AMA versus Lozano: la teoría de la conspiración llega al sector del seguro

El caso AMA va camino de convertirse en toda una historia de amores, odios y venganza. Después de la dura Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, del pasado 12 de mayo, contra los órganos de gobierno de Agrupación Mutual Aseguradora, AMA, ésta ha decidido pasar al ataque.

 

Lo ha hecho en varias direcciones. Por una parte, solicitó la suspensión cautelar de la Resolución de Economía ante la Audiencia Nacional; por otra, pero no de forma única, interpuso una querella criminal -admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid- por los delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, contra cuatro personas: Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones; el antiguo subdirector general de Inspección de la DGSFP, Juan Pablo del Olmo, que cesó en el cargo el pasado 30 de septiembre; Francisco Javier Córdoba y su esposa, Rosa María Flores de Frutos, ésta como ex responsable del departamento de Auditoria Interna de AMA, que, según la querella, fue la encargada de filtrar documentación confidencial a Juan Pablo del Olmo, subdirector de Inspección.

 

El 13 de noviembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictaminó un auto, comunicado a las partes el pasado jueves 26 de noviembre, en el que se desestiman en parte las medidas de suspensión cautelar solicitadas por AMA contra la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, que instaba la separación, inhabilitación y suspensión temporal de los cargos del doctor Diego Murillo, actual presidente de AMA, así como de Manuel Campos Villarino, actual secretario del Consejo, y Manuel Sánchez García, antiguo secretario del Consejo.