El clima de negocios es más hostil en España que en Armenia, Kirguizistán, Macedonia o Georgia

El Banco Mundial se obceca en constatar, año tras año, y de forma ininterrumpida desde 2004, al inicio de su primer mandato, la falta de talante reformista del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe Doing Business 2011 sitúa el clima español para hacer negocios en el puesto 49 de un barómetro que mide el grado de libertad empresarial de 183 economías a partir de nueve parámetros que determinan el exceso o el déficit de regulación con el que se topa el sector privado, cuyo dinamismo -“es decir, su facilidad para hacer inversiones, crear empleo y mejorar la productividad”- es el factor esencial para “promover el crecimiento” y generar riqueza, aclara el prefacio del estudio en su octava edición anual.

 

El pésimo peldaño de la clasificación española -que retrocede un puesto respecto del informe de 2010- sitúa a la novena economía mundial -medida en dólares, a precios de mercado, al término de 2009- por detrás de mercados aparentemente tan exóticos para los flujos de capital privados como los de varias ex repúblicas soviéticas (Armenia, país que la precede en esta ocasión,  Kirguizistán o Georgia), o yugoslavas: Macedonia. Pero también aparece a remolque de cinco economías latinoamericanas -México, Perú, Colombia, Chile y Puerto Rico, que tiene un tratamiento independiente de Estados Unidos en el informe-; de áreas emergentes de Europa del Este (Hungría, Eslovaquia, Eslovenia) o, incluso, de Islas Mauricio, que antecede a Sudáfrica como primera latitud africana en este indicador.

 

Singapur, Hong-Kong y Nueva Zelanda, pódium

 

El ránking del Banco Mundial, publicado ayer, está encabezado por Singapur, mercado al que sigue Hong-Kong, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. Después de analizar la meteorología de cada enclave estudiado y su benevolencia o adversidad para hacer negocios en función de ciertos criterios imprescindibles para que nazca el espíritu emprendedor. A saber: constitución de sociedades; procedimientos para la obtención de permisos de construcción; registro de la propiedad; obtención de créditos; protección a los inversores; pago de impuestos; comercio transfronterizo; cumplimiento de contratos y cierre de empresas. Y en todos ellos, evalúa su posición mundial, el número de procedimientos -generalmente, trámites burocráticos obligatorios- que exige cada bloque de análisis, y el coste, calculado como porcentaje de renta per capita para proporcionar un valor uniforme.   

 

Pero, ¿dónde se aprecian los talones de Aquiles de la economía española? Y, sobre todo, ¿por qué persiste su endémica situación a la cola del furgón europeo en libertad empresarial? Sin duda alguna, y a los ojos de los expertos del Banco Mundial, en la constitución de sociedades. Parámetro en el que España ocupa, nada menos, que el lugar 147, con diez procedimientos obligatorios, 47 días de media, un coste del 15,1% y un capital mínimo del 13,5% de la renta per capita.

 

Excesivos gastos registrales y municipales para crear empresa

 

Desglosado, los mayores gastos temporales -en días- que debe contemplar un emprendedor a la hora de formalizar su negocio en España son los aparejados al registro de su actividad -alta en el Registro Mercantil a la escritura pública de constitución de una compañía para su inscripción y legalización de los libros societarios- y la obtención de la licencia municipal para lograr el permiso de apertura del negocio a través del Departamento de Urbanismo del ayuntamiento en el que radique la firma. En total, 36 días. O 39 si se suma los entre 3 y 4 días que el estudio señala de media para la obtención de la certificación negativa de la denominación social por parte del Registro Mercantil.

 

El resto de trámites –apertura de cuenta bancaria a nombre de la compañía; garantía de escritura pública de constitución societaria ante notario, remisión de la declaración censal de inicio de actividad, pago de Transmisiones Patrimoniales, alta en la Seguridad Social y notificación a la Delegación de Trabajo e Industria- requiere un día.

 

Los otros dos nubarrones que se ciernen sobre el clima empresarial español son la protección a los inversores -en el que el Doing Business 2011 relega a España al puesto 93- donde se establece un indicador que evalúa aspectos como el acceso de los accionistas a información financiera o contable de la compañías, la responsabilidad de los altos directivos o los conflictos de intereses que pueden generar determinados negocios, por un lado. Y el pago de las obligaciones fiscales, donde ocupa el septuagésimo primer lugar, por otro. En este último apartado, se concluye que una empresa española debe realizar 8 obligaciones de impuestos distintos que le reportan 197 horas de gestión al año.

 

En especial, los trámites para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA y Sociedades. Con un coste total sobre los beneficios del 56,5%, trece puntos y medio por encima de la presión fiscal que soporta, de media, el sector privado de los treinta países miembros de la OCDE. A pesar de que el informe del Banco Mundial menciona a España entre el grupo de seis países europeos que han realizado progresos en los métodos de gestión y  pago telemático entre 2006 y 2009, lo que ha reducido el tiempo para la administración de las obligaciones fiscales al sector privado en trece días (101 horas al año).

 

Avances tenues en comercio y cierre de empresas

 

El informe también destaca, entre los escasos avances reformistas de España, las mejoras legislativas en materia de comercio transfronterizo. De hecho, la economía española está en el top-ten de mercados con una transformación legal más intensiva en esta materia. Sobre todo, por la drástica reducción de los documentos legales para el comercio exterior. De igual modo, obtiene el galardón reformista en los procedimientos para el cierre de empresas, donde los expertos de la institución multilateral resaltan los progresos legales en materia de quiebras y suspensiones de pagos. En concreto, en la legislación concursal que, “en 2009, rebajó el celo para la declaración de los procedimientos de bancarrota […] sobre los que se emplea un proceso menos costoso que el habitual, ya que sólo requiere una declaración de insolvencia administrativa”. Y avanzan cambios en la legislación laboral, de la que destacan, la ampliación de la protección a los desempleados y el decreto de reforma del mercado de trabajo.

 

El mensaje con el que el Banco Mundial quiere concienciar a las autoridades gubernamentales para acometer cambios de calado en favor de un mejor clima empresarial, resulta claro. “Entre junio de 2009 y mayo de 2010, gobiernos de 117 economías pusieron en marcha 216 novedades legislativas que mejoran la regulación de las operaciones vinculadas al sector privado […] más de la mitad, dirigidas a potenciar el comercio, impulsar la creación de empresas y facilitar la gestión y el pago de impuestos”. Y, además, ilustrativo. Porque el top-ten de economías más reformistas lo protagonizan mercados emergentes o países en desarrollo de cuatro de los cinco continentes: Kazajistán, Ruanda, Perú, Vietnam, Cabo Verde, Tayikistán, Zambia, Hungría, Granada y Brunei.

 

Todo un aviso para navegantes… que se resisten a cambiar de rumbo. Porque los cambios, que se han propagado por todas las latitudes, se han concentrado tanto en los países en desarrollo -el 66% han acometido reformas de libertad de mercado en los últimos seis años-, como entre las potencias industrializadas. “De las 25 mayores, en 18 las facilidades para hacer negocios son mayores este año que el pasado”, alerta el Banco Mundial.