La figura de Petronila Guerrero, ex vicepresidenta ejecutiva de Cajasol, ya mereció duras críticas de Javier Arenas en sede parlamentaria, situándola como ejemplo de lo que es la contaminación partidaria de una institución financiera de fuerte proyección social.

Un decreto para un fiasco

El decreto que prepara la Junta trata de adaptar la legislación autónoma en materia de cajas de ahorro a la nueva legislación nacional. Sin embargo, los procedentes que hasta ahora se tienen en Andalucía sobre modificaciones en este plano son poco ejemplares. El último decreto con el que se modificó la Ley de Cajas de Andalucía de 1999 se aprobó hace dos años. Con esta medida se trató de despejar el camino de la fusión prevista entonces entre Unicaja y Cajasur, facilitando así la presencia que el Cabildo de Córdoba demandaba en la futura caja resultante.

La fusión Uicaja-Cajasur derivó en un fiasco que echó por tierra la política de la Junta en materia financiera, apoyada en la idea de un sistema financiero andaluz fuerte en el que Unicaja y Cajasol serían los dos polos en los que se sustentaría, con una fusión posterior y definitiva entre estas entidades.

A estas alturas, el panorama que ha dibujado la realidad impuesta por la situación de las cajas de ahorro es muy distinto al que el Gobierno de Griñán auspiciaba. Es más, el propio decreto de 2009 recogía la posibilidad de fusiones de cajas andaluzas con otras entidades extracomunitarias, resolviendo así otro debate abierto en el seno del PSOE en el que, según la conveniencia, marcada siempre por el poder de Unicaja, se inclinaba la balanza hacia fusiones internas o externas de las cajas andaluzas.

El decreto que ahora se quiere elaborar es obligado por la nueva configuración del sistema de cajas en España a partir de las fusiones ya en marcha. Sin embargo, el ambiente político en Andalucía no está para muchos pactos. La dura batalla abierta entre el PSOE y el partido de Javier Arenas por las denuncias de este último sobre casos de presunta corrupción y la respuesta socialista, manipulando incluso la figura del prestigioso jurista Manuel Olivencia contra el líder del PP, han convertido la comunidad autónoma en un polvorín poco propicio para el necesario estado de consenso que los partidos mayoritarios han conseguido a nivel nacional en esta materia.