GUERRA ABIERTA ENTRE ELÉCTRICAS Y MINERAS

Victorino Alonso ultima otro ERE que afectaría a más de 1.200 mineros

El empresario Victorino Alonso ultima la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 1.200 trabajadores vinculados con su emporio

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Victorino Alonso ultima otro ERE que afectaría a más de 1.200 mineros
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El empresario Victorino Alonso ultima la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 1.200 trabajadores vinculados con su emporio minero, especialmente en la provincia de León. El grupo alega problemas de tesorería debido a la paralización del Real Decreto que incentiva la utilización del carbón español. El polémico terrateniente presentó recientemente trece expedientes de regulación de empleo que afectan a más de 580 trabajadores de minas a cielo abierto en Asturias, Castilla y León.

La duración de los ERES es por un periodo de 6 meses. Durante dicho plazo los trabajadores cobrarán su sueldo a cuenta del Estado. El resto del sector también amenaza con seguir sus pasos: “Estamos asfixiaos. Si para estar muerto tiene que oler, muy difícil lo ponemos”, declaraba Manuel Lamelas Vitoria, presidente del grupo minero Vitoria.

IU de Castilla y León ha calificado de “escandaloso” la actitud de Alonso al utilizar a los mineros en su propio beneficio, y el sindicato Comisiones Obreras ha anunciado que rechazará el ERE. Asimismo, los más críticos acusan a Alonso de cerrar sus minas sin consensuar el expediente con los comités de empresa. También denuncian la presión ejercida ante el Gobierno para que entre en vigor el Real Decreto, bloqueado por un período incierto, dos meses como mínimo.

Los “gravísimos problemas de liquidez” son la causa principal que alega el empresario minero, debido a la falta de ventas desde el pasado mes de marzo. Asimismo los suministradores de gasoil exigen efectuar los pagos con un vencimiento máximo de siete días y el terrateniente no puede hacer frente a sus deudas, según sus portavoces. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, propugna que el Gobierno debe asegurar que el decreto de ayudas al carbón autóctono se lleve a efecto pese a las “presiones” que plantean lo contrario. En este sentido, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apoya a las eléctricas, y se posiciona contra el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que defiende los intereses mineros.

Fracaso del ministro Sebastián

“La chapuza del ministro Sebastián respecto al decretazo del carbón es evidente”, apuntan los defensores de las eléctricas. “Las contradicciones de Zapatero por las energías renovables chocan con el consumo del carbón patrio, y se opone a la política europea de reducción de CO2 y de apuesta por las renovables”, aducen los ecologistas. El dilema de la cuestión reside en la lucha por los intereses de las centrales térmicas gallegas con procesos productivos de ciclo combinado frente a los intereses de los mineros que defienden la participación del carbón autóctono en el mix energético español, por razones de Estado.

Por otro lado, los mineros critican las subvenciones públicas concedidas a Endesa, Gas Natural-Fenosa e Iberdrola, empresas que interpusieron un recurso contra el decretazo ante el Tribunal de Justicia Europeo. La patronal del carbón informa que las eléctricas demandantes se embolsan en concepto de primas por el desarrollo de las energías renovables miles de millones de euros.

El presidente Rodríguez Zapatero alabó hace escasos días las primas al carbón nacional, alegando que los incentivos evitarían la pérdida de una “fuente de energía autóctona” y no supondrían ninguna “amenaza” para las centrales gallegas. El ministro Sebastián pretendía que la medida se comenzara a aplicar a principios de noviembre con un coste aproximado para el Estado español de 592 millones de euros hasta el cierre de 2011. Sea como fuere, la medida supone un retraso hasta que la corte luxemburguesa resuelva los recursos que interpusieron las eléctricas.

Entretanto, el Ministerio intentó convencer a los perjudicados de que la medida no provocaría la ruina de los ciclos combinados de gas. Algunas térmicas no descartan posibles cierres; el efecto multiplicativo podría afectar a más de 3.000 empleos, según los afectados, las mayores perjudicadas se encuentran en Galicia. La Xunta gallega ha amenazado con recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto. El ministro Sebastián propuso crear una comisión de trabajo pero no clarificó cómo compensaría a los damnificados.

El Ejecutivo comunitario había aprobado el pasado 29 de septiembre el plan español exigiendo como condición que el Gobierno no concediera más subvenciones después de 2014. La gran paradoja se centra en que uno de los principales objetivos del decreto es acabar con los excedentes de 10 millones de toneladas acumulados desde hace más de un año, al no haber podido competir con el carbón de importación. Ante las circunstancias, tanto la CNE como las eléctricas critican que el stock de carbón apenas se reducirá.

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